La «huelga de hambre», en la que participan una treintena de personas, diez de ellos fiscales, cumple hoy 25 días en la planta baja del edificio del Parlamento hondureño, en el centro de Tegucigalpa.
El diputado Antonio Rivera, uno de los representantes del Parlamento que participa en las negociaciones, dijo a periodistas que las negociaciones continuarán el próximo lunes, porque los fiscales insisten en que deben ser destituidos el fiscal general, Leónidas Rosa, y el adjunto, Omar Cerna.
Agregó que el Parlamento mantiene firme su posición de que Rosa y Cerna no pueden ser destituidos sin que se les haya abierto una causa justificada.
Además, destituirlos porque lo piden los fiscales que están en huelga, sería quebrantar la ley interna del Ministerio Público y la misma Constitución de la República, subrayó Rivera.
Entre los miembros de la comisión del poder legislativo hay consenso en que Rosa y Cerna no pueden ser separados de sus cargos porque sería un precedente contra el orden institucional y en el futuro cualquier persona, incluso los mismos fiscales, podrían pedir la destitución hasta del presidente de la República.
Rosa ha reiterado que no renunciará a su cargo y que el poder legislativo no puede destituirlo porque a él nadie lo ha «vencido en juicio».
También sostiene que el Ministerio Público está abierto para que se investiguen los sonados casos de corrupción que los fiscales en huelga consideran que no se les ha seguido el proceso legal correspondiente.
La última ronda de negociaciones entre el Parlamento y los representantes de los fiscales inició ayer hacia las 11.00 hora local (17.00 GMT) y terminó hoy a la 01.30 (07.30 GMT).
Rivera expresó que quizá entre hoy y el próximo lunes los fiscales se vuelven más flexibles en su posición.
El sacerdote católico German Cálix, representante de los fiscales en la comisión negociadora con el Parlamento, lamentó que no se haya alcanzado hoy un acuerdo, luego de que hace dos días se creyó que la crisis estaba por ser resuelta.
El martes pasado los fiscales entregaron al presidente del Parlamento, Roberto Micheletti, un proyecto de acuerdo de solución a la crisis en el Ministerio Público.
En el proyecto los fiscales exigen la conformación de una Comisión Especial Interventora, integrada por consenso entre representantes de los fiscales y tres ciudadanos de reconocida honorabilidad y capacidad profesional.
Los fiscales también pidieron al Parlamento que garantice la asignación presupuestaria complementaria que resulte necesaria para el desempeño de las funciones y atribuciones de la Comisión Especial Interventora.
Según los fiscales, lo único que no es negociable, es su petición sobre la destitución del fiscal general del Estado y el fiscal adjunto, y que sus funciones las ejerza provisionalmente la Comisión Especial Interventora.
La «huelga de hambre» inició el 7 de abril con cuatro fiscales, a los que se han sumado otros seis en las últimos 15 días, más una veintena de personas particulares, entre ellas indígenas, profesionales y religiosos católicos y evangélicos.
Los manifestantes en «huelga de hambre», que permanecen bajo control médico, consumen agua y miel de abeja, además de sueros intravenosos.
