San Salvador – El ombudsman salvadoreño, David Morales, amparó hoy y emitió medidas cautelares a favor de dos abogadas querellantes del proceso penal contra el expresidente Francisco Flores (1999-2004), víctimas de persecuciones y amenazas desde que «han tenido una reconocida participación en este caso».
El titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) detalló en una conferencia de prensa que las abogadas amparadas son María Teresa Naves Medrano y Bertha María Deleón, de la Fundación de Estadios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
Además detalló que las querellantes han sufrido «amenazas telefónicas, vigilancia y persecución de sujetos desconocidos» y no descartó que estas sean actividades «arbitrarias por parte de instituciones del Estado», como la Policía y la Fiscalía.
«Hay un entorno de afectación al derecho a la seguridad de las querellantes, (…) es altamente preocupante que la labor que realiza una organización de derechos humanos y sus abogadas sufran este tipo de persecuciones», expuso Morales.
Agregó que estas acciones «revisten especial gravedad» porque podrían ser «represalias» encaminadas a obstaculizar la labor de las mismas en el caso contra el exgobernante Flores, acusado de corrupción.
El ombudsman exigió al ministro de Seguridad, Benito Lara, y al fiscal general, Luis Martínez, que ejecuten «medidas de protección» para las querellantes y que informen a la PDDH si existe alguna investigación abierta contra las abogadas querellantes.
Agregó que se ha informado sobre este caso a «todas las instancias internacionales que velan por los defensores de derechos humanos».
«Las querellantes y FESPAD son catalogadas como defensores de los derechos humanos y deben gozar de protección por parte del Estado en la realización de su labor», sostuvo Morales.
Flores es acusado de apropiarse de 5 millones de dólares y desviar otros 10 donados por Taiwán a El Salvador entre 2002 y 2003 para obras de reconstrucción después de dos terremotos que afectaron al país centroamericano en 2001.
Los pasados 5 y 6 de noviembre se realizó la audiencia preliminar, que fue aplazada hasta el 3 de diciembre, cuando el expresidente conocerá si es enviado a juicio.
La querella acusó, durante la referida audiencia, a la Fiscalía de favorecer al acusado al pedir que no fuera juzgado por lavado de dinero.
Según Deleón, durante la investigación previa, el ente fiscal «no solicitó elementos claves» como el «peritaje bancario para ver el recorrido del dinero» y no actuó de manera «conjunta» con la querella durante las indagaciones internacionales.
Tanto la Fiscalía como la defensa pidieron al juez séptimo de instrucción que expulsara a la querella del proceso judicial.
Según la acusación fiscal, Flores sumó 5 millones a su patrimonio personal y desvió otros 10 a un banco en Costa Rica y posteriormente a una cuenta en El Salvador perteneciente al partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que lo llevó al poder.
Tras estar prófugo unos cuatro meses, el expresidente se entregó a la Justicia el 5 de septiembre de 2014 y un juez le dictó arresto domiciliario, pero dicha decisión fue revocada por un tribunal superior y Flores pasó a una celda policial.
Sin embargo, se le restituyó el arresto domiciliario después de que en octubre de 2014 estuviera hospitalizado durante 19 días por una trombosis en una pierna.
Flores es el primer presidente de la historia reciente de El Salvador en ser procesado.
