Pese a ello, las autoridades, por medio de Jim Hayes, director interino de la oficina encargada de las deportaciones, del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), negaron que el plan «Operación Salida Programada» haya sido un fracaso.
En una conferencia de prensa telefónica Hayes dijo que en paralelo a la aplicación del plan las autoridades detuvieron en las últimas tres semanas a 1.300 inmigrantes indocumentados.
El plan piloto fue puesto en marcha el 5 de agosto, con un costo de 41.000 dólares, en cinco ciudades: Santa Ana y San Diego, en California; Phoenix, en Arizona; Charlotte, en Carolina del Norte, y Chicago, en Illinois.
Las autoridades habían anunciado el programa como una alternativa para los inmigrantes clandestinos sin antecedentes penales que desearan salir voluntariamente del país y no quisieran correr el riesgo de ser detenidos y deportados a la fuerza.
Para Hayes, en todo caso, los resultados de este plan piloto solo confirman que «la forma más eficaz (…) de resguardar la seguridad del país es la aplicación de las leyes de inmigración».
Hayes explicó que el Gobierno cuenta con un total de 104 equipos dedicados a la detención de inmigrantes «fugitivos» y las autoridades preven arrestar a más indocumentados este año que en 2007, cuando se hicieron más de 30.000 detenciones por ese motivo.
El programa, que se anunció en medios de comunicación en español, no tuvo buena recepción entre grupos que abogan por una reforma migratoria integral.
Según Hayes, esos grupos, que no identificó, incluso aconsejaron a la gente a que no se inscribiera en el programa, porque -dijo- «lo que no les gusta es que se hagan cumplir las leyes».
La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) continuará cumpliendo con su obligación, establecida por el Congreso, de identificar, localizar y expulsar a los «extranjeros fugitivos», subrayó Hayes.
Entre los que se prestaron a ser deportados están un mexicano, dos guatemaltecos y un salvadoreño.
Algunos de ellos se presentaron a las autoridades con boleto de avión y pasaporte en mano, señaló Hayes.
Los ocho individuos que optaron por su salida voluntaria aún no lo han hecho, pero las autoridades de inmigración se trasladarán a los aeropuertos para verificar que abandonan el país.
Por ley, estas personas tendrán prohibida la entrada al país por un período de diez años, a menos que el Congreso modifique el sistema migratorio vigente.
