«La aplicación de medidas administrativas e instrumentos de política fiscal permitirían paliar en parte sus efectos», señaló el organismo regional de Naciones Unidas en su informe Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2007-2008.
Al respecto, la CEPAL señaló que los programas focalizados son más eficientes en el largo plazo, porque suponen un menor costo fiscal y evitan el sacrificio de otros programas públicos de alta prioridad, pero advierte que son más difíciles de implementar en el corto plazo.
En ese sentido, el organismo regional resaltó las medidas administrativas que algunos países de América Latina y el Caribe han implementado para atenuar el alza de los alimentos.
Destacó la implantación de cuotas o límites cuantitativos a las exportaciones, recientemente aplicado con el arroz en Brasil, y la carne vacuna y los cereales en Argentina y Bolivia.
Asimismo, nombró los acuerdos y controles de precios en determinados mercados de alimentos y los esquemas de liberalización que incluyen una reducción o eliminación de las restricciones de importaciones y barreras no arancelarias, que aplica México en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Señaló además los acuerdos bilaterales para la importación de alimentos o granos, implementados recientemente entre Bolivia y Argentina.
Entre los instrumentos de política que tienen impacto fiscal, la CEPAL destacó las reducciones o eliminaciones impositivas de impuestos, de El Salvador, Perú y Venezuela; los subsidios de precios al consumo de alimentos y harinas, implementados por Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y República Dominicana.
Así como también las compras de alimentos en el mercado internacional por parte del gobierno para su venta en el mercado interno a precios controlados, entre otros.
En su informe, la CEPAL advirtió además que de no tomarse medidas por el sostenido aumento en los precios de los alimentos y en el valor de los hidrocarburos «tendrá graves efectos sobre la pobreza y la distribución del ingreso» en los países de la región.
Según un ejercicio de simulación para aislar y evaluar el impacto del aumento de los precios de los alimentos, un incremento del 15% en el valor de estos productos implicaría un crecimiento de la pobreza de casi tres puntos porcentuales, que afectaría a más de 15 millones de personas, señaló el texto.
«Estas cifras equivalen a cerca de un tercio de las mejoras en los indicadores de pobreza entre 2002 y 2007», detalló la CEPAL.
A juicio del organismo, el aumento de los precios de los alimentos castiga más a quienes destinan una mayor proporción de su ingreso para adquirirlos y subrayó que una familia de bajos ingresos «destinará un mayor porcentaje de ellos a comprar los alimentos básicos para cubrir sus requerimientos nutricionales».
En ese contexto, la CEPAL aseguró que los países de la región «enfrentan una difícil disyuntiva», ya que su capacidad para mitigar el efecto de estas alzas «guarda estrecha relación con las holguras o espacios fiscales disponibles».
