Los grupos delincuenciales han hecho de la extorsión su nueva forma de afectar a una población que lidia entre el secuestro, los asaltos a viviendas, los robos en las vías públicas, ya sea que las víctimas se conduzcan a pie o en automóvil.
A esto, el país suma el gigantesco avance del crimen organizado con sus practicas de trafico de drogas, robo de automóviles, sicariato, lavado de activos y un sin fin de delitos conexos que no afectan directamente a la población pero que dejan una huella de terror que puede estropear hasta la institucionalidad, según lo revelan estudios especializados.
El jefe de Policía, José Luis Muñoz Licona, admitió este miércoles que las extorsiones se han convertido en uno de los delitos que muestra mayor auge en Honduras.
Este tipo de transgresiones afecta a la ciudadanía en general. La forma de operar de las bandas es, inicialmente, vía comunicación telefónica.
Las extorsiones vía “impuesto de guerra” funcionan en la mayoría de barrios y colonias de las principales ciudades e incluso en algunos poblados del interior del país.
Esta modalidad del delito que se inició en las colonias periféricas y en los barrios más pobres de la norteña San Pedro Sula y de Tegucigalpa, la capital hondureña, se han ido extendiendo hasta llegar a zonas residenciales.
Una familia que habitaba en la capitalina colonia Miraflores, por ejemplo, ha tenido que abandonar su vivienda ya que no soportó el asedio de quienes pedían tributo para poder vivir sin incidencias violentas.
Los dueños de mercaditos y negocios populares de la misma colonia también se quejan de los pagos a los que les someten las bandas. En muchos casos los extorsionadores son adolescentes que a simple vista parecen inofensivos, muchas veces se trasladan en bicicletas reflejando una pasmosa parsimonia.
Otros ciudadanos son menos afortunados, como el caso de un conocido abogado que residía en la colonia Bella Oriente, quien debido a su negativa de pagar el “impuesto de guerra” fue acribillado cuando se trasladaba en su vehículo, por el boulevard Suayapa, en Tegucigalpa.
También deben pagar “impuesto de guerra” los transportistas, tanto los que trabajan en autobuses como en taxis de punto. En este rubro el problema presenta una dimensión desproporcionada según dijeron a Proceso Digital motoristas afectados, quienes han considerado retirarse del negocio ya que apenas hacen lo suficiente para pagar la cuota impuesta.
Pero los extorsionadores no dan tregua, también han llegado a cometer insólitas acciones según denunció una alta autoridad del estatal Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), quien dijo que en muchos sectores de la ciudad las bandas impiden la lectura de los contadores del servicio de agua a menos que reciban el “impuesto de guerra”.
La situación no solo afecta al SANAA que brinda el servicio de agua y alcantarillado sino que también a los usuarios quienes podrían quedar sin asistencia debido a la mora acumulada.
Incluso se sabe que los pequeños comerciantes que se dedican a la economía informal deben pagar el “tributo de guerra”. Así las denominadas “chicleras”, las tortilleras y los achines en general pagan su cuota.
El jefe policial Múñoz Licona, dijo que una unidad especializada buscará combatir las redes de la extorsión. Indicó que la Policía ha logrado bajar el número de secuestros en el país por lo que los criminales han optado por practicar más extorsiones.
Así, en medio de una creciente ola de criminalidad, trascurre la vida de los hondureños que, por otro parte, han recibido la promesa de que la violencia sucumbirá con el pago de otro impuesto, esta vez es un tributo oficial, denominado “tasa de seguridad” y que según les han ofrecido devolverá la tranquilidad a la ciudadanía.
