En una carta, Custodio advirtió de esta situación al fiscal general de la República, Leonidas Rosa Bautista.
En la carta Custodio explica que la doctora Alma Reyes “está nombrada como médico forense en esa institución a su digno cargo como empleada permanente desde 1998 y en razón de ello tuvo acceso a las investigaciones realizadas por esa institución con respecto al mencionado caso”.
Dijo que según la información en poder del Comisionado, Reyes actualmente goza de vacaciones y tiene en trámite una solicitud de licencia sin goce de sueldo ante el Ministerio Público.
A la vez, agrega, está nombrada en el Área Docente de la Academia Nacional de Policía, dependencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, donde también laboran los procesados, sin que haya terminado su relación laboral con ninguna de las dos instituciones.
Dice que los datos laborales de Reyes “resultan relevantes, ya que, con mucha sorpresa, hemos constatado que dicha profesional estando de vacaciones en el Ministerio Público, está participando en el mencionado juicio como Consultora Técnica de la parte defensora”.
Señala que tal situación “por razones de ética y profesionalismo” no debería ser “pues se incurre en un conflicto de intereses, siendo que podría dar lugar a una manipulación de la información que ella obtuvo como Perito de esa institución y afectar la correcta aplicación de la justicia”.
Ante esta situación, Custodio pide a Rosa Bautista “interponga sus buenos oficios, con el propósito de que los Fiscales que están participando en dicho juicio hagan uso de todos los recursos que les franquea la Ley, a fin de que se anule cualquier diligencia en la que haya participado o participe la doctora. Reyes en virtud del conflicto de intereses señalado, en el delicado pero importante proceso, en la búsqueda de la verdad”.
