Tegucigalpa – El Poder Judicial de Honduras inauguró este lunes las operaciones de los Tribunales en materia de Corrupción, circuito jurisdiccional compuesto por Juzgados de Letras, Corte de Apelaciones y Tribunal de Sentencia, que tendrán competencia territorial nacional.
Honduras es el primer país en Centroamérica y el segundo en América Latina, después de Perú, en contar con órganos jurisdiccionales específicamente sobre corrupción pública.
Para la conformación de estos Juzgados, se realizó un intenso trabajo en el Poder Judicial, tras el desarrollo y ejecución de un protocolo de selección que permitió la escogencia de los mejores profesionales que, de acuerdo a su idoneidad y meritocracia, desempeñarán los diferentes cargos en el circuito jurisdiccional en materia de Corrupción.
La Corte Suprema de Justicia, mediante Acuerdo Número 01-2016 del 03 de mayo de 2016, decidió crear los Juzgados de Letras, la Corte de Apelaciones y Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en materia de corrupción, con sedes en Tegucigalpa y San Pedro Sula, los cuales funcionarán para la atención exclusiva de delitos que tienen su origen en hechos o actos de corrupción.
Estos órganos jurisdiccionales tendrán como competencia los delitos contra la propiedad, contra la economía, contra la administración pública, delitos financieros, delitos en la administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones y sus penas, así como delitos forestales.
La Comisión de Selección creada para ese efecto, realizó su trabajo de manera objetiva e imparcial con la veeduría y acompañamiento de la sociedad civil, a través de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), lo que garantizó que cada una de las etapas de evaluación se realizara en el estricto respeto de los principios de objetividad, imparcialidad e independencia mediante un Protocolo Especial aprobado por la presidencia del Poder Judicial el 26 de mayo de 2016. Esta Comisión de Selección inició su trabajo el 20 de junio de ese mismo año.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, explicó que estos tribunales vendrán atacar a todos los delitos de corrupción.
“La corrupción es una acción que perjudica mucho a la administración, a cambio de situaciones que benefician a quienes incurren en corrupción. El Poder Judicial desde que recién llegó en el 2016, tuvo conversaciones con el vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, se interesó en que se especializara en los delitos que afectan no solo a las finanzas del Estado, sino a las finanzas de la sociedad”, dijo Argueta.
Agregó que “no se puede permitir, por eso estamos acá, para cambiar como se imparte justicia, la ONU calcula que en temas de soborno a nivel mundial quienes propician el soborno y quienes lo reciben afectan 2.6 billones de dólares y los que roban a las finanzas de los Estados es un billón de dólares, lo que según la ONU representa el 5% del producto interno bruto a nivel mundial y eso no puede seguir pasando y por eso en Honduras estamos con la plena voluntad de establecer estos circuitos representado por funcionarios capaces”.
El Juzgado de Letras en materia de Corrupción de Tegucigalpa ejercerá su jurisdicción en los departamentos de Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Olancho y Valle, mientras que el Juzgado con sede en San Pedro Sula, una vez que sea instalado, ejercerá su jurisdicción en los departamentos de Atlántida, Colón Copán, Cortés, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara y Yoro.
Este órgano jurisdiccional con sede en Tegucigalpa estará conformado por 33 servidores judiciales: ocho en el Juzgado de Letras, 14 en el Tribunal de Sentencia y 11 en la Corte de Apelaciones. En esta distribución se encuentra un Juez de Letras, 4 Jueces de Sentencia y 3 Magistrados de Corte de Apelaciones. El resto del personal es auxiliar como secretarios, receptores, escribientes, digitadores y de apoyo administrativo.
Este acto fue presidido por los titulares de los tres Poderes el Estado, se contó además con la presencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los representantes de las instituciones del sector justicia, del cuerpo diplomático acreditado en Honduras, organismos de cooperación internacional, organizaciones de sociedad civil que abordan el tema, entre otros.
