Tegucigalpa.- El tema de la depuración policial en Honduras ha entrado a una nueva etapa de emergencia, al ser aprobado por el parlamento un decreto enviado por el ejecutivo que busca acelerar el proceso de limpieza en una institución con un alto déficit de credibilidad por su presunta vinculación con hechos ilícitos, entre ellos crímenes de alto impacto. Es el tercer intento en un poco más de dos décadas.
Los diputados respondieron así a la iniciativa del presidente Juan Orlando Hernández que busca devolver la confianza ciudadana en el ente responsable de garantizarles su seguridad y convivencia pacífica como es la Policía Nacional, un organismo que por más de dos décadas busca encontrar una identidad propia tras su paso de la égida militar al poder civil.
La decisión del mandatario hondureño de acelerar la depuración policial como opción final de rescate, obedece al menos a tres factores: el primero a las últimas denuncias que evidencian la presunta implicación de sus efectivos, entre ellos oficiales, en el asesinato de personajes destacados como el zar antidroga Julián Arístides González (2009), el experto en temas de droga y ex director del disuelto Consejo Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, Alfredo Landaverde (2011) y el fiscal en temas de lavado de dinero y activos, Orlan Chávez (2014).
Revelaciones periodísticas indican cómo estas muertes fueron presuntamente planificadas por las cúpulas policiales y cuadros intermedios, cómo la depuración aún no toca fondo y cómo muchas de esas estructuras supuestamente implicadas siguen intactas en puestos de mando u operativos en la Policía Nacional de la Secretaría de Seguridad.
El segundo factor se relaciona con los apoyos que el presidente Hernández ha hecho por modernizar y equipar a la Policía Nacional, dotándoles de herramientas y algunas mejoras para fortalecer su institucionalidad policial, pero los últimos sucesos producen a su administración un desencanto que le llevó a recordarles lo que una vez les dijo: O lideran la depuración o cerramos la policía.
La fuerza de los hechos ante los relatos difundidos en los medios de comunicación social que siguen llenando páginas enteras de tinta, no dejó otra opción al gobernante que la de acelerar la depuración con un decreto especial de amplia discrecionalidad que permita en un plazo de doce meses adecentar la institución o sentar las bases para dar al país una policía más confiable, creíble y menos opaca.
El tercer factor que lleva a tomar estas acciones extremas, en donde posiblemente tendrán que rodar muchas cabezas para un mensaje de fuerza que indique que se está ante un cambio real, es el hartazgo ciudadano frente a la impunidad con que se mueven los operadores de justicia.
La crisis de la Policía Nacional es solo un capítulo de una avalancha en que se han visto envuelta el resto de operadores de justicia: jueces, fiscales, auditores, magistrados, concejales, entre otros.
Es esa impunidad, esa discrecionalidad para operar la que hizo que el país pidiera a la OEA apoyo para instalar lo que ahora se conoce como la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) con un amplio mandato parar entrar a fondo en la institucionalidad de los operadores de justicia a fin de adecentarlos.
Los primeros intentos
En el caso de la Policía Nacional, este decreto de emergencia que se acaba de aprobar no es el primer intento por depurar. Es el tercero y se espera que sea el último, la estocada final para limpiar.
El primer intento de depuración policial se produjo a mediados de los años noventa del siglo pasado en el gobierno del ex presidente Carlos Roberto Flores, en el marco del proceso de desmilitarización iniciado por su antecesor, el extinto gobernante Carlos Roberto Reina.
Escándalos policiales vinculados con extorsiones, secuestros, violaciones humanitarias, robo de vehículos, entre otros, llevan al ex presidente Flores a nombrar el primer ministro de seguridad civil en la historia del país, en la figura del abogado Gautama Fonseca—fallecido en 2013—y que impulsó la primera oleada de limpieza a lo interno de la policía con la separación de un poco más de 123 efectivos, algunos de los cuales por cuestiones legales fueron reintegrados en el tiempo.
Esa depuración fracasó porque no se le dio continuidad, las políticas de mano dura se impusieron ante la aparición del fenómeno de las pandillas y la Policía Nacional siguió contando entre sus filas con policías militares de la vieja guardia. Esos gobernaron desde el siglo pasado hasta el actual.
Los problemas de inseguridad se concentraron en “atacar” al enemigo externo, como parte también de una estrategia regional de seguridad sin mirar los poderes o mafias internas que se estaban fortaleciendo en la policía. La depuración fue más discursiva y menos efectiva. Fracasa así el primer intento.
El segundo, se produce tras la muerte de los universitarios hace casi cinco años, entre ellos el hijo de la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos y el de doña Aurora Pineda. Ese hecho implicó a policías y su accionar desnudó lo que se llamó como los “carteles” internos policiales. Así se identificó al llamado “cartel de La Granja”, “el cartel de Belén”, “el cartel de la San Miguel”, entre otras tantas denominaciones. Fue en el gobierno del ex presidente Lobo Sosa.
Nuevamente se habla de depuración policial y de medidas extremas para acelerar el proceso. Se crea la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y la Comisión de Reforma para la Seguridad Pública, ambos esfuerzos fracasan por falta de voluntad política para entrar al fondo del proceso.
Llegaron expertos chilenos, colombianos, estadounidenses y de la OEA para diagnosticar un enfermo que había entrado en fase terminal pero con una capacidad de metamorfosis resistente a los cambios. Ellos dieron 15 años a la depuración si ésta era continua, pero no fue así.
En tanto la Comisión de Reforma para la Seguridad Pública fue disuelta al año y medio de haber sido creada y aunque dejó un legajo de propuestas de leyes para acelerar la reforma, las mismas fueron archivadas. Y esa misma suerte parece que correrá la DIECP al desaparecer cuando se apruebe—otra vez—una nueva ley orgánica de la policía.
El ahora o nunca
Los esfuerzos gubernamentales por modernizar la policía, cambiándoles uniformes, nombres en algunas de sus dependencias y hasta modernas instalaciones físicas que la llevaron a dejar el “cuartel negro” como se conoce a Casamata, no fueron suficiente ante el último escándalo.
Se entra así al tercer intento por depurar a fondo—y de una vez—la Policía Nacional, pues de los carteles delictivos que trascendieron hace cinco años, ahora se les perfila como especialistas en crímenes de alto perfil con supuestos vínculos también a carteles de la droga con quienes co-gobernaban la seguridad ciudadana.
De ahí que la cámara legislativa con los partidos políticos ahí representados, atendiera el llamado del Ejecutivo para aprobar un decreto de emergencia y seguridad nacional para el proceso de depuración de la policía, una carta que antes habían solicitado otras autoridades pero les fue negada. Pero la fuerza de los hechos en esta nueva etapa, no daba espacio a nuevas negativas porque la situación tocó fondo.
Honduras entra así a lo que podría ser la estocada final para sacudir los cimientos de la policía. Una comisión especial nombrada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, bajo la égida del titular de la Secretaría de Seguridad, tiene el desafío de cumplir con el último beneficio de la duda otorgado por el mandatario Hernández y el parlamento: depurarse a sí mismos. La pregunta es: ¿será la tercera la vencida?…
