«No es conveniente hacer un llamado en este momento a un organismo internacional para que venga a definir un problema doméstico», argumentó Zelaya en declaraciones publicadas hoy por la prensa local.
En apoyo a la huelga, miembros de organizaciones populares se crucificaron simbólicamente hoy en el atrio de la catedral de Tegucigalpa.
Los huelguistas también rechazaron la propuesta que hizo el sábado una comisión del Congreso Nacional para que la Organización de Estados Americanos (OEA) ayude a «dirimir la controversia» por medio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos u otro ente, en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Zelaya adelantó que se comunicará con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, «para que no vaya a ser sorprendido por información ajena a la que yo mismo pueda proporcionarle» acerca del conflicto.
Indicó que también pedirá al presidente del Parlamento, Roberto Micheletti, del gobernante Partido Liberal, que «retire» la propuesta.
El presidente hondureño anunció que sí acepta la convocatoria de Micheletti a un diálogo de alto nivel, mañana con otras autoridades, para buscarle una salida al conflicto.
Micheletti señaló a la prensa, antes de conocerse la posición de Zelaya, que el Parlamento lo único que hizo fue retomar una propuesta de los mismos fiscales, en la cual recordaron que Honduras es parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Pero portavoces de los fiscales aseguraron que su propuesta no consistía en pedir la intervención de la OEA y coincidieron con Zelaya en que el conflicto debe resolverse internamente.
El gobernante hondureño apoya la huelga de los fiscales desde que ésta comenzó, el 7 de abril pasado, y les ha calificado de «héroes».
En la huelga, que tiene lugar en los bajos del Palacio Legislativo, participan una decena de fiscales y una veintena de representantes de diversas organizaciones que les apoyan.
Los fiscales piden una investigación independiente de varios casos de corrupción que, según ellos, han sido paralizados por las autoridades del Ministerio Público por intereses políticos.
Además, exigen la destitución del fiscal general, Leónidas Rosa Bautista, y del fiscal adjunto, Omar Cerna, lo que el Parlamento rechaza por considerar que no hay causas legales para ello.
La huelga inició con cuatro fiscales, a los que se sumaron otros seis en las últimas semanas, más una veintena de personas particulares, entre ellas indígenas, profesionales y religiosos católicos y evangélicos.
Los huelguistas, que permanecen bajo control médico, consumen agua y miel de abeja, además de sueros intravenosos, aunque algunos ya han sufrido quebrantos de salud.
