Tegucigalpa – Un juzgado penal con jurisdicción nacional dictó sentencia condenatoria por el delito de lavado de activos al subcomisionado de la Policía, Normando Rafael Lozano López.
El oficial de Policía fue detenido con aproximadamente 226 mil dólares en su casa de habitación, ubicada en la colonia Quintas San Miguel del municipio de Choloma, Cortés, norte de Honduras el sábado 24 de noviembre del2012, durante una operación efectuada por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), y la Fiscalía Contra el Crimen Organizado (Fescco).
Investigaciones realizadas por la DLCN, establecen que el condenado tenía una relación con la organización criminal trasnacional, liderada por los hermanos de nacionalidad mexicana, Gregorio Ramírez Coria (detenido junto al hondureño Francisco Inestroza García a mediados de marzo del 2014, en Guatemala y en proceso de extradición hacia Estados Unidos), Policarpo Ramírez Coria, quien se desempeñó como policía federal en la Procuraduría General de la República en México en 2006, y Crescencio Ramírez Coria, todos ellos radicados en San Pedro Sula para realizar las operaciones de narcotráfico.
Todas esas personas forman parte de la estructura criminal del gigantesco cartel de Sinaloa, y quienes se habían establecido en Honduras haciendo de este país su centro de operaciones, ejecutando trabajos sistemáticos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y falsificación de documentos públicos entre otros.
Asimismo, esa organización coordinaba sus operaciones con Adolfo Eribel Rodríguez Barrientos Alias «El Cuache», de nacionalidad Guatemalteca (detenido en Belice y en proceso de extradición hacia EEUU), quien utilizaba papeles hondureños con el nombre Eduardo Sánchez Rodríguez.
La pena contra Rafael Lozano López, por el delito de lavado de activos podría ser de 15 a 20, años más un tercio de la misma por estar activo como oficial de policía.
En abril pasado, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), informó que en los primeros dos años de su administración, recibió 600 denuncias contra policías, las que en el último año alcanzaron las 800 y de ellas 70 por ciento son de acción criminal.
El otro 30 por ciento son para que la Fiscalía proceda al cierre administrativo de los casos cuando no hay indicios de responsabilidad penal.
En lo que va de 2015, la DIECP refirió al Ministerio Público más de 50 casos y los que los investigadores van finalizando, desde marzo y preparando un nuevo paquete porque esa institución prefiere mandarlos así en grupos de 50 o 100.
En la primera quincena de marzo, la DIECP anunció el envío de al menos 100 expedientes al Ministerio Público de agentes de la escala básica, clase I, clase II, comisarios y oficiales operativos acusados de varios delitos.
Por otro lado, actualmente se sigue un juicio criminal en contra de los nueve elementos de la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES), acusados del hurto de al menos 1.3 millones de dólares incautados a los hermanos Valle.
Esos policías son acusadas por el Ministerio Público por cometer los delitos de abuso de autoridad, hurto agravado y sustracción de elementos.
Los implicados en esos delitos son: Obed Diblain Hernández, Gerson Vidal Alemán, Edwin Antonio Midence, Elmer Orlando Mendoza Hernández, Pedro Zúñiga, Alejandro Rafael Díaz, Lot Avelar, Luis Enrique Godoy y Guillermo Alonzo Urbina.
La labor de la DIECP ha sido cuestionada por organizaciones como la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), que ha venido criticando la lentitud e ineficacia del proceso de depuración policial, pese al millonario presupuesto erogado.
