Tegucigalpa.- Conocida la lista de los 45 candidatos a ser sometidos a la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia a manos del Congreso Nacional el próximo 25 de enero, varias fueron las sorpresas que caracterizaron este proceso, siendo una de ellas que 14 de los nominados salieron bajo la figura de auto propuestos, en contraste con la baja incidencia que tuvieron en el mismo algunas de las organizaciones que conformaron la disuelta Junta Nominadora.
De los casos 45 candidatos nominados, las Centrales Obreras, por ejemplo, de sus propuestos apenas salieron dos (2), el Colegio de Abogados tres (3); el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) cuatro (4) y las organizaciones de sociedad civil cinco (5). Siguieron en el orden, el Claustro de Profesores de las Facultades de Derecho con cuatro (4); el Cohep con siete (7) y la Corte Suprema de Justicia con siete (7).
La Junta Nominadora responsable de todo este proceso la integraron: la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados de Honduras, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh); el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el Claustro de Profesores de las Facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas; las Centrales Obreras y las Organizaciones de Sociedad Civil.
Pero sus propuestos, 20 por cada organización, no fueron los más favorecidos en la etapa final de las nominaciones, al ser la figura de los auto propuestos la que dominó la lista de 45, seguidos de la Corte Suprema de Justicia y el Cohep.
Prevalece inequidad de género
Otro elemento a destacar en este proceso es que la inequidad de género prevaleció a lo largo del proceso de la nominadora, en especial entre las organizaciones integrantes de la Junta Nominadora, donde sectores como el Cohep, para el caso, no propusieron en su lista de 20 precandidatos a ninguna mujer, el Colegio de Abogados apenas incluyó dos, la sociedad civil tres, el Conadeh cuatro; el Claustro de Profesores, los obreros y el poder judicial siete.
Fue precisamente en la categoría de los autos propuestos en donde se produjo la equidad de género con 18 hombres y 18 mujeres.
Pero al momento de la selección de la nómina de 45 candidatos, 15 de ellos son mujeres, de las que tres (3) salieron de la lista de auto propuestos, según las últimas tabulaciones hechas por el Judileaks de la Asociación por una Sociedad Más Justa (ASJ), que aglutina un pool de organismos que han venido tomando el pulso al proceso de la selección y elección de la próxima Corte Suprema de Justicia.
De los 45 nominados destacan un actual magistrado que aspira ser reelecto en la figura del abogado Jacobo Cálix, del departamento de Lempira, le sigue el actual coordinador de fiscales, Rolando Argueta, también de Lempira y el subprocurador de la república, Abilio Serrano.
De los actuales magistrados de la Corte Suprema que se propusieron para la reelección solo Jacobo Cálix pasó el colador e igual suerte corrieron los integrantes del Consejo de la Judicatura que tampoco salieron en la nómina de 45.
Curiosamente algunos de los aspirantes rankeados entre los 10 mejores en la medición que hizo Judileaks tomando en cuenta criterios internacionales para la elección de grandes Cortes de Justicia que aplica la Fundación para el Debido Proceso Legal, con sede en Washington, muy pocos fueron los seleccionados por la Junta Nominadora, última que optó por potenciar más a los que incluso salieron entre los menos rankeados y con más bajas puntuaciones durante las audiencias públicas realizada por la ya disuelta Junta Nominadora.
Los altibajos del proceso
Otro hecho curioso en esta nominación es que muchos de los seleccionados obtuvieron puntajes de 43%, 63%, 70%, 83% y hasta 100% de acuerdo a su participación y desempeño en las audiencias públicas. Algunos de esos porcentajes con que salieron ciertos candidatos nominados son más bajo que el índice académico de 70 por ciento que exige la UNAH y la misma Secretaría de Educación Pública.
El proceso de selección y elección de los 45 nominados, se caracterizó también por el inusual protagonismo que tuvo la embajada de Estados Unidos acreditada en el país, con el envío—a petición de los nominadores—de al menos tres listas con el nombre de aspirantes a quienes objetaba y pedía investigar por presuntas relaciones ilícitas y de criminalidad organizada.
De esas listas, una de 24, otra de 8 y una de 19, al menos más de 20 quedaron fuera del ojo de escogencia de la Junta Nominadora, pero otros lograron ser incluidos pese a la designación de la embajada americana porque de acuerdo a los nominadores no habían pruebas suficientes y los aspirantes lograron desvanecer las supuestas dudas en su contra.
El proceso corrió así entre altibajos, siendo el último de ellos la sanción que les impuso el Instituto de Acceso a la Información Pública por negar información pública y no colgar en su portal de transparencia información que ordena la ley de transparencia y acceso a la información pública.
El IAIP sancionó a la Junta Nominadora—el último día de funciones—con tres salarios mínimos y aunque la misma ya está disuelta, de acuerdo a los procedimientos legales será la Procuraduría de la República quien decidirá la suerte de esa sanción en vista que la nominadora se disuelve automáticamente una vez que entrega la lista de los 45 nominados.
La Junta Nominadora, quien para muchos sectores tuvo una participación medianamente aceptable, se quejó de lo que llamó “obstáculos” de sectores que no identificó porque le presionaron durante el proceso, pero a diferencia de las otras dos juntas nominadoras que le antecedieron, la junta que acaba de cesar se encontró con una sociedad civil que haciendo uso de la tecnología les tomó el pulso durante las audiencias públicas y otros requisitos que debían cumplir por ley, además de un IAIP que también hizo su rol de ente regulador en el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública.
En la recta final, de las lista de 45 nominados, 22 son nacionalistas, 22 liberales y uno independiente que durante las audiencias no se identificó con ningún partido político, y la apuesta entre algunos parlamentarios, es escoger entre la nómina una especie de balance entre lo político y lo técnico. Será el 25 de enero cuando se conozca el nuevo rostro de la Corte Suprema de Justicia.
