Tercera oleada prevé depurar un centenar de subcomisionados

Tegucigalpa – Se prevé que la mayoría de 108 subcomisionados saldrán bien librados del filtro de la Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional, que se apresta a presentar un informe sobre quienes seguirán y los que deberán salir de la institución.

– Depuradores denuncian amenazas de muerte, pero aseguran no claudicarán en sus esfuerzos por limpiar la Policía.

– Hay reuniones de grupos en las que reiteradamente se mencionan los nombres de los miembros de la Comisión, denunciaron los depuradores.

De momento en el caso de los nueves comisionados generales de la Policía, únicamente tres -Félix Villanueva, Héctor Iván Mejía y Quintín Juárez- fueron ratificados, tres cancelados, dos suspendidos y uno está pendiente de resolución para cuando retorne de vacaciones.

El segundo filtro, continuando la depuración de arriba hacia abajo como prometió la Comisión Especial, evaluó a 47 comisionados, de los que 16 fueron ratificados, cuatro se retiraron voluntariamente, cuatro suspendidos por estar señalados de participar en los asesinatos de Julián Arístides González y Alfredo Landaverde, y los 23 restantes fueron cancelados.

Para el viernes de esta semana se tiene previsto que la Comisión de Depuración presente el próximo informe sobre el futuro que deberán seguir 108 subcomisionados de la Policía. Sin embargo por la cantidad de expedientes a revisar podrían tomarse determinaciones hasta la próxima semana, aunque sin resultados dramáticos.

Proceso Digital conoció que las tareas que desempeñan los subcomisionados son distintas a las primeras escalas depuradas, por lo que no se prevén tantas cancelaciones.

La Comisión se reunió con el exsecretario de Seguridad, Arturo Corrales, el lunes en horas de la mañana y con el general Juan Carlos Bonilla, este miércoles en horas de la tarde. Se está a la espera de reunirse en los próximos días con la comisionada María Luisa Borjas.

Quejas de depuradores

Miembros de la Comisión Especial han coincidido haber encontrado poca información de los miembros de la carrera policial, incluso el pastor Alberto Solórzano dijo que “hice más travesuras yo en la escuela que muchos oficiales con 30 años de servicio”, en referencia al volumen de los expedientes que han logrado constatar.

omarRIDe su lado, Omar Rivera -otro de los depuradores- concordó que “en general hemos encontrado poca información, da la impresión que a lo largo de las últimas décadas los distintos operadores de justicia y entidades contraloras del Estado no hicieron adecuadamente su trabajo, ni dieron seguimiento, no evaluaron la conducta de los distintos funcionarios, da la impresión que no se le dio persecución a los delitos que miembros de la escala básica y de la alta oficialidad de la Policía habían ejecutado”.

A renglón seguido, apostilló que “hoy tenemos poca información, sin embargo estamos haciendo un esfuerzo por consolidar lo que tenemos para en función de eso poder actuar para determinar quiénes son los idóneos para continuar en la carrera policial”.

Rivera reveló que incluso han hecho esfuerzos por recopilar información vía gobiernos extranjeros. “Ese tipo de información calificada que nos permita tomar decisiones para únicamente dejar en la institución aquellos que han tenido muy buen desempeño y una hoja limpia”.

Turno de subcomisionados

Omar Rivera dijo que en el caso de 108 subcomisionados que son evaluados se hacen un esfuerzo mucho más riguroso que los primeros (generales y comisionados).

“Ahora, es muy importante que se sepa quiénes han sido ratificados en sus puestos y que han sido habilitados para continuar en la institución policial, no se les está dando un cheque en blanco, sino que van a ser sometidos a un riguroso proceso de certificación y es posible con la ayuda externa que nos permita de una vez por todas a los hondureños estar seguros de que quien forma parte de la Policía es idóneo, tiene un buen desempeño y es digno de confiar”, arguyó.

Posterior a los subcomisionados el turno le llegará a los de escala básica, que son la mayoría de los 14 mil miembros de la institución del orden público.

Sobre el extremo si exministros de la Secretaría de Seguridad pasarán el mismo filtro de los miembros de la carrera policial, Rivera aclaró que “no es mandato nuestro depurar la clase política de este país, es responsabilidad del electorado cada cuatro años, lo que sí está claro es que si nosotros conocemos de algún acto delictivo, alguna acción por omisión cometida por algún exfuncionario público, sea este policía o no, vamos a ponerlo en conocimiento de las autoridades correspondientes”.

Depuradores bajo amenazas

Rivera dijo que no le temen a las amenazas que han recibido de algunos grupos inconformes por las ejecutorias de la Comisión y advirtió que “pierde el tiempo quien quiera amedrentarnos, el compromiso lo tenemos no por este nombramiento, desde hace mucho tiempo hemos venido demandando una profilaxis, independientemente de los riesgos que esta tarea incluya”.

Reiteró que “tenemos el compromiso de actuar con celeridad, pero con responsabilidad en el marco de respeto a la ley y actuando circunscritos a las facultades que el decreto de emergencia nos da”.

El pastor Alberto Solórzano fue más allá al citar que tienen conocimiento que en reuniones de grupos -que no identificó- se mencionan los nombres de los depuradores, sin embargo eso no les genera temor porque han iniciado un trabajo comprometido con el futuro de Honduras.

Consultado sobre si recibe amenazas de muerte por el trabajo de la Comisión, refirió que “claro, tenemos amenazas. Sabemos de reuniones que ha habido de parte de gente que han barajado nuestros nombres y han hablado de nosotros… es parte de la responsabilidad y el riesgo que tenemos”.

Repreguntado sobre quiénes sostienen esas reuniones, dijo que no podía ofrecer mayores detalles, aunque insistió que “otros sectores del país siguen cuestionando que la iglesia integre la Comisión. “Estamos aquí con un compromiso ciudadano, como cristianos, estamos cansados, al igual que toda la ciudadanía, de ver cómo otras instituciones del Estado estén vinculadas a situaciones que no son apropiadas”.

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