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SIP pide al gobierno hondureño cumplir con protección a periodistas

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Tegucigalpa – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este lunes el asesinato en Honduras del camarógrafo Manuel Murillo Varela, y urgió al gobierno a cumplir con sus compromisos nacionales e internacionales para proteger a periodistas y esclarecer los crímenes.
 

Murillo Varela, camarógrafo de 32 años, quien trabajó para el presidente Manuel Zelaya en 2008, fue asesinado el miércoles 23 de octubre, aunque su cadáver fue hallado un día después en la colonia La Independencia, Comayagüela, en Tegucigalpa.

De acuerdo a medios locales, Murillo Varela era miembro del Partido Libertad y Refundación (Libre), que tiene como candidata a las elecciones presidenciales del próximo 24 de noviembre a la esposa de ex presidente Zelaya, Xiomara Castro.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), había otorgado a Murillo Varela medidas cautelares el 25 de febrero del 2010, luego de que denunciara ante el organismo que el 2 de febrero de 2010 fue secuestrado y torturado junto a un colega por policías vestidos de civil, quienes los condujeron a una cárcel clandestina.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, recordó que en el informe sobre la situación de libertad de prensa presentado durante la reunión anual de la SIP la semana pasada en Denver, Colorado.

En la reunión se detalló que en Honduras «no ha cesado el clima de inseguridad contra la prensa» y se advirtió sobre la gravedad de la falta de justicia por cuenta de 36 asesinatos de periodistas ocurridos desde 2003, «sólo uno ha sido juzgado y objeto de sentencia condenatoria, lo que significa que el 97 por ciento de los casos permanecen impunes».

Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, reiteró al gobierno hondureño la urgencia de esclarecer el crimen del periodista Aníbal Barrow, asesinado en junio, e insistió en la necesidad de crear un sistema de protección para periodistas, entre otras medidas y reformas de políticas públicas que el país debe adoptar para sancionar los crímenes contra la libertad de prensa.

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