Guatemala – La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) recibió 167 millones de dólares en donaciones de la comunidad internacional desde 2007, su año de creación, hasta la actualidad.
El ente, apoyado por la ONU y creado a petición del Gobierno de Guatemala, publicó hoy las cifras de su situación económica, donde destaca la contribución de 17 donantes al fondo, que administra por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El país que más ha aportado es Estados Unidos, con 44,5 millones de dólares, seguido de Suecia (35,8), la Comisión Europea (22), Canadá (19,3), Países Bajos (11,7), España (10,5), Noruega (6,1), Finlandia (5,5), Alemania (3,4), Italia (2,4) o Dinamarca (1,9), entre otros donantes.
Además de las contribuciones, la Cicig, que mantiene una fuerte pugna con el Gobierno guatemalteco, publicó sus gastos, que desde su creación hasta agosto de este año ascendían a 161,1 millones de dólares, de los que 14,7 millones corresponden a 2017 y 9,8 a los ocho primeros meses de este año.
El presupuesto estimado de septiembre de 2017 a septiembre de 2018 es de 16,5 millones, mientras que para el siguiente ejercicio es de 15,8 millones de dólares.
La Cicig dice que la comunidad internacional también contribuye con el despliegue temporal de personal especializado en seguridad e investigación criminal y hasta la fecha los Gobiernos que han apoyado en este sentido son Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Francia, Italia, España, Suecia, Suiza, Perú y Uruguay.
Por su parte, el Gobierno de Guatemala contribuye con miembros de la Policía Nacional Civil para «fortalecer la seguridad externa» de la sede de la Comisión, ubicada en la zona 14 de la capital.
La publicación de estas cifras se da después de que esta semana los 22 gobernadores departamentales de Guatemala, que mostraron su apoyo al Gobierno en esta lucha, pidieran a la Cicig dar a conocer sus gastos y las contribuciones recibidas durante estos años.
Recientemente, el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, anunció el fin de la Cicig para septiembre de 2019 -por considerar que realiza investigaciones partidarias- y prohibió el ingreso al país del jefe de la comisión, el abogado colombiano Iván Velásquez, a quien definió como un peligro para la seguridad y el orden público.
La confrontación entre el Gobierno de Guatemala y la Cicig se remonta a cuando la Comisión señaló al hijo y al hermano del presidente Morales (José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera) de un caso de fraude -y lavado de dinero, en el caso del hermano- al Estado en 2013.
Desde entonces, el presidente ha intentado, una y otra vez, minar el trabajo y la estancia de la Cicig, la cual, junto al Ministerio Público, han señalado en dos ocasiones a Morales de haber incurrido en el delito de financiación electoral ilícita durante la campaña de 2015 que lo llevó al poder.
