Pero de acuerdo a analistas sociales e investigaciones recientes, uno de los focos que habría sentado las bases para el retorno de las revueltas en la zona del Aguán, fue la aprobación en la década de los noventa de la Ley de Modernización Agrícola, que en esa zona, facilitó la reconcentración de la tierra en manos de unos pocos en detrimento del resto.
Las lagunas dejadas en esa ley, se agudizan luego de que grupos campesinos pusieran en los tribunales de justicia reclamos para evitar que les quitaran sus tierras, vía intimidación o por prestanombres, por parte de los sectores terratenientes de la zona. A ello se suma, que algunos grupos campesinos beneficiados por la reforma agraria mal vendieron sus parcelas, dando traste así a un histórico proceso de luchas que costó muchas muertes en el campo.
Los escenarios de la inseguridad
Informes de los grupos campesinos indican que por la vía de la compra-venta, una parte importante del fondo de tierras de la reforma agraria, de hecho la más fértil y productiva, fue transferida por parte de grupos campesinos a grandes empresas nacionales y transnacionales dedicadas al negocio de la agricultura para la exportación.
Según datos del Cococh, entre 1990-1994 fueron vendidas 30,587 hectáreas del fondo de la reforma agraria. De ese total, 20,930 hectáreas, es decir, el 73.8% corresponden al departamento de Colón, cita la investigación realizada por Irías.
A ese escenario se suma otro no menos agradable: el avance de los barones de la droga en la costa atlántica del país, donde los conflictos en el Aguán también son otra arista de la crisis. El departamento de Colón es uno de los principales corredores que bordea la inseguridad en Honduras, de acuerdo a cifras oficiales.
Esa inseguridad, está marcada por la presencia también de bandas delincuenciales dedicadas al sicariato, al servicio del mejor postor, y a que por ser una región con amplias vinculaciones con otros departamentos, el trasiego de drogas y armas se facilita, según reportes de las autoridades.
Suman a este complejo panorama, denuncias sobre la existencia de campesinos armados, no con palos ni machetes, sino que también con armas, como reflejo del mercado negro de armas que al parecer es cada vez más creciente en este país.
Gustavo Irías, analista político y social, en una investigación hecha sobre el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) y la lucha por la tierra, sostiene que la conflictividad en esa zona se despunta en el 2009, donde el enfrentamiento entre campesinos y guardias privados de seguridad calienta los ánimos, justo cuando la respuesta del gobierno y que persiste ahora, ha sido la militarización.
Ello, según Irías, trajo consigo las violaciones de los derechos humanos de los campesinos y las campesinas.
Muertes e inequidad
En esa zona, que hoy día pareciera es “tierra de nadie”, los militares en operaciones combinadas con la policía han aplicado vastos operativos bautizados con nombres rimbombantes, típicos de las películas hollywoodenses de “Rambo”, sin que en más de dos años y medio, la paz haya vuelto a la región.
Se conoce de calmas relativas, más no de estabilidades permanentes. De acuerdo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, la lucha por la tierra en el Aguán y el enfrentamiento entre campesinos y guardias privados de seguridad, contabiliza ya más de cincuenta muertes, en su mayoría impunes.
En la opinión pública, el imaginario que se presenta es que se está frente a territorios “en guerra”, donde el peso de la carga, cae sobre el sector campesino, sin aproximarse a una disección real de lo que ahí acontece para entender mejor la dinámica del problema, opinan los analistas.
De ahí que Irías en su estudio de caso sobre el Aguán, grafique un poco como ha cambiado la propiedad de la tenencia de la tierra en ese sector. En 1952, sostiene, las Unidades Productivas menores de 5 hectáreas tenían un tamaño promedio de 2.27 hectáreas; las Unidades Productivas mayores de 50 hectáreas, alcanzaban una extensión de 216 hectáreas.
Para el 2001, las Unidades Menores de 5 hectáreas habían reducido su dimensión a 1.44 hectáreas, pero las Unidades Productivas mayores de 50 hectáreas, mantenían casi su mismo tamaño promedio de cincuenta años atrás (208 hectáreas), sostiene Irías en su estudio.
Ello evidencia la persistencia del patrón latifundio-minifundio, el cual ha marcado la problemática agraria del país desde los años sesenta del siglo pasado.
El costo social de este patrón de concentración de la tierra ha sido el mantenimiento de los altos niveles de pobreza en las zonas rurales: 56% de hogares, en el 2010 (INE), a los que se asocia una situación de inseguridad alimentaria y nutricional, detalla la investigación.
Asimismo—prosigue—resulta significativo el aumento de la población campesina de subsistencia (con limitado o ningún acceso a la tierra). De acuerdo a datos del Informe de Desarrollo Humano-Honduras del PNUD de 1998, esta población llegaba a 205,000 familias; cifra superior a las 126,000 familias sin tierras revelado por el último censo agropecuario (1993). Igualmente grave es la fuerte herencia de inequidad de género, la reforma agraria de los años setenta apenas benefició a 3.8% e las mujeres rurales.
El Informe de Desarrollo Humano de Honduras, 2006, (PNUD), ubica a Colón en el séptimo lugar por su Índice de Desarrollo Humano (0.636), de un total de dieciocho departamentos. Sin embargo, Colón también forma parte del grupo de los tres departamentos que han experimentado retrocesos en sus niveles de desarrollo humano (los otros dos son Intibucá y Comayagua).
Estos y otros hechos, son los entretelones que se tejen para entender la conflictividad social y campesina que hoy resalta en el fértil valle del Aguán. La compra venta de tierras—legales unas e ilegales otras—hizo que surgiera el MUCA, cuyos antecedentes se remontan a 1996 pero es hasta el 2001 cuando sale públicamente a la palestra de la opinión pública. Las tomas de fincas y carreteras les hicieron dar visibilidad pública y mediática.
Los gobiernos tanto del ex presidente Manuel Zelaya, como del actual presidente, Porfirio Lobo, han intentando dar respuesta a la problemática en la zona. En el caso de Manuel Zelaya, sus acciones solo fueron promesas, no así con Lobo Sosa, quien logró mediante una negociación tripartita negociar la compra-venta de varios miles de hectáreas de tierra, más de cuatro mil, a los campesinos del MUCA. La negociación tripartita entre los empresarios, campesinos y el gobierno, fue a propuesta del MUCA. Para llegar a esta fase, se firmaron dos acuerdos entre el MUCA y las partes involucradas, lo que ha sido considerado por los expertos como una salida de pactos negociados, pero no definitivos en la zona.
Ese es uno de los retos que enfrenta hoy la administración del presidente Lobo Sosa, ya que falta por garantizar acciones en los acuerdos suscritos para generar mayor gobernabilidad en la zona.
El otro punto es evaluar hasta dónde realmente la presencia militar en la zona ha sido lo suficientemente efectiva o amerita de un giro de timón, donde el foco central no sean solo los campesinos, como hasta ahora, sino que las bandas del crimen organizado que ahí operan y hacen más confuso y conflictivo el panorama. Marcada por los conflictos, la situación en el Bajo Aguán sin duda abre la coyuntura para un nuevo debate a fondo y pragmático de uno de los problemas estructurales del país: el agro.
