El Poder Judicial indicó que a pesar de que el pasado 20 de noviembre le habían sido levantadas todas las medidas cautelares al ex gobernante (1998-2002), el Juzgado Penal de Hacienda revaloró su posición y decidió este viernes imponerlas nuevamente a petición de la Fiscalía de delitos económicos.
Ahora, Rodríguez deberá firmar en los tribunales cada 15 días, entregar su pasaporte y mantener un domicilio fijo, según un comunicado oficial.
Este caso se relaciona con presuntas irregularidades en los tratos con la empresa intermediaria de seguros londinense PWS International, que entre 1999 y 2002 supuestamente pagó 2,1 millones de dólares en sobornos a funcionarios del INS y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Según las investigaciones, una asociación ligada a Rodríguez y ubicada en Panamá presuntamente recibió parte de ese dinero.
Hasta 2005, PWS era la única empresa habilitada para colocar entre reaseguradoras una póliza que cubre todos los bienes del ICE, el monopolio estatal de telecomunicaciones y electricidad.
Según una carta enviada en febrero pasado por los abogados de PWS al departamento jurídico del INS, esa compañía realizó un total de 46 pagos a funcionarios y sociedades por 2,1 millones de dólares.
Entre estos pagos figura uno de 706.135 dólares hecho a la sociedad panameña Inversiones Denisse, presuntamente ligada al ex presidente Miguel Ángel Rodríguez.
El abogado defensor del ex mandatario, Rafael Gairaud, declaró a la prensa local que la nueva decisión es «inaudita», porque no existe ninguna razón para mantener medidas sobre Rodríguez y sobre todo, porque ya existía una decisión previa de eliminarlas.
Este es el segundo caso de corrupción en el que se ve involucrado Miguel Ángel Rodríguez, quien irá a juicio, en una fecha por definir, como imputado en el pago de sobornos de la empresa francesa de telecomunicaciones Alcatel por una licitación de telefonía celular durante su Gobierno.
