En la sesión extraordinaria del Consejo Permanente, convocado para evaluar la crisis en Honduras tras los comicios del pasado domingo y el voto del Congreso en contra de la restitución de Manuel Zelaya, el titular de la OEA dijo que la velocidad con la que se logre este objetivo depende de «la voluntad efectiva del nuevo Gobierno y específicamente de las iniciativas que tome» Lobo.
Insulza reconoció que los pasos dados hasta ahora en Honduras no han servido para salvar la crisis de la democracia en esa nación centroamericana, pero consideró que «el presidente que asumirá el 27 de enero está en la mejor posición para iniciar la restauración».
«Él puede poner fin a la persecución en contra de José Manuel Zelaya, separarse clara y públicamente de lo ocurrido en estos meses, restablecer plenamente la vigencia de los derechos humanos y las libertades públicas y convocar a todas las fuerzas democráticas a un gran Acuerdo Nacional», dijo el máximo responsable de la OEA.
Insulza sostuvo que al margen de la vigencia o no del Acuerdo Tegucigalpa-San José, contribuiría «poderosamente» a normalizar la situación el cumplimiento en este período intermedio de dos asuntos.
En este contexto se refirió a la creación inmediata de un gobierno de unidad, que permita iniciar la reconciliación y evite que el nuevo presidente reciba el mando de manos de los autores del golpe de Estado.
También que permita la normalización de la situación de la embajada de Brasil y «la plena libertad del presidente Zelaya para vivir en su país, con respeto a sus derechos y sin más persecución».
En cuanto a las elecciones, Insulza recalcó que se produjeron sin observadores de la OEA, ni de Naciones Unidas, ni de la Unión Europea, por lo que, dijo: «No es posible para nosotros entregar un veredicto definitivo» acerca de estos comicios.
Las elecciones del pasado 29 de noviembre se produjeron «en circunstancias muy especiales, con un estado de emergencia proclamado por el Gobierno de facto y estando pendiente el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Tegucigalpa-San José», señaló.
No obstante, agregó, «parece evidente» que «no habrá obstáculos internos a la toma de posesión, el próximo 27 de enero» de Lobo.
«Es ésa la realidad con que debemos contar y frente a ella deberán pronunciarse los países miembros».
Insulza reconoció que las diferencias entre los países con respecto a las elecciones «son efectivas», pero afirmó que «reconocer o no a otro Gobierno como legitimo es prerrogativa de todo Gobierno soberano y cada uno de nuestros Estados tomará libremente su decisión al respecto».
En lo que respecta al voto del Congreso de Honduras el 2 de diciembre, Insulza afirmó que hubo presiones.
El diputado del Partido Nacional, Rigoberto Chang Castillo, presidente de la Comisión Ordinaria de Asuntos Constitucionales, había dicho que los diputados que cambiaran su voto en relación al 28 de junio estarían «incurriendo en un crimen violentando la Constitución y serán requeridos por el Ministerio Público», dijo.
«Esa advertencia, en abierta contradicción con los estándares que rigen las deliberaciones de cualquier Parlamento era una clara amenaza», sostuvo Insulza.
«Es verdad que el Acuerdo Tegucigalpa-San José permitía en su texto una decisión en uno u otro sentido. Pero ello debía ocurrir en una sesión libre de presiones, realizada tras la formación de un gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional. La sesión del 2 de diciembre fue en realidad una simple repetición del libreto del 28 de junio, con los mismos protagonistas», sentenció.
Ante el nuevo escenario, Insulza dijo que se requerirá otros pasos, «cuya velocidad dependerá fundamentalmente de la voluntad efectiva del nuevo Gobierno a alcanzar la reconciliación nacional y específicamente de las iniciativas que el señor Porfirio Lobo adopte antes y después de su instalación».
