Este martes, Julieta Castellanos y Aurora Pineda, madres de los jóvenes ejecutados presuntamente por policías, brindaron una conferencia de prensa para dar detalles sobre los avances en la investigación a un año del fatal suceso que cobró la vida de los jóvenes y que conmocionó a la ciudadanía en general.
El 22 de octubre de 2011, se reportó el hallazgo del cuerpo de dos jóvenes en el kilómetro 8 de la carretera que de Tegucigalpa conduce al sur del país.
Rafael Alejandro Vargas Castellanos (22) y Carlos Pineda (24), eran las víctimas. La Policía Nacional reportó el hecho como muchos que trascienden los fines de semana y la hipótesis más fuerte era el ajuste de cuentas.
Tras cumplirse un año de la muerte de los universitarios, quienes eran excelencia académica en la UNAH, las investigaciones se mantienen en un punto muerto, denunciaron las apesaradas madres.
Último avance data de hace 10 meses
La rectora Castellanos dijo que el último avance en el caso de los universitarios fue la entrega en diciembre de 2011 de uno de los implicados (José Rubén Pozo).
Asimismo, agregó que ha habido una ampliación en la acusación contra los ex comisionados Jorge Alberto Barralaga (ex jefe de la Policía Metropolitana) y Marco Tulio Palma Rivera (ex titular de la Dirección Nacional de Investigación Criminal), por los hechos que se dieron ya que a ellos solo los tenían acusados por abuso de autoridad y “esa es una pena cosmética comparándola con la magnitud de lo que ellos hicieron”.
En ese sentido, señaló que “nosotros no queremos que sea una acusación cosmética, nosotros queremos una acusación que esté basada en su nivel de responsabilidad porque ellos encubrieron, no entregaron el arma, amenazaron a los fiscales, destruyeron pruebas y esos son delitos”.
Castellanos reiteró que como miembros de la Alianza por la Paz y Justicia, como madres de familia y víctimas “pedimos que no haya ni investigaciones cosméticas, ni acusaciones cosméticas, porque lo que buscamos es justicia”.
Desconoce nombre de policías que saldrán de la institución
En el caso de la lista de oficiales que se maneja por parte de la secretaría de Seguridad y que pasarían a disponibilidad de la institución, la rectora universitaria dijo desconocer los nombres.
“Lo que la Policía está haciendo es correcto debe de depurar su cuerpo policial para que los que queden ahí sean de confianza y garantía para todos… para que la institución recobre la confianza que necesita de la ciudadanía”, acotó.
A su entender, los efectivos que pasan a disponibilidad es como ponerlos prácticamente fuera y pierden toda relación con la institución policial. “Hay que tener mucha precisión en los conceptos que se están empleando”, indicó.
Al mismo tiempo, ejemplificó que “nosotros como víctimas si solamente suspenden a los oficiales que estaban al mando de las unidades no es suficiente porque se tiene que investigar su nivel de participación, porque quedarían sin ser acusados y si ellos cometieron faltas o delitos en esta causa tiene que darse el siguiente paso”, sugirió.
Presupuesto para la Comisión de Reforma
Entre tanto, afirmó que “estamos pidiendo el presupuesto que debe tener la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública porque ellos deben tener personal altamente calificado en materia de depuración tanto de policías, fiscales y jueces”.
La Comisión de Reforma ha tenido algunos avances que serán presentados en las próximas semanas sobre la propuesta de reforma que hay que hacer, pero además necesita esa función de certificación, arguyó.
Dijo desconocer que ha pasado con los policías que estaban asignados a la posta policial de La Granja, pero “esperamos que las investigaciones continúen”, reiteró.
Sicarios a disposición de la Policía
La rectora aclaró que ella nunca ha sido víctima de amenazas, lo que tuvo fue una información sobre sicarios a disposición de la Policía en la cual una persona con nombre y apellido había sido buscada para que la liquidara, eso fue en el mes de enero.
Recalcó que, en ese sentido ella hizo lo que procede, constatar si esa persona tenía identidad u hoja en la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), y pidió una investigación, posteriormente se remitió a la Policía y al Ministerio Público para que realizaran la investigación correspondiente.
“No sé si ellos avanzaron en la investigación lo que sí sé es que la misma Policía se amedrentó por la información que nosotros teníamos”, puntualizó.
