«En las ciudades de Tegucigalpa, El Progreso, Siguatepeque, Comayagua, San Pedro Sula, La Paz, Intibucá, se logró decomisar más de 70,000 litros de alcohol», expresó el funcionario.
Explicó que «este era un alcohol que, además de evadir el pago de impuestos, se estaba produciendo clandestinamente y su contenido de alcohol va en detrimento de la salud de los hondureños».
El licor clandestino fue decomisado por la DEI en operativos conjuntos con específicamente la Fiscalía contra la Corrupción y la Dirección General de Servicios Especiales de la Policía.
Guillén dijo que el Ministerio Público ha emprendido acciones criminales contra los responsables del licor clandestino, por defraudación, contrabando y delitos contra la salud.
«Particularmente los clandestinos, los ilegales, están en los tribunales de justicia», afirmó Guillén.
El funcionario detalló que «en este momento son dos grandes» empresas las que están sujetas a sanción judicial.
Advirtió que «aunque paguen no se pueden quitar el proceso de encima, porque, según el Código Tributario, (y) el Código Penal, si usted paga los impuestos, elimina el cargo por defraudación fiscal, pero no elimina el de contrabando».
Mencionó el caso de una «tienda o fábrica grande» de la ciudad de El Progreso, Yoro, donde recientemente se decomisaron «más de 45,000 litros de alcohol», los que «habían contrabandeado al país, así que en ese sentido, aunque paguen, la acción penal siempre va a seguir.
Guillén recordó que, como parte de las acciones contra la evasión fiscal, la DEI tiene bajo proceso administrativo y judicial a empleados de la aduana de El Amatillo, en la frontera con El Salvador, acción que ya se ha reflejado en un aumento en los ingresos en esa oficina.
«Ya han sido cesanteados casi 16 empleados, de los cuales cuatro han sido procesados en los tribunales criminales», expresó.
El director de la DEI añadió que «la totalidad del personal fue separada de sus cargos; en este momento las audiencias de descargo se están llevando a cabo, naturalmente se les garantiza todo el debido proceso, tienen derecho a tener un abogado, tienen derecho a dar las excusas o cargos y descargos del caso».
Aclaró que «la idea aquí tampoco es de que a una persona se le bote su imagen por haber sido suspendido», pero destacó que «el efecto ha sido sustancioso».
«La aduana de El Amatillo estaba en un promedio de 76, 77 por ciento de cumplimiento de la meta de recaudación, y qué casualidad, que con la acción que tomamos el mes de noviembre cerraron con un 88 por ciento de la meta de recaudación», expuso.
«Así que sí tenía que ver en algún grado la ineficiencia de nuestros empleados», puntualizó.
