En rueda de prensa, los huelguistas dijeron que las denuncias contienen las “pruebas suficientes” para que el Congreso Nacional proceda hoy mismo a la suspensión del fiscal Leonidas Rosa Bautista, y de su adjunto, Omar Sierra.
“Creemos que hay condiciones para que se proceda a la suspensión del fiscal general y el fiscal adjunto, con el afán de recuperar la institucionalidad del Ministerio Público”, dijo a periodistas el presidente de la Asociación de Fiscales de Honduras, Víctor Fernández, en “huelga de hambre” desde el 7 de abril.
Dijo que de ser así estarían en condición inmediata de suspender la huelga”.
Los fiscales también esperan que el Congreso Nacional apruebe en su sesión de hoy, un decreto especial que contempla la creación de una comisión de notables, una comisión técnico-jurídica de investigación de los casos denunciados y la comisión legislativa de seguimiento.
Este decreto fue consensuado el fin de semana anterior en una reunión con representantes del Congreso Nacional y la mediación del cardenal Oscar Andrés Rodríguez, el cual, en un inicio habían rechazado.
Según ese acuerdo, la Comisión de Notables estará conformada por tres abogados de reconocida honorabilidad capacidad profesional y tendrá plenas facultades y atribuciones para realizar acciones y gestiones como elaboración de un plan de trabajo, así como la aprobación del perteneciente a la Comisión Técnico Jurídica.
Esa comisión tendrá entre otras atribuciones la revisión y evaluación de los expedientes investigativos pasivos, activos y desestimados en los temas de corrupción, medio ambiente, derechos humanos, crimen organizado, Etnias y Patrimonio Cultural, Delitos Comunes, Niñez y Adolescencia.
Asimismo tendrán facultad para auditar el manejo de los fondos que ingresan al Ministerio Público a través de la Oficina de Bienes Incautados (OABI).
Según el anteproyecto de decreto, la Comisión de Notables recibirá informes mensuales de la Comisión Técnico Jurídico de Investigación y hacer las recomendaciones pertinentes en un plazo no mayor de ocho meses con informes de avances a la Comisión de Seguimiento del Congreso Nacional, esta última conformada por las cinco bancadas de los partidos políticos representados ante ese poder del Estado.
También otorga facultades a la Comisión para contratar a uno o más asesores jurídicos, nacionales o extranjeros de reconocida experiencia, honorabilidad y con la formación técnica necesaria en el estudio de procesos penales, en consenso con los fiscales en huelga de hambre.
La Comisión Técnica Jurídica estará conformada por dos fiscales nombrados por el Ministerio Público y dos por los fiscales en Huelga de Hambre, la cual podrá presentar requerimientos fiscales de forma inmediata cuando sea procedente.
En el proyecto de decreto se establece que el Ministerio Público emitirá en un plazo no menor de tres meses -contados a partir de la entrada en vigencia del decreto- el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Junta Proponente de acuerdo al artículo 22, último párrafo de la Ley del Ministerio Público, así como la elaboración de los Reglamentos de rotaciones y traslados de personal de esa institución y de puestos y salarios.
El Artículo 8 del proyecto de Decreto incluye que » Para garantizar plenamente las investigaciones imparciales objetivas y transparentes que se ordenan en el presente decreto se suspenden de sus cargos al Fiscal General de la República y al Fiscal Adjunto, en el ejercicio de sus cargos respectivos por el término que dure la investigación y gestión de la Comisión de Notables.
Relación de casos denunciados por los fiscales en huelga
Fuentes allegadas al movimiento de los fiscales dijeron en comunicados hechos públicos en la red de Internet, que las denuncias presentadas hoy a la secretaría del Congreso Nacional están relacionadas con delitos de “abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, estafa y fraude”, entre otros.
Los denunciados son, en su mayoría, ex funcionarios de reconocida militancia del Partido Nacional, primera fuerza de oposición del país.
Las mismas fuentes dijeron que también se presentaron casos de corrupción de la administración del presidente, Manuel Zelaya, quien abiertamente apoya la manifestación de protesta de los huelguistas y su solicitud de destitución de las máximas autoridades del Ministerio Público.
Sin entrar en detalles, señalaron que se denuncian “ varias personas de la actual administración del presidente Manuel Zelaya Rosales, estas últimas involucradas en el caso conocido como el avionazo, el lujoso avión del que no se ha dado información a quién pertenece y que apareció en el aeropuerto Toncontín”.
Algunos casos denunciados y expuestos en un comunicado de un colectivo llamado Prensa sin Censura:
1.-Elias Lizardo y Elizabeth de Mazariegos, quienes manejaron 525 millones de lempiras del Praf. El primero fungiendo como Ministro de Salud quien autorizó cheques a favor de personas que no están inscritas en el Registro Nacional de las Personas y de otras que no laboraban para la Secretaría de Salud y dichos cheques fueron cambiados por unas pocas personas.
2.-Ana Belén Castillo, quien autorizó la construcción de aulas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras donde se erogó la suma de 70 millones de lempiras soslayando la licitación pública y los edificios no se construyeron en su totalidad
3.-Miguel Rodrigo Pastor, ex alcalde del Distrito Central quien no pagó las cotizaciones correspondientes de los empleados de la Alcaldía al Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos e hizo pagos a una agencia de publicidad con los dineros de la alcaldía, lo que suma cantidades millonarias. La Fiscal Carla Interiano, quien manejaba el caso en el Ministerio Público, fue trasladada de la fiscalía cuando ya tenía todo listo para un requerimiento fiscal.
4.Víctor Bendeck, por Estafa contra varias personas, se relaciona con el descalabro de 900 millones de lempiras. El denunciado confirió poder a abogados del bufete del Leonidas Rosa Bautista.
5.-Ex fiscal Ovidio Navarro hizo pagos a periodistas con los fondos del Ministerio Público.
6.-Gerente General de INCEHSA, por haber subvalorado una multa de 132 millones de lempiras a nueve millones, producto de una auditoria practicada a esa empresa. El requerimiento fiscal fue presentado al Fiscal General hasta la fecha no se han realizado las diligencias necesarias para deducir las responsabilidades.
7.-Leonidas Rosa Bautista, actual Fiscal General, quien era el apoderado legal de la empresa estadounidense TRESCOM, de las telecomunicaciones, que adeudaba a HONDUTEL cinco millones de dólares y la empresa en mención manifestó que tal pago ya lo había enterado a través de su representante en Honduras, Leonidas Rosa Bautista y este último no la entregó a las arcas del Estado.
A Rosa Bautista también se le señala la comisión del Delito de Abuso de Autoridad por haber nombrado a Omar Zúñiga, administrador de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, sin reunir los requisitos que señala la Ley.
En los demás casos se señalan a Mario Aguilar González, ex directos del Registro Nacional de las Personas; Sergio Díaz, asistente del Fiscal General, Rosa Bautista; el ex Juez Rogelio Clara Herrera; Vilma Reyes, ex alcaldesa del Distrito Central; Carlos Kattán; Roberto Acosta, ex alcalde de Tegucigalpa; Oscar Kilgore, ex alcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunceri, actual Alcalde de esa misma ciudad. Se nombra además a William Hall Micheletti.
Se suma a la lista el empresario de la comunicación, Rafael Ferrari, el actual alcalde de la capital, Ricardo Álvarez y varias personas de la actual administración del presidente Manuel Zelaya Rosales, estas últimas involucradas en el caso conocido como el avionazo, el lujoso avión del que no se ha dado información a quién pertenece y que apareció en el aeropuerto Toncontín.
