Tegucigalpa – El hallazgo en la cárcel de la central ciudad de Comayagua de una antena artesanal, instalada para lograr comunicación con el mundo exterior, vuelve a poner de manifiesto que en Honduras los reclusos se mueven al ritmo de los avances de las tecnologías de la información y la comunicación.
En este país es usual encontrar, durante los constantes operativos en cualquiera de las 28 cárceles, que los internos posean tabletas, aparatos móviles, amplificadores de banda ancha y señal de Internet, entre otros del sin fin de dispositivos que les facilitan la comunicación.
El tema es más grave porque informes de las fuerzas de seguridad reconocen que las cárceles hondureñas son verdaderos centros de operación de poderosas bandas criminales que tienen en su catálogo delictivo las extorsiones, sicariatos, secuestros, tráfico de drogas, entre otras actividades de gran peligro para la sociedad. En las cárceles de este país los presos se autogobiernan, se ha reconocido.
El significado de la antena artesanal
Por ello, encontrar una antena artesanal en la granja penal de Comayagua pareciera intrascendente sino fuera porque muestra la forma en que los convictos perfeccionan y se vuelven expertos en el desarrollo de las tecnologías de punta, una herramienta que les coloca con ventaja para cometer sus fechorías.
Los resultados del operativo realizado en las últimas horas en la Granja Penal de Comayagua, han puesto al desnudo que los privados de libertad se las ingenian para mantenerse conectados con el mundo exterior, a través de la tecnología de las comunicaciones, aunque los aparatos para ese fin sean fabricados de manera artesanal.
En el operativo realizado el lunes en el penal de Comayagua, las autoridades encontraron televisores de plasma, antenas artesanales para piratear Wi Fi, armas, drogas y dinero en efectivo.
Sorprendente decomiso
Un oficial de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), detalló que se decomisaron 10 televisores plasma, algunos de los cuales están provistos para recibir señal de Wi Fi e Internet, lo que esa dependencia supone eran utilizados para enviar mensajes a través de correos electrónicos o redes sociales hacia el exterior de la cárcel.
También se decomisaron 10 armas cortopunzantes, cuatro teléfonos celulares con doble chip o Simcard, seis memorias USB, supuesta droga y cierta cantidad de dinero que se presume es producto de la venta del sicotrópico.
En ese sentido, con los resultados del operativo quedó al desnudo que los privados de libertad en las cárceles hondureñas siguen conectados a la gran autopista de la Internet, pese a que existe una legislación que prohíbe la señal de telefonía móvil y otros servicios de telecomunicaciones en los centros penales del país.
¿Quiénes llevan ventaja en infraestructura tecnológica?
— Proceso Digital (@ProcesoDigital) 27 de diciembre de 2016
Una ley que no se cumple
El Congreso Nacional de Honduras aprobó en 2013 y amplió en 2014, una ley para el bloqueo de llamadas en los centros penales a través de servicios de Internet, Wi Fi y telefonía satelital.
La prohibición incluye los servicios de comunicaciones personales globales móviles (GMPCS), servicio de telefonía móvil celular, servicio de comunicaciones personales (PCS), servicio repetidor comunitario, servicio móvil terrestre, servicio móvil de canales múltiples de selección automática (radio troncalizado), servicio de telefonía, servicio de Internet o acceso a redes informáticas, servicio de videoconferencia, servicio de radioaficionados y el servicio de transmisión y conmutación de datos.
Asimismo, la televisión por suscripción por cable, televisión por suscripción por medios inalámbricos, televisión interactiva por suscripción, móvil por satélite, servicios de valor agregado y demás servicios de telecomunicaciones.
El decreto también establece que los proveedores de los servicios de telecomunicaciones precitados autorizados por Conatel, deben implementar medidas técnicas que bloqueen la prestación de sus servicios de telecomunicaciones dentro de los recintos de los centros penitenciarios, granjas penales y centros de internamiento de menores.
Agrega que los operadores de los servicios de telefonía móvil celular y comunicaciones personales (PCS), están obligados a proponer soluciones técnicas que permitan el bloqueo de señales en todos los recintos de los centros penitenciarios, granjas penales y en los centros de internamiento de menores.
Sin embargo, ante las limitaciones o bloqueos interpuestos por las empresas proveedoras de servicios de telefonía móvil, Internet y televisión por cable, los privados de libertad han ido más allá para asirse de sus propios sistemas tecnológicos, aunque sea de manera artesanal.
Conatel debe actuar
En dialogo con Proceso Digital, el presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana del Congreso Nacional, diputado Tomás Zambrano, refirió que el decreto que contiene la Ley de Limitación de Servicios de Telecomunicaciones en Centros Penitenciarios, Granjas Penales y Centros de Internamiento, inicialmente fue aprobado en 2013 y reformado en 2015 para ampliar la prohibición a los servicios de Wi Fi, internet, tabletas y redes sociales, entre otros, porque eran utilizados para cometer actos delictivos.
Indicó que mediante la ley únicamente se permite que los privados de libertad tengan acceso a la televisión análoga con antena, pero no el servicio de cable y Wi Fi.
Zambrano es del criterio que corresponde a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) buscar la forma de bloquear esas señales.
Los mismos agentes que participan en las operaciones opinan que en las cárceles hondureñas parece que es la de nunca acabar, ya que en todos los operativos que se practican en los presidios se decomisan teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos como laptop, memorias USB y iPad, que sirven a los reclusos para comunicarse y dar instrucciones a cómplices en el exterior para cometer ilícitos como la extorsión y el sicariato.
Igualmente, las compañías telefónicas parecen no acabar de asumir sus responsabilidades frente a lo que manda la ley.
El desgobierno en las cárceles ha obligado al Ejecutivo hondureño a enviar a cárceles de máxima seguridad a peligrosos criminales, quienes lideran bandas de las más temibles actividades. Para ello se ha habilitado un ala de la cárcel bautizada como El Pozo , ubicada en el occidental Santa Bárbara.
Mientras tanto, en el resto de las cárceles hondureñas, es usual encontrar los más sofisticados aparatos tecnológicos al servicio del crimen y potentes arsenales compuestos por poderosas piezas de guerra, tal y como ocurrió este mes en la cárcel de la norteña San Pedro Sula.
De tal suerte que en el sistema carcelario, al que cada vez se le agregan interminables “anillos de seguridad”, no se ha logrado contener la ola criminal que aflora desde las llamadas “universidades del crimen”.
