“La muerte de periodistas no debe quedar impune”, volvió a demandar el defensor de los derechos humanos, quien dijo que estos hechos –que muestran una tendencia patológica dentro de la sociedad hondureña, que debe ser motivo de preocupación.
Esa preocupación, según Custodio, es mayor cuando el Estado no tiene la adecuada investigación para determinar la autoría directa o indirecta de esas muertes y se sigue en la incertidumbre de ver caer a más periodistas asesinados.
El reclamo lo hace a tan solo tres días de la celebración en Honduras del “Día del Periodista”, fecha que, tradicionalmente se dedica a reconocer la labora de los periodistas de los medios de comunicación a lo largo del año.
La celebración principal la marca la entrega del premio nacional de prensa “Álvaro Contreras”, que otorga anualmente el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), y que este año recayó en Jorge Talavera Sosa, un reconocido trabajador de la comunicación, quien actualmente labora para diario La Tribuna en San Pedro Sula.
Las celebraciones de este año, encuentran a los periodistas sumidos en una profunda división, remarcada por la crisis política que afectó a Honduras en junio de 2009, y lo más grave, el asesinato de siete comunicadores sociales en diversas regiones del país.
Las autoridades no han informado oficialmente sobre las causas de la muerte de los comunicadores sociales, aunque el viernes, el ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, informó haber entregado al Congreso Nacional un informe preliminar sobre estos casos. El informe lo entregó en cumplimiento de una moción de los diputados Augusto Cruz y Waldina Paz, ambos periodistas de profesión, quienes demandaron la inmediata investigación de la muerte de sus colegas y el informe de las investigaciones.
El contenido del informe no ha trascendido a la prensa, so pretexto de que las investigaciones están en curso.
Álvarez dijo ayer haber solicitado a los Estados Unidos apoyo del FBI en estos procesos de investigación.
Para el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos cuando un periodista muere violentamente no sólo se violenta el derecho a la vida sino que se afecta igualmente la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y de informar adecuadamente.
Expresó que estas situaciones de violencia, generan temores en los medios de comunicación y los periodistas porque no sabe qué es lo que puede exponerlo a un peligro, tal como está sucediendo en el país.
Explicó que cuando un sistema o una parte del Estado sabe que hay un problema y continúa tolerándolo y lo sigue permitiendo, es lo que jurídicamente se llama ahora la tolerancia o la aquiescencia del Estado.
“Me extraña que el gobierno no haya sabido buscar ayuda y que muchos de los Estados y gobiernos que nos critican debieran estar ayudándonos en lugar de sólo estarnos criticando”, precisó.
Desde el 2007 a la fecha, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos registra el asesinato de al menos, once periodistas de diferentes medios de comunicación, entre ellos: Carlos Salgado, Rafael Munguía, Osman Rodrigo López, Bernardo Rivera Paz, Gabriel Fino Noriega, Joseph Hernández Ochoa, David Meza Montesinos, Nahúm Palacios, Bayardo Mairena, Manuel de Jesús Juárez y Jorge “Georgino” Orellana.
El CONADEH también registra, desde octubre del 2007, una serie de denuncias de periodistas que fueron objeto de querellas en los tribunales, amenazas a muerte por denuncias actos de corrupción y comunicadores que han salido del país para salvaguardar su vida y la de sus familiares.
Cada denuncia fue remitida, en su momento, ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), organismo que realizó -en esta semana- una visita de tres días para verificar la situación de los periodistas en el país, y que en su informe cuestionó al Estado hondureño por no contar con investigaciones que lleven a concluir las razones de la muerte de los comunicadores.
Es más, los miembros de la delegación no incluyeron en su agenda reuniones con el Comisionado de Derechos Humanos porque, según su presidente Felipe González, “hemos recibido de numerosas personas declaraciones en el sentido que no les proporciona credibilidad su actuar a partir del golpe de Estado, y en ese sentido la comisión no ha incluido en su agenda su relación con él”.
«Hablan de defensa del estado de derecho y la institucionalidad, pero son los primeros en violentarlas al no abocarse al Comisionado, al margen de las personas, para conocer de las causas, denuncias e investigaciones que hemos hechos; nosotros somos serios, no unos burócratas de escritorio», comentó al respecto Custodio, quien les reclamó a los miembros de la CIDH que desde hace más de dos meses le solicitó a la Comisión medidas cautelares para la prensa, ante la serie de asesinatos de los que han sido víctimas periodistas, «pero éstos nunca respondieron».
