En un extenso escrito, y en nombre del Poder Ejecutivo, Duhalde solicitó además que se dicte el procesamiento de los imputados.
«El Poder Ejecutivo, al que esta Secretaría representa, entiende que los hechos de esta querella constituyen graves delitos previstos por derecho penal internacional y que configuran violaciones a los derechos humanos», señala el texto.
La presentación, patrocinada también por la Procuración del Tesoro (abogados del Estado), pide que se investiguen hechos «que constituyen delitos de lesa humanidad» y señala además que también es objeto de esta acción «alcanzar la verdad histórica en cuanto al destino e identificación de las víctimas».
Entre otros asuntos, en la presentación el Gobierno pidió que se cite a declarar a los dictadores Videla y Emilio Eduardo Massera, y al ex ministro de Economía de la dictadura (1976-1983) José Alfredo Martínez de Hoz.
También pidió que se cite a Bartolomé Mitre, integrante de la familia fundadora de La Nación, a Ernestina Herrera de Noble, dueña de Clarín, y al presidente del grupo multimedia homónimo, Héctor Magnetto, entre otros.
La presentación judicial se hizo varias semanas después de que el Gobierno de Cristina Fernández difundiera el informe oficial «Papel Prensa: la verdad», que señala las presuntas complicidades entre los diarios y la dictadura para la apropiación en 1976 de la fabricante de papel, fundada en 1972.
Clarín, que forma parte del grupo homónimo, el mayor multimedia de Argentina, y La Nación han rechazado tajantemente esos cargos y denunciado que son víctimas de un ataque del Gobierno contra la libertad de prensa e información.
Las denuncias del Gobierno también han sido rechazadas por la mayor parte de las principales fuerzas de la oposición.
Lidia Papaleo, viuda de David Graiver -el dueño original de Papel Prensa-, ha declarado hace unas semanas ante la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos en una causa que investiga la compra de Papel Prensa a raíz de una presentación anterior hecha por Duhalde.
Según asegura el Gobierno, cuando Lidia Papaleo vendió las acciones de la empresa a Clarín, La Nación y La Razón -accionista hasta 2000-, en la última dictadura militar, lo hizo «bajo amenazas» y «no era libre» en su proceder.
Tras la muerte de Graiver en un accidente aéreo, en agosto de 1976, tanto Papaleo como varios de sus familiares y de socios del grupo empresarial Graiver fueron hostigados hasta que vendieron las acciones de Papel Prensa, según el informe oficial.
La operación de venta se hizo en noviembre de 1976 y en marzo de 1977 Papaleo fue secuestrada por la dictadura, torturada, violada y condenada a cinco años de prisión por complicidad del Grupo Graiver con la guerrilla de Montoneros, formada en los años setenta por sectores de izquierda y nacionalistas del Partido Justicialista (peronista).
El capital de Papel Prensa se reparte entre el grupo Clarín (49%), el Estado (27,46% en forma directa y 0,62% a través de la agencia oficial Télam) y La Nación (22,49%), con un 0,43% en manos de terceros.
