Ante la amenaza del COVID-19 y el Dengue: Comisionado Nacional de los Derechos Humanos señala urgencia de garantizar decisiones y medidas centradas en la protección y respeto de los derechos humanos, que resguarden la vida, salud y bienestar de los (as) habitantes, mediante la organización, coordinación y complementación funcional del Estado, para ello.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), desde el 2014, realiza supervisiones departamentales constantes y formula sistemáticamente recomendaciones para la mejora del Sistema Nacional de Salud. Hemos asimismo presentado dos informes especiales sobre el sistema, en su integralidad, con conclusiones y recomendaciones tanto en el 2014, como en el 2018. Para el 2019, se hizo el análisis correspondiente en el Informe Anual al Congreso Nacional, presentado en marzo recién pasado. En la actual “situación de emergencia sanitaria”, presentamos, el 16 de abril 2020, un Informe Preliminar sobre nuestras actuaciones. Hoy presento un segundo informe que será seguido mañana de la divulgación de recomendaciones al Poder Ejecutivo.
Este segundo informe, que hoy expongo, se contrae a dar respuesta cierta, legítima y responsable sobre la peligrosidad y complejidad de la actual crisis que amenaza diaria y progresivamente la vida y salud, así como el bienestar de los (as) habitantes. Situación que requiere de decisiones y medidas contundentes de protección del Estado que generen y fomenten la confianza de la población y su cooperación en la lucha decidida y frontal contra el COVID-19 y el Dengue.
No obstante la falta de gobernanza tradicional del sector salud, en función de la protección y respeto de la dignidad humana como centro de las decisiones y medidas, en el ámbito del desarrollo y bienestar social: en ésta crisis, está la oportunidad de mejorar la toma de decisiones y la adopción de medidas, posibilitando un mejor desempeño en éste sector; y de impulsar, sin tardanza, un servicio de salud, que garantice atención especial a la protección social del contagio y de los efectos adversos, presentes y por venir de esta pandemia y epidemia. Efectos que sufren, en mayor medida, las personas más vulnerables que son las personas en situación de pobreza, en las áreas urbanas marginales y zonas rurales.
Para ello, es necesario mantener persistentemente la relación entre salud y derechos humanos, en la lucha contra los virus y sus efectos. En consecuencia, el Gobierno tiene el deber de actuar proactivamente y ejecutar también acciones positivas para la protección y aseguramiento del respeto de los derechos a la vida, a la salud, a la integridad personal, a la igualdad, y la no discriminación y, en ese marco, exigir el cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de toda la población, incluyendo restricciones a garantías constitucionales, teniendo presente que esas restricciones, por la pandemia, no son suspensiones de derechos, ni mucho menos derogaciones, sino que únicamente limitaciones excepcionales a su ejercicio. Por ello, tales medidas deben ser temporales, necesarias, proporcionales y no discriminatorias. De no ser así, se entraría en el terreno de la arbitrariedad y vulneración de derechos humanos.
En ese orden de actuación, es importante la unificación del Sistema Nacional de Salud y de la protección social, bajo la rectoría y unidad de criterios de la Secretaría de Salud mediante la conformación progresiva de la red integral pública de salud a la cual debería vincularse lo aplicable de las actividades de los prestadores privados de servicios de salud, en su deber de complementar los servicios de ésa Red Integral Pública y, en las circunstancias actuales, atender los riesgos crecientes del contagio y de la propagación exponencial del COVID-19 y el dengue.
Doy consideración especial a lo que se espera, desde la sociedad, incluyendo la expectativa de que se atienda los consensos de los sectores científicos de salud, en las decisiones en cuanto a la mejor y esperada forma de contener la expansión del contagio o infección y asegurar su control, siguiendo sus recomendaciones validadas en cuanto a tratamientos que eviten la hospitalización de las personas contagiadas, para proteger mejor a la población, en especial a las personas que viven en situación de pobreza; y cumplir con el derecho de las personas a estar plena, veraz, debida y oficialmente informada sobre todas las decisiones y medidas que se adopten, explicando con claridad el fundamento y la razón de su adopción, de modo que la población lo comprenda y pueda conducirse conforme a esa información proveniente de la Secretaría de Salud como fuente única y responsable de la misma.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos continuará supervisando el ejercicio de las facultades de emergencia para resguardar el estado de derecho y los principios democráticos que deben regir nuestro país.
CONADEH, Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, 14 de mayo de 2020
