Tegucigalpa – El tema del financiamiento político en las campañas electorales para evitar el ingreso del dinero sucio, nunca cobra tanta importancia para Honduras como en esta coyuntura, cuando la clase política y demás sectores están obligados a cerrar filas para evitar que ser el espejo de Guatemala, donde desde un partido político y los grupos de poder visibles e invisibles hicieron fiesta con los recursos públicos, según pesquisas fiscales y de la CICIG.
Las últimas investigaciones guatemaltecas a cargo de la Fiscalía de la República y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), revelan que desde el 2009 -antes de asumir el poder- el Partido Patriota (PP) del ex presidente Otto Pérez, montó toda una maquinaria que implicó redes burocráticas, políticas y empresariales para drenar los recursos del Estado una vez que llegaran al poder.
De acuerdo a los informes de la CICIG y la Fiscalía guatemalteca, esta actividad se habría diseñado durante la campaña del PP, justo después de perder las elecciones de 2007 y seguía funcionando durante el ejercicio de gobierno del 2012-2015.
Detectaron así tres modalidades de financiamiento electoral ilícito que abarca desde el sector privado, financiero, de medios de comunicación hasta empresas fantasmas que en conexión con redes burocráticas del aparato guatemalteco operaron como reloj suizo antes y durante estuvieron en el poder.
“La maquinaria ilícita de lavado de dinero que les sirvió para llegar al poder siguió operando y se amplió a partir del año 2012. Para ello se valieron de operadores claves a quienes se les asignaron determinadas instituciones, los cuales respondían a un mando único integrado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti”, señala el informe denominado “Cooptación del Estado”.
“Desde ahí se coordina todo un andamiaje paralelo que opera en función de los intereses del grupo criminal, por medio de cobro de comisiones en contratos con el Estado, así como asignación de obras y servicios, entre otros”, sostiene el informe oficial.
La participación del Partido Patriota y sus principales actores ha sido develada en este nuevo escándalo por el cual se le ha abierto una nueva causa al ex presidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, así como a otras 42 personas de las elites políticas, financieras, empresariales y burócratas guatemaltecas.
Una ley que podría llegar a tiempo
Es tan grande el número de implicados en este caso de cooptación del Estado desde un partido político que en la primera audiencia en los tribunales, ésta tuvo que suspenderse porque los imputados no cabían en la sala y hubo que buscar otro espacio. Hoy varios de los prófugos, entre ellos un ex gerente de un banco y una ex asistente de Baldetti, se entregaron a la justicia para rendir sus declaraciones.
La corrupción en Guatemala penetró tanta la institucionalidad y el Estado que salpicó a los partidos políticos, en especial al PP, que llevó al poder a Pérez Molina y Baldetti. Actualmente, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, estudia anular la personería jurídica de ese partido por estar implicado en lavado de dinero y otras formas criminales de corrupción.
Guatemala y sus aristas de corrupción son un espejo a seguir de cerca en Honduras, donde también se libra una campaña anticorrupción que acompaña el Estado y la sociedad desde sus distintos espacios.
El caso del Partido Patriota es para los analistas una especie de alerta temprana para blindar a los partidos políticos hondureños de este tipo de redes lícitas e ilegales que quieren obtener canonjías del Estado al margen de la licitud.
De ahí que en los meses de julio y agosto de este año -antes de que salga el banderillazo electoral para las elecciones primarias e internas- los legisladores hondureños anunciaron que aprobarán una ley que pondrá límites al financiamiento de las campañas políticas para evitar el ingreso del dinero sucio.
La propuesta saldrá de los consensos de tres iniciativas que tienen en la actualidad, la primera de ellas enviada desde el despacho del presidente Juan Orlando Hernández, así como de los aportes que hará la Misión de Apoyo en la lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Diputadas como la pinuista Doris Gutiérrez está convencida que se debe blindar en esta ley cualquier atajo al financiamiento ilícito.
Gutiérrez ha llamado a seguir de cerca la experiencia guatemalteca y es del criterio que en esta ley sobre la regulación al financiamiento de las campañas políticas, Honduras tiene una coyuntura oportuna para enviar claros mensajes a aquellos aportantes que a cambio de apoyo financiero quieren quedarse con el Estado o parte de él.
No hay techos, solo propuestas
Por ahora hay propuestas para poner un techo de un millón en calidad de donativos para un aportante, pero los expertos mexicanos de la MACCIH, que están asesorando a los congresistas indicaron que esas son ideas, pero no hay techos límites aún.
Así lo indicó María del Pilar Hernández, experta mexicana que colabora con la MACCIH y el PNUD en el asesoramiento de esta iniciativa de ley que será introducida al parlamento por los diputados para ser aprobada antes de los comicios internos o primarios.
Hernández dijo que en este momento trabajan en definir la metodología para la conducción de un debate y una propuesta de ley que permita identificar los frenos al financiamiento ilícito a raíz de experiencias exitosas y otras no tan exitosas para sacar así una buena ley hondureña que sea modelo en la región.
Algunos parlamentarios han mostrado desacuerdos en cuanto a poner límites a las donaciones privadas.
De ahí que estos dos meses serán intensos en cuanto a la forma que darán a la nueva ley, la cual será una de las muchas acciones con las cuales se piensa blindar este proceso electoral, ante las sospechas que el financiamiento ilícito procedente de la delincuencia organizada habría penetrado ya algunos gobiernos locales o municipalidades. La clase política parece estar preocupada y quiere extirpar un mal a tiempo antes que haga metástasis. Guatemala es por ahora el mejor espejo.
