Tegucigalpa – La frontal lucha contra la delincuencia, especialmente contra el crimen organizado y las violentas maras y pandillas, llevó a El Salvador a declarar como agrupaciones terroristas a las dos poderosas asociaciones MS-13 y Barrio 18, desde hace año y medio aproximadamente. Estados Unidos, de su lado, les ha comprendido en la Ley RICO contra el crimen organizado.
– La Ley RICO se aplica contra las mafias y el crimen organizado.
En Honduras, el tema marca la actualidad a pocas horas de que una iniciativa similar a la salvadoreña sea debatida en el Congreso Nacional.
Los parlamentarios hondureños discutirán un proyecto de reformas al Código Penal que declararía terroristas ciertas acciones que cometen mareros y pandilleros, mismo que ya es ley en el vecino país que declaró como organizaciones terroristas a las dos maras, así como a otras pandillas o grupos criminales que busquen “arrogarse el ejercicio de las potestades”.
La declaración de organizaciones terroristas fue dada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña, luego de fallar amparos presentados por grupos civiles en contra de la Ley Antiterrorista que había promulgado el gobierno de la vecina nación.
“Son grupos terroristas las pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-13 y la Pandilla 18 o mara 18, y cualquier otra pandilla u organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado, atemorizando, poniendo en grave riesgo o afectando sistemática e indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población o de parte de ella”, dice el fallo de la Sala Constitucional de El Salvador emitida en agosto del 2015.
Dicho falló fue emitido en el segundo gobierno consecutivo del izquierdista partido exguerrillero del FMLN, la agrupación heredera de la organización insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
La ejecución de la ley
Asimismo, fue en la gestión del actual presidente Salvador Sánchez Cerén que se implementó la resolución de declarar terroristas a los maras y pandillas.
La resolución de la Sala Constitucional salvadoreña fue más allá al prohibir que desde el gobierno se negocie con dichas estructuras criminales y les conmina a perseguirlos.
En el primer mandato del FMLN, bajo la presidencia de Mauricio Funes, hubo una negociación de facto entre el gobierno y las maras con el fin de bajar artificialmente el número de homicidios. A cambio las maras continuaron extorsionando.
Cuando llegó al poder el actual mandatario Sánchez Cerén, el pacto de hecho fue anulado y las maras intensificaron la violencia que llevó a que El Salvador sea ahora el país más violento del mundo.
En ese sentido, la Sala Constitucional señaló en su fallo: “En otras palabras, no resulta admisible desde las bases del Estado Constitucional de Derecho, el uso de mecanismos para-jurídicos que impliquen negociaciones con el crimen en general, y menos con el crimen organizado, bajo las condiciones de reducir los índices delincuenciales a cambio de beneficios que no encajan en el marco normativo penitenciario que informa la finalidad de la pena –art. 27 Cn.–; o a cambio de dejar sin efecto la vigencia y aplicación de la legislación penal”.
Los conocedores de la vida política salvadoreña destacaron que Sánchez Cerén nunca avaló los pactos con las maras.
Sánchez Cerén, líder de viejo cuño
De hecho, uno de los negociadores del acuerdo con las maras, el también exguerrillero Raúl Mijango, denunció que con Sánchez Cerén regresó la política de la “mano dura” contra las pandillas.
Sánchez Cerén está fuera de toda duda en cuanto a su compromiso con la izquierda, ingreso a la principal organización guerrillera salvadoreña, las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) en 1972.
Las FPL fueron la primera de las cinco organizaciones guerrilleras que se aglutinaron posteriormente en el FMLN.
Tras la crisis interna de 1983, que se saldó con las muertes de los fundadores del FLP, primero el asesinato de la comandante Mélida Anaya Montes “Ana María” y luego el aparente suicidio forzada de su líder Salvador Cayetano Carpio, ocurrido en Managua, Nicaragua, Sánchez Cerén, cuyo seudónimo era comandante Leonel González, asumió el control de la organización.
Ello le dio, de hecho, el título de principal comandante guerrillero en la guerra civil de El Salvador, ya que las FPL eran la organización más poderosa de las cinco.
Bajo esa estirpe, Cerén, tomó la decisión de contradecir la política proteccionista y de pacto con las maras que propugnaron sus antecesores en el poder; fue entonces cuando se les declaró organizaciones terroristas.
EEUU incluye a las maras en la Ley RICO
Pero no solo El Salvador endureció su legislación contra las maras, sino también el propio Estados Unidos al aplicarles la Fiscalía general y las estatales la llamada Ley RICO contra las mismas, especialmente la MS-13.
El Departamento de Justicia federal utilizó la denominada Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO, por sus siglas en inglés), como la principal herramienta para combatir a las pandillas como la MS-13.
Según los fiscales estadounidenses, al aplicarse esta legislación se logró demostrar en los tribunales que dichas agrupaciones operan con una dirección centralizada.
En el estado de Maryland, así como el área metropolitana de Washington DC, donde la afluencia de salvadoreños es enorme, los fiscales utilizan dicho instrumento judicial para enjuiciar y condenar a los mareros, según informó en su momento la prensa de El Salvador.
El gobierno federal señaló que la MS-13, como puede también serlo el llamado Barrio 18, operan como crimen organizado, de manera que sus integrantes son juzgados como parte de esa agrupación, sin importar la participación directa en un crimen.
La ley RICO se aplica para 23 delitos federales y ocho estatales en Estados Unidos.
Reforma hondureña
En tanto, el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández impulsa la reforma penal que permitiría declarar terroristas ciertas acciones delincuenciales que cometen miembros de pandillas y del crimen organizado.
La iniciativa busca catalogar como terrorista la quema de buses, la extorsión, la presión a los que viven en barrios, colonias y comunidades controladas por las maras.
El izquierdista partido Libre, por medio de su máximo dirigente el expresidente Manuel Zelaya, se opone a la reforma del Código Penal e insiste que penaliza la protesta, aunque no se expresa por los demás puntos de la iniciativa.
Igualmente, se opone con los mismos argumentos, el candidato presidencial del Partido Anticorrupción, Salvador Nasralla, en medio de una oposición dispersa, a pocas semanas de que las principales fuerzas políticas nacionales acudan a las urnas en procesos internos y primarios, previo a las elecciones generales de noviembre entrante.