Tegucigalpa – Ante la acción emprendida por el Ministerio Público en el marco de la Operación Dragón IV en la investigación ocho proyectos hidroeléctricos ubicados en el norte y occidente del país, la presidenta de Asociación Hondureña de Productos de Energía Renovable (AHPER), Elsa Paz, dijo que como gremio se ha concluido que las investigación es una persecución y hostigamiento hacia las empresas.
La Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural realiza inspecciones en ocho proyectos hidroeléctricos que han sido objeto de denuncias por parte de las comunidades indígenas asentadas en varias comunidades Lencas.
Para el caso, se llevan a cabo labores de campo en siete represas en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés y de igual manera un embalse en la comunidad del Cacao, San Pedro de Zacapa, departamento de Santa Bárbara.
En esos sitios se investiga in situ lo referente a la falta de consulta previa con las comunidades Lencas que habitan en esos territorios ancentrasles, de acuerdo a lo que establece el Convenio 169 de la Organización internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
En ese sentido, la funcionaria dijo que la Fiscalía bajo la justificación del convenio 169 ha emprendido dichas investigaciones sin sustento.
“Todos estos proyectos están ubicados en zonas que no son indígenas y lo que hacen con estas acciones es ahuyentar la inversión internacional”, argumentó.
Agregó que el convenio de la OIT no es para vetar proyectos ni hacer provocación que los proyectos se han realizado de forma ilegal.
