Un sector de los uniformados pasarán a esa condición de “disponibilidad” porque cumplieron su período o les falta un año para salir, en tanto, otros lo harán porque no aprobaron algunas de las pruebas de confianza que aplica la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) que tiene facultades para proponer el despido de aquellos policías u oficiales que reprueben.
La lista de los oficiales que tendrán que salir de la institución ha incomodado no solo a sus protagonistas, también a algunos miembros activos de la policía que el fin de semana hicieron llamados públicos a los medios de comunicación para no difundir esos hechos, al tiempo que advirtieron a las fuentes que proporcionaron la información, las posibles consecuencias de demandas en los tribunales si son descubiertos.
Los mensajes, esta vez, fueron tanto a la fuente como a los periodistas. Cebe contrastar que sí la información que debe ser pública afecta a un organismo que desde hace un año está en el centro de la polémica pública por la vinculación de un sector a la corrupción y los nexos con el crimen organizado y la delincuencia común, se viola el “derecho al honor” de los policías, pero sí se trata de capturas comunes, “se informa” a la sociedad para que “conozca sus delincuentes”. Extraña confusión entre lo que debe y no debe ser público, por parte de la autoridad. Esta etapa llevará al país también a entrar en la fase de lo que es y no es el derecho a la privacidad.
La sociedad tiene derecho no solo a conocer quiénes quedarán fuera por diversas circunstancias, también a enterarse quiénes dentro de esa fase depurativa que vive el órgano policial han sido sacados sin fundamento, por presuntos resquemores personales. Son los tribunales quienes dirán la última palabra.
“El Tigre” en aguas convulsionadas
La Policía Nacional enfrenta también una serie de reformas y leyes propuestas recientemente por la Comisión de Reforma para la Seguridad Pública (CRSP) que abarcan incluso a la Fiscalía y el Poder Judicial como parte de su mandato legal. En el primer caso, el de la depuración a lo interno, el actual jefe policial, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla ha denunciado una especie de complot a lo interno y externo para hacer tambalear la depuración y sacarlo a él del organismo. Bonilla, por segunda ocasión, dijo que jefes policiales y ex jefes policiales se reunieron en un sitio concurrido para planificar el boicot, no dio más detalles pero revolvió el avispero al indicar que quienes van en “disponibilidad” deben entregar el arma de reglamento y la chapa que los identifica con la institución. Salieron al paso dos ex jefes policiales y otro oficial para increpar a su nuevo jefe “El Tigre” Bonilla. Uno de ellos, es el comisionado general José Luís Muñoz Licona, quien pidió a su jefe ser más “comedido” y que ellos “aman” a la institución. En tanto, el también comisionado y antecesor a Bonilla en el cargo, José Ramírez del Cid dijo que no existe conspiración alguna y que cuando él estuvo al frente de la policía nacional, si se dieron “conspiraciones”. |
Reformas para extirpar un cáncer invasivo Posteriormente se sumó el también oficial de la policía, Aldo Rodolfo Oliva, al señalar que un grupo de oficiales están preparando demandas legales contra el comisionado “El Tigre” Bonilla porque los está mandando a “disponibilidad” presuntamente al margen de la ley. Las pruebas de confianza en la depuración están generando resquemor. En lo externo, algunos grupos humanitarios tampoco quieren al “Tigre” Bonilla, le acusan de hechos delicados pero no pasan de la denuncia y no presentan pruebas. La prensa recoge ambas partes, dejando entrever que la pugna es fuerte y el comisionado Bonilla junto al ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, deberán prepararse para enfrentar tiempos de “presión extraordinaria”. Otros oficiales que pasarán a una condición de “descanso” en vista que el término de “disponibilidad” es de uso militar y no civil, se mantienen de bajo perfil, fuera del debate mediático, expectantes a la coyuntura. Del lado de la ciudadanía, la Comisión de Reforma para la Seguridad Pública entregó seis meses después de su creación un paquete de leyes y reformas que aún no son del conocimiento público e impiden indicar qué tan viables o tan realistas son, partiendo de los tiempos y el hervor que se vive a lo interno del organismo policial. Pero sin duda es un paso trascendental que indica que el proceso de la reforma en Seguridad no quedará en las pruebas de confianza y la investigación del patrimonio familiar y personal de los policías y sus oficiales. La propuesta busca una concepción integral de la Seguridad y del nuevo rostro de la policía nacional en los próximos ocho o quince años, que de acuerdo a los expertos, durará esta etapa de limpieza y transición. Se menciona así un nuevo proyecto orientado a contar con una nueva Ley Orgánica de la Policía, un proyecto de Ley de la Carrera Policial, además de otras vinculadas al sector justicia y la fiscalía, los tres principales entes de control por donde se imparte la ley y el orden en este país centroamericano. Al par de estas reformas y avances, más lentos que acelerados de la depuración, se viven también en materia de Seguridad, “tiempos de contrarreforma” promovidos por aquellos sectores que se sienten afectados por los cambios y por quienes tienen también temor a que se mejoren las cosas en Honduras. En materia de Seguridad, la depuración policial y sus reformas han entrado a una fase crítica que a medida transcurra el tiempo, aflorarán nuevas divergencias. Deshacer los “ghettos” de poder en la Policía no se hará en un soplido. A primera vista, se intuye que ahí las luchas son más fuertes de lo que recoge la prensa. |