Tegucigalpa. – En octubre de 2011, la sociedad hondureña se estremeció al conocer el asesinato de dos jóvenes estudiantes universitarios, Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda, respectivamente; ambos abatidos a manos de la policía que les torturó y ensañó su furia con los muchachos, truncando sus sueños y enlutando a dos honorables familias.
Sus madres, la ex rectora universitaria Julieta Castellanos y doña Aurora Pineda, impulsaron desde entonces, y no cejan en su misión, una lucha por depurar y reformar la policía nacional. No fue fácil y no lo es todavía, ellas, acompañadas de la sociedad orillaron al gobierno de entonces a anunciar que le entrarían a la depuración de un ente con décadas de podredumbre e impune frente al crimen del cual eran parte.
Las esperanzas se centraron en una comisión depuradora que inició su trabajando sacando, decían, “las manzanas podridas”, muchos de ellos se fueron con sus prestaciones, no fueron depurados, y en ese tamizaje se fueron policías buenos y policías malos. Los primeros meses fueron aciagos para los depuradores, recibían en sus oficinas a oficiales que les pumpuneaban los escritorios, les amenazaban e increpaban: a mi no me sacan, les gritaban.
La depuradora informaba con listados públicos sobre las primeras “depuraciones”, mismos que fueron languideciendo con el tiempo, tuvieron, desde los medios de prensa, un respaldo sin precedentes, pues se hicieron eco del clamor ciudadano del hartazgo frente a la impunidad policial. Pero como todo lo que huele a poder, tiene también sus ruiseñores, y algunos depuradores se engolosinaron con ello, crearon su elite de favoritos—que luego salieron salpicados en lavado de activos y otros ilícitos—y las críticas u observaciones de la prensa, les resultaron incómodas.
Sus esfuerzos sentaron bases para una transformación y reforma policial, pero ya los informes de expertos internacionales que habían diseñado y advertido una ruta para la depuración, indicaban que la misma tardaría en promedio más de 15 años. Los depuradores, a medida que fumigaban la institución y escuchaban los ruiseñores, fueron engullidos en el túnel de los halagos, mientras, en paralelo, los policías malos tejían sutiles redes para hacerles creer que “mandaban”, cuando eran ellos los que imponían finalmente muchas de sus reglas. Muchas bandas que operaban en forma articulada dentro de la institución fueron desmanteladas, pero algunas dejaron raíces, que hoy sacan a flote su pus nuevamente.
Modernas instalaciones policiales de capacitación y educación policial fueron inauguradas y estrenadas en la formación de la “nueva policía”, pero al salir las primeras oleadas, también salían las primeras capturas y acusaciones hechas por la fiscalía. Recuerdo que, en una posta de la zona norte, un mes antes habían cambiado a todos sus miembros, entraba la nueva generación, decían los depuradores, y solo bastaron un par de semanas para que el ministerio público los pillara en actos de extorsión con libreta en mano y montos por cobrar.
Desde ese momento, el pálpito ciudadano señalaba que la depuración seguía enfrentando una piel gruesa difícil de adelgazar. La Didadpol, responsable de vigilar y empujar la depuración como ente técnico, no la tiene fácil, sufre de una especie de orfandad—gubernamental y social—que amerita a estas alturas blindaje y protección a sus funciones para enrumbar y reenfocar el rumbo de la depuración policial.
Hoy nuevamente la depuración policial esta en el debate público. El crimen de una joven enfermera, Keyla Martínez, en una celda policial en Intibucá, el cual intentaron disfrazar de suicidio, los tiene otra vez en el ojo público de la indignación colectiva. Keyla fue asesinada por quienes están llamados a dar protección y seguridad.
Pero ya al cierre del 2020, la policía cerraba con una serie de capturas de muchos de sus miembros en muertes violentas de mujeres, crimen organizado y otros delitos. Más de una veintena de agentes y oficiales del orden han sido acusados, y el crimen de la joven enfermera es solo la gota que derramó el vaso para decirle al país y a sus autoridades: hay que entrar de lleno y a fondo en el tema de la depuración policial o lo poco que se ha logrado, hasta ahora, caerá como castillo de naipes, en una país degradado y salpicado por la corrupción y el crimen organizado.
Los buenos agentes y oficiales de policía, que los hay en esa institución, como en todas partes, deben ser identificados para que lideren una reforma profunda, que lleve a la policía nacional a ser un ente que genere confianza, credibilidad, certeza, pero sobre todo seguridad. La policía debe generar empatía con la sociedad y no miedo, muchos menos infundir terror, como parece ser el camino equivocado al que apuestan los malos policías y sus malas autoridades. Que el crimen de Keyla, sea el otro parte de aguas que amerita la depuración policial. Que la lucha de Julieta y doña Aurora, cobre nuevos bríos, con otros protagonistas pero con el horizonte claro: limpiar la pus y la impunidad policial.
