“Gobiernos que hablan de un poder ciudadano hacen que se muera de hambre la población hondureña porque cada vez que la comida es más cara y menos accesible al pobre”, dijo Custodio, en el marco de la Inauguración del II Congreso Latinoamericano de Inclusión que se desarrolla en Tegucigalpa.
Agregó, que por eso el pobre viste menos, calza menos porque tiene que comer y lo poco que come es cada día más caro, “es injusto lo que está pasando en este país”, recalcó.
El ombudsman hondureño también se refirió a que la corrupción siguen en el país y que por eso el organismo que rectora está realizando auditorias sociales en varios municipios de la República.
“Estamos haciendo auditorias de fondos descentralizados del Estado a las comunidades y estamos haciendo auditorias de los fondos de Estrategia de Reducción de la Pobreza, en los municipios” enfatizó.
Custodio explicó que han auditado 150 municipios en todo el país al más bajo costo y que en la actualidad están auditando el año 2006, “no dentro de diez años como hacen las instituciones fiscalizadoras del Estado, lo estamos auditando ahora”.
Según el defensor de los derechos humanos existe el compromiso de combatir la corrupción y cuanto menos corrupción haya, habrá más dinero para comida, para educación y para salud, principalmente para las personas con discapacidad.
El funcionario manifestó que el II Congreso Latinoamericano de Inclusión busca beneficiar en forma directa e indirecta a personas con alguna discapacidad, a sus padres de familia, así como al personal profesional y técnico que les brinda atención.
“Buscamos la equidad y el respeto de los derechos humanos, de los menos incluidos y de los más excluidos”, indicó.
Custodio es del criterio que en Honduras no hay que nacer o sufrir una discapacidad adquirida para ser incluido entre los excluidos de la riqueza y de los derechos.
“La discapacidad agrava la exclusión porque empuja hacia la pobreza, la estigmatización y hasta la discriminación”, acotó.
Advirtió que quien se excluye de la escuela es un excluido para toda la vida, no solamente de no saber leer y escribir si no, porque ni siquiera tiene la oportunidad de un trabajo más digno.
Reiteró que este es un país injusto porque se habla de salarios bajos para los discapacitados, en una sociedad donde los ricos son cada día más ricos y los pobres cada día más pobres y aguantan más hambre.
Aunque no existen datos que determinen con exactitud cuántos hondureños y hondureñas presentan algún tipo de discapacidad física, mental o sensorial, se estima que hay más de 700 mil personas con discapacidad.
“La discapacidad es un capítulo de la vida real hondureña que nos enrostra” con una prevalencia mayor entre la población rural (56%) en relación a la urbana (44%), lo cual indica que se vuelve a marginar a los del campo, expresó.
En lo que respecta al marco legal, Custodio dijo que si bien es cierto que el Estado de Honduras ha suscrito y ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, todavía tiene pendiente el mismo trámite para su Protocolo Facultativo remitido al Congreso Nacional desde el 5 de diciembre del 2007.
Agregó que también está pendiente de aprobación y ratificación la Convención Interamericana sobre Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, cuyo texto fue remitido al Congreso Nacional el 27 de febrero del 2008.
“Una Convención sin Protocolo es papel mojado, es tinta invisible y falta de aplicación de toda la normativa que allí se provee”, explicó.
Finalmente invitó a los asistentes en la inauguración del Congreso a tocar la conciencia de los diputados y que aprueben los dos instrumentos porque la normativa es necesaria, ya que vuelve más exigible los derechos humanos de cada persona.
El Congreso Latinoamericano de Inclusión, que concluirá el viernes, es coordinado por el Instituto Juana Leclerc, con el apoyo de la Red Centroamericana de CARITAS, la Secretaría de Educación y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH).
En el evento participan conferencistas de Argentina, Bolivia, Costa Rica, España, El Salvador, Estados Unidos de América, Nicaragua, República Dominicana y Honduras.
