Tegucigalpa – El Poder Legislativo hondureño, en la sesión de este jueves, aprobó en segundo debate del artículo 47 al 62 del anteproyecto de la nueva Ley Contra el Delito de Lavado de Activos que en una gran porción se refiere a los aspectos que involucra la figura del agente encubierto y del secreto bancario.
El anteproyecto de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, fue introducido a la Cámara Legislativa por el diputado nacionalista, David Chávez y dictaminado por la comisión ordinaria de seguridad y prevención ciudadana, y con esta legislación se permitirá enjuiciar a terceras personas que estén involucradas en ese ilícito con penas que van de 15 a 20 años de prisión.
Las penas anteriores serán para quienes incurran en el ilícito de lavado de activos en los recursos que provengan directa o indirectamente de los delitos de tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro extorsión, financiamiento al terrorismo, terrorismo, tráfico de influencias y delitos conexos.
En el anteproyecto de ley, se endurecen las penas y amplía la lista de delitos. La legislación actual juzga a los ciudadanos que están involucrados directamente en malversar dineros de narcotráfico, caudales públicos, tráfico de personas, estafas o fraudes. La iniciativa complementará a otras leyes, facilitando a los entes impartidores de justicia perseguir, castigar y penalizar el delito a familiares y amigos de los que malversen o laven dinero.
En la propuesta de legislación se destaca la estrategia de asegurar y decomisar los bienes a terceros, una medida que antes no era utilizada y ahora se perseguirá el lavado de activos proveniente de la corrupción, mala administración, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
Las penas en la nueva Ley Contra el Delito de Lavado de Activos son más severas ya que la ley actual ha dado muy pocos resultados y por eso se busca mejorar. En ese sentido, se contemplan sanciones de 100 a 500 salarios mínimos mensuales más altas de la zona donde se incumpla la ley y los recursos generados por las sanciones firmes será un 60 por ciento para las instituciones administrativas que impusieron la multa y 40 por ciento para la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y deberán ser utilizados exclusivamente para fortalecer los procesos de prevención, detención y supervisión de los delitos tipificados en esta ley y en la Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo.
Con la nueva normativa se busca darle un golpe duro a las organizaciones de delincuentes, crimen organizado y narcotráfico y un elemento valioso es que con esta se perseguirá a quienes tengan bienes que provengan de ilícitos.
Asimismo, se crea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la presidencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y la Superintendencia de Sociedades Mercantiles, para monitorear movimientos financieros y creación de empresas, será una unidad muy técnica que estará permanentemente vigilando transacciones atípicas que podrían tener personas naturales y jurídicas.
Las reformas a la ley fueron consensuadas con sectores involucrados en el combate al delito del narcotráfico, como el Ministerio Público, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, así como la Corte Suprema de Justicia, entre otros.
En la sesión de este jueves, también se aprobó en primer debate las reformas a varios artículos de la Ley de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia.
