Díaz García, quien fue asesinado el 4 de diciembre de 2006 por varios sicarios cuando se conducía en su automóvil en el bulevar Fuerzas Armadas de la capital hondureña, laboraba en ese momento en la organización no gubernamental Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y defendía a varios guardias de seguridad que eran objeto de abusos por parte de su patronos.
ASJ defiende los derechos laborales de los hondureños y ha investigado abusos contra empleados de empresas privadas de seguridad y restaurantes de comida rápida.
Los jueces que componen el Tribunal de Sentencia leyeron el falló con una pena de 21 años de cárcel al ex agente de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) Cesar David Estrada y al ex guardia de seguridad Ramón Eusebio Solís, por su autoría material del asesinato del abogado Díaz García.
Los autores intelectuales del hecho siguen en libertad y en la completa impunidad, lamentaron representantes de ASJ que hoy se hicieron presentes a escuchar el fallo del alto tribunal de justicia.
“Esta sentencia condenatoria es muy positiva, pero por considerarse que el abogado Díaz García era un hombre que dio su vida en los derechos humanos y la aplicación de la justicia en favor de los más pobres, nuestra expectativa era que le hubiesen dado la pena máxima que pedía la Fiscalía que era 30 años de prisión”, indicaron.
El pasado 28 de febrero, la Sala Segunda del Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa declaró al ex policía y al ex guardia de seguridad privada culpables del asesinato en 2006 del profesional del derecho.
Los fiscales expresaron su satisfacción con el fallo del tribunal, pero no con la individualización de la pena, ya que pedían una condena de 30 años de prisión y subrayaron que la misma es producto de «un trabajo arduo» de investigación, que permitió «probar en forma contundente y suficiente» la culpabilidad de los dos acusados.
«Se ha hecho justicia a favor de un defensor de los derechos humanos como era el abogado Díaz García», puntualizaron.
Díaz García fue uno de los al menos 17 abogados asesinados en Honduras entre 2006 y 2007 por razones ligadas al ejercicio de su profesión, según destacó en 2008 el entonces presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Ángel Valentín Aguilar.
