La determinación fue adoptada precisamente un día después que trascendiera en Honduras un informe de la Fundación Arcadia de Estados Unidos que revela la existencia de un esquema de corrupción que vincularía a altos personajes del gobierno del presidente Manuel Zelaya y directivos de telecomunicaciones para defraudar millones de dólares mensuales a la empresa telefónica hondureña Hondutel.
Sobre esta nueva información publicada en el diario El Universal de México, el fiscal contra la corrupción, Henry Salgado anunció que solicitará información a la fundación Arcadia y de ser necesario llamaría a declarar al ministro de la Presidencia Yani Rosenthal, quien es mencionado en el informe.
La Fiscalía General de la República emitió hoy martes un comunicado en el que señala que en cumplimiento a las leyes se abstiene de “divulgar información que atente contra las investigaciones”.
Además añade que el proceso de investigaciones se encuentra avanzado a partir de las denuncias interpuestas por los afectados, pero “debe respetar el estado de presunción de inocencia de aquellas personas naturales o jurídicas a quienes se les señale alguna responsabilidad de tipo penal”.
Apunta que en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, actualmente dirige y coordina todas las diligencias de investigación necesarias a fin de determinar la comisión o no de ilícitos penales relacionados con supuestas irregularidades en la explotación de servicios radiotelefónicos nacionales e internacionales.
El Ministerio Público agrega que realiza coordinaciones con otras agencias del Estado que también devienen en la obligación de investigar hechos como el conocido “tráfico gris de llamadas”, entre ellas, el Tribunal Superior de Cuentas y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
La portavoz del Ministerio Público, Lorena Cálix, informó que la determinación fue adoptada por el fiscal general, Leonidas Rosa Bautista, para no entorpecer las investigaciones que se realizan.
Por tal motivo, a partir de la fecha los periodistas no van a tener acceso a los fiscales especiales hasta que no se judicialice el caso y todo se va manejar mediante comunicados que se darán dados a conocer en el momento oportuno.
En el pasado, el Ministerio Público ha adoptado similar determinación cuando existe mucha presión de los medios de comunicación y la sociedad, tal como sucedió cuando se decretó en secretividad el caso del misterioso avión Grunmman, del cual todavía no existe un informe concluyente a pesar de todas las gestiones que se hicieron a nivel nacional e internacional.
