«Algunas ONG son la quinta agencia de espionaje en Bolivia. De eso estoy convencido. Es un sistema de espionaje de algunos países, especialmente de Estados Unidos, mediante (la agencia de cooperación) Usaid», dijo Morales en una rueda de prensa en la ciudad andina de Oruro (oeste).
Según el gobernante, Usaid «da plata a las ONG para que luego rindan cuentas» al Gobierno estadounidense sobre la situación de los movimientos sociales y sus dirigentes, «no solamente en Bolivia, sino en toda Latinoamérica».
Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, han acusado varias veces a las ONG de intentar frenar proyectos viales y de explotación de recursos naturales en Bolivia, usando para ese fin a los pueblos indígenas.
El mandatario también ha acusado a Washington y a varias ONG, que según él reciben dinero estadounidense, de conspirar contra su Gobierno con los indígenas que en 2011 marcharon de la Amazonía a La Paz para rechazar la construcción de una carretera financiada por Brasil en el parque nacional Tipnis.
Morales volvió a asegurar hoy que esa protesta fue manejada por «la embajada de Estados Unidos y las ONG».
A su juicio, otra marcha de indígenas y productores de hoja de coca leales a su Gobierno que llegó la semana pasada a La Paz es prueba de que «la gente que vive ahí adentro (en el parque) quiere el camino».
El Senado boliviano, dominado por el oficialismo, aprobó el miércoles una ley acordada con esos nativos y cocaleros progubernamentales para hacer una consulta en la Amazonía sobre la construcción de la carretera.
Esa nueva ley, analizada hoy en la Cámara baja, permitirá anular otra que firmó Morales en 2011, cuando llegó a La Paz la marcha indígena, de la que se ha arrepentido.
Los indígenas amazónicos de la primera marcha han anunciado que comenzarán una nueva en los próximos días, para seguir exigiendo que la carretera no parta en dos la reserva natural del Tipnis.
Morales convocó hoy a una reunión de movimientos afines a su Gobierno para la próxima semana, para elaborar una «ley marco de consulta previa» a campesinos e indígenas sobre la ejecución de proyectos viales y de explotación de recursos naturales en sus territorios.
