El actual fiscal general de la República, Leonidas Rosa Bautista, y el fiscal general adjunto, Omar Cerna, continuarán con la responsabilidad de continuar dirigiendo el Ministerio Público, hasta que no se tome otra determinación. El presidente de la República, Manuel Zelaya, quien apoya la huelga, y los titulares del Parlamento y del Poder Judicial, Roberto Micheletti y Vilma Morales, comenzaron esta mañana en un céntrico hotel de la capital una segunda jornada de reuniones para analizar el problema. El lunes anterior, Zelaya, Micheletti y Morales se reunieron con el fiscal general, Leónidas Rosa Bautista; su adjunto, Omar Cerna, y los huelguistas en la Casa Presidencial. Antes de entrar a la reunión, las tres altas autoridades dijeron hoy a la prensa, por separado, que buscarán ponerle fin al conflicto. De antemano se conoció que los fiscales en huelga no están de acuerdo con el documento y argumentaron que “esperarán que les llegue el documento para analizarlo y dar nuestra respuesta”. El anteproyecto de ley especial para investigar la conducta administrativa y ética de las autoridades del Ministerio Público se contrae a realizar las indagaciones y determinar, en caso que amerite, la separación del fiscal general y el fiscal general adjunto. En sus considerandos, la iniciativa señala que el Ministerio Público a diferencia del resto de las instituciones cuyos titulares elige el Congreso Nacional, no está regulada su organización y funciones en la Constitución de la República, por lo que su regulación es exclusivamente legal. Agrega que es procedente reformar la Ley del Ministerio Público para atribuir al Congreso Nacional la potestad de suspender o destituir al fiscal general y fiscal general adjunto, cuando de las investigaciones realizadas por el Congreso Nacional resultare evidente que no han desempeñado con la prudencia o eficiencia que su alta investidura demanda. En función de eso, el anteproyecto establece que el fiscal general de la República y el fiscal general adjunto podrán ser objeto de investigación en cualquier momento por el Congreso nacional o cuando se formularan denuncias en sus contra. “El Congreso Nacional en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales podrá investigar la conducta administrativa y ética de los funcionarios indicados en el párrafo anterior, mediante la comisión que integre al efecto, y de resultar que han actuado con negligencia, indeficiencia, o en contradicción a las reglas de la buena administración, se procederá a la audiencia pública respectiva para escuchar a el o los responsables a efecto de determinar su separación definitiva por el tiempo que dure la investigación”, señala la iniciativa de ley. Zelaya dijo que junto a los representantes de los otros poderes se ha convenido en dos temas fundamentales sobre los que han girado la discusión nacional, primero en reglamentar y reglamentar la auditoria de los expedientes engavetados, y el segundo es determinar la facultad del Congreso Nacional para poder tomar determinaciones que faciliten estas auditorias. “Esta ley que se está elevando en este momento a discusión para ser ampliamente conocida por el país, el pueblo hondureño y los fiscales que están en los bajos del Palacio Legislativo, esperamos que sea el inicio del final de este problema para que podamos regresar a nuestras labores habituales”, dijo Zelaya. El diputado presidente Roberto Micheletti aclaró que esta iniciativa partió del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de la Presidencia, pero indicó que están anuentes a discutirlo y aprobarlo porque se enmarca en la responsabilidad que tienen los fiscales a futuro sobre la conducta que ellos puedan adoptar. “Ceo que no tenemos ningún inconveniente en garantizar que si esto se llega a una feliz aceptación de parte de todos los sectores, en el Congreso nacional no tendremos inconveniente un proyecto de decreto tan importante para el Ministerio Público y la tranquilidad y la paz de la nación”, apuntó. Micheletti aclaró que mientras eso sucede el actual fiscal general de la República, Leonidas Rosa Bautista, y el fiscal general adjunto, Omar Cerna, continuarán con la responsabilidad de seguir dirigiendo el Ministerio Público, hasta que no se tome otra determinación.
Presidentes de los tres poderes acuerdan enviar ley para investigar y remover autoridades del MP
Tegucigalpa.-Los presidentes de los tres poderes del Estado acordaron hoy someter a aprobación del Congreso Nacional una ley especial a través de la cual se podrá investigar y remover al fiscal general y fiscal general adjunto con miras a ponerle fin a la huelga de hambre que mantienen un grupo de fiscales desde el pasado 7 de abril.
