En un comunicado se indica que el programa será ejecutado a través de la Comisión Nacional de Reparación, que se instalará oficialmente en enero próximo.
El presidente Manuel Zelaya entregó el decreto de creación del programa a la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, al cumplirse ayer 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Mediante el programa de resarcimiento se podrán pagar indemnizaciones y aplicarse otros mecanismos de reparación individual o colectiva a víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos en Honduras en los años 80.
La Comisión será integrada por representantes del Gobierno y un experto independiente.
Al menos 184 personas fueron víctimas de desaparición forzada, entre otros hechos ocurridos en esa época, según un informe que presentó en 1993 el entonces Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (estatal) Leo Valladares.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado hondureño por algunos casos de desaparición forzada y ordenó el pago de indemnizaciones a los familiares de las víctimas, lo cual se viene cumpliendo.
La Comisión Nacional de Reparación diseñará y aplicará la política estatal encaminada a un resarcimiento integral de víctimas y sus familiares, y administrará los recursos destinados a indemnizaciones, que serán analizadas caso por caso, aunque la Presidencia no adelantó el monto de que dispondrá el nuevo organismo.
Zelaya reconoció que «Honduras está obligada no sólo a hacer estas reparaciones, sino a reconocer sus errores».
Dijo esperar que «nunca vuelva a repetirse» lo sucedido en los años 80, cuando las fuerzas de seguridad y «escuadrones de la muerte» reprimieron a dirigentes populares y militantes izquierdistas en el marco de la «guerra fría» en Centroamérica.
