A pesar de los esfuerzos educativos realizados, las distintas generaciones que nos hemos sucedido no hemos podido aún lograr el funcionamiento de la sociedad y del Estado en orden a que cumplan su principal deber de servir equitativamente a los habitantes para que todos, sin distinción, actuemos solidariamente como pueblo por nuestro propio bienestar, vida digna e iguales oportunidades de progreso social.
Ese vacío culposo es determinante del estado de nuestra democracia, desarrollo, paz y seguridad. Por ello, debemos atender y superar ciertamente lo negativo de actitudes y comportamientos que, desde hace muchas décadas del anterior y presente siglos, tienden a imponerse y que han conducido a la injusta e incierta situación que, como pueblo, hoy vivimos; y frente a la cual todos reconocemos la necesidad de transformar y afirmar el sentido de la educación nacional y, con ello, de la sociedad y del Estado.
Ello debe ser así porque la educación como derecho humano va más allá de contar con un cierto nivel de instrucción para desempeñar un trabajo, pues tiene que ver principalmente con el pleno desarrollo de la personalidad humana y su progreso social; el fortalecimiento del respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todos; y el fomento de la democracia, la libertad, la paz y el desarrollo.
Está reconocido que la educación en derechos humanos, como proceso para la realización de todos los derechos y las libertades fundamentales de las personas, es esencial en la transformación democrática de los pueblos y los Estados, pues contribuye significativamente a promover la igualdad; a capacitar para ejercer todos los demás derechos humanos; a prevenir los conflictos y las violaciones a los derechos humanos; y a fomentar la participación de las personas en los asuntos públicos.
Esa es la razón por la cual la educación en derechos humanos busca crear una cultura democrática nacional de conocimientos sobre la dignidad humana y su protección, y aportar instrumentos prácticos para que las personas puedan promoverla y defenderla, en la vida diaria.
De ahí se desprende la importancia de la educación como instrumento para que cada persona, desde su niñez y a lo largo de las diferentes etapas de su vida, pueda reconocer y fortalecer progresivamente el sentido de su dignidad individual, respetar y defender la de los demás, así como la de su comunidad local y nacional.
En consecuencia, al reconocer y saludar la iniciativa gubernamental del lanzamiento del “Pacto Social por la Calidad Educativa” para coadyuvar a la transformación de Honduras, lo hago en la perspectiva de la dirección cierta que señala del Plan de Acción de la ONU (Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible) de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, avanzando, de forma interrelacionada y simultánea, hacia otros objetivos de respeto, protección y promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales de los habitantes.
Exhorto así a la colaboración cívica de las familias, maestras y maestros, autoridades e instituciones del sector social y privado a apoyar el arraigo de una enseñanza renovada por un sistema de valores sustentado en la dignidad, igualdad y solidaridad humanas. Con ello se contribuirá a la afirmación de la cultura democrática que incidirá en la transformación necesaria en las personas y familias que conformamos la sociedad, de donde también provienen siempre quienes asumen responsabilidades oficiales para servir al pueblo, con cargos o posiciones en el Estado o en los gremios, asociaciones o entidades del sector privado o social.
Honduras, como patria por todos compartida, urge de cultura democrática y de educación, enseñanza y prácticas cotidianas en derechos humanos que hagan prevalecer la conciencia de que vivimos en un solo país; que todos somos hermanos igualmente dignos; que todos tenemos derechos humanos; y que todos tenemos el derecho de ser protegidos y respetados por el Estado y la sociedad. Solo así podremos orientar nuestro Estado y sociedad hacia el desarrollo sostenible para el bienestar de todas y todos, en libertad, democracia y paz.
Tegucigalpa, Honduras, 21 de septiembre de 2018
