Tegucigalpa – Luego de la publicación del influyente diario norteamericano New York Times (NYT), que señala el involucramiento de altos oficiales de la Policía hondureña en crímenes de alto impacto como los asesinatos de los zares antidrogas Alfredo Landaverde y Julián Arístides González, se colige que son inminentes requerimientos fiscales por parte del Ministerio Público.
– Ahora existen retazos de información que deben ser valorados, refirió el mandatario Hernández en torno a señalamientos contra altos cargos de la Policía.
– Algunos de los referidos en el informe, niegan su participación en los crímenes e incluso han dejado entrever que en su momento hablarán lo que saben.
– El general Ramírez del Cid dijo que tras la publicación vienen requerimientos fiscales para él y el general José Luis Muñoz Licona.
Asimismo, se prevé que la Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional deberá preparar la documentación para iniciar las acciones legales que sustentes eventuales acusaciones de la Fiscalía hondureña.
¿Cómo califica la publicación del diario @nytimes sobre crímenes cometidos por oficiales de @PoliciaHonduras?
— Proceso Digital (@procesodigital) 16 de abril de 2016
Uno de los párrafos del informe periodístico da cuenta que: “Al General Arístides González lo mandaron a matar dos directores generales de la policía de Honduras que dirigieron la institución entre 2010 y 2013, los generales José Luis Muñoz Licona y José Ricardo Ramírez del Cid, que según la investigación de la propia policía, trabajaban para el Cartel del Atlántico junto con más de dos docenas de oficiales de diversos rangos”.
El propio presidente Juan Orlando Hernández requirió al Ministerio Público y a la Comisión Especial de Depuración para que inicien lo que en materia legal les corresponde.
“Toda esta información que va saliendo le va permitir a los entes investigadores del Estado y particularmente al Ministerio Público, poder empezar a hilvanar toda esa información que oficialmente de alguna manera no se daba a conocer, sea de manera que la escondían o no la encontraban, de cualquier manera que haya sido hoy hay retazos de información surgiendo”, apostilló el presidente.
Hernández fue más allá y exteriorizó que: “A mi juicio tendrán que llamar a todos los oficiales y las personas que se mencionan, a todos los ministros, todos los directores y de esa manera buscar las conclusiones que nos permitan judicializar los casos”.
Las aseveraciones del jefe del Ejecutivo fueron vertidas tras conocerse con nombres y apellidos los miembros de la cúpula policial que perpetraron los crímenes de impacto aprovechando el entramado de sicariato y ligues con el narcotráfico que desde el Cuartel de Casamata se gestaban.
Tarea también de los depuradores
En torno a la Comisión de Depuración de la Policía hondureña, el gobernante Hernández manifestó que este cuerpo legal tiene la obligación de mandar a llamar a los personajes que se mencionan en el informe del diario norteamericano.
“Tienen que revisar estos informes para que a quienes ellos vayan a separar de la Policía, sea con nivel de información mínima o máxima, que todos esos elementos vayan al Ministerio Público para que se puedan armar los expedientes”, sugirió.
Citó que cuando armó esta Comisión de Depuración también hizo un llamado público a otras instituciones para que presentaran toda la información que pudiera servir para elaborar expedientes de soporte para sacar a los malos agentes del cuerpo del orden.
Todos rechazan señalamientos
Uno de los primeros en reaccionar tras publicarse el informe de NYT fue el exdirector de la Policía Nacional, José Luis Muñoz Licona, quien rechazó una vez más estar involucrado en el asesinato de Alfredo Landaverde, ocurrido en diciembre de 2011.
Muñoz Licona exteriorizó: “lamento que se publiquen este tipo de desinformaciones, no sé con qué intenciones, pero ante esto hay que enfrentar la situación, hacer las acciones legales correspondientes ya que se han hecho aseveraciones temerarias, bastantes fuertes; lamentablemente me siento como frustrado al conocer estas situaciones”.
“Esto preocupa porque se llevan el honor, se llevan todo lo que está alrededor de uno y eso es delicado”, valoró el oficial.
De su lado, el también exjerarca policial, Ricardo Ramírez del Cid, se pronunció en iguales términos que su colega Muñoz Licona al grado que calificó la publicación como “una cortina de huma” por la llegada al país de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH).
“Hay algo feo, manipulado e inventado” y se debe hacer una investigación para dar con los verdaderos criminales, demandó Ramírez del Cid.
Continuó que “todo esto lo veo como una trama, una novela o una película… y hay personas interesadas en hacernos daño. Lo miro dañino, complicado, se va a hacer más daño que otra cosa. Si no se investiga aquí van a perjudicar a inocentes”.
Sobre la publicación del diario estadounidense, refirió que “veo algo raro, no correcto, ni en base a derecho”, al tiempo que calificó los documentos usados en el reportaje como “fraudulentos”.
Reflexionó que detrás del informe hecho público este sábado, vienen consecuentemente requerimientos fiscales en su contra, así como contra el comisionado general José Luis Muñoz Licona.
Nadie va a aceptar los cargos
“Nadie va a aceptar que participó en hecho ilícitos”, dijo en respuesta la comisionada María Luisa Borjas, al tiempo que mencionó: “no existe la tan llevada y traída depuración policial y más bien se ha ascendido a oficiales con procesos penales pendientes”.
Mencionó que ahora entra en funcionamiento la capacidad de los operadores de justicia para probar la participación de exaltos cargos en asesinatos como el de Julián Arístides González y Alfredo Landaverde.
La comisionada Borjas dijo que en la contaminación de la Policía han participado autoridades del Ministerio Público, Poder Judicial y otras esferas del ambiente político.
Consultada sobre si conocía la participación de altos oficiales en crímenes emblemáticos, Borjas fue tajante: “Yo tenía conocimiento de varios oficiales, presenté en mi oportunidad cuando fui jefe de Asuntos Internos, los informes correspondientes con nombres, fechas y detalles. No solamente se los presenté al entonces ministro de Seguridad, Óscar Álvarez; a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales; al fiscal general del Estado de ese momento y al titular del Poder Legislativo que era Porfirio Lobo Sosa; y al comisionado nacional de los Derechos Humanos”.a
