Tegucigalpa – Mientras instituciones como el Ministerio Público, Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Misión Anticorrupción de OEA convergen en demandar la derogatoria de la reforma a la Ley de Presupuesto, el Congreso hondureño se mantiene impávido.
– Gobiernos como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá se han expresado en contra de la reforma legislativo.
Este martes la Fiscalía hondureña anunció que presentará en las próximas horas un recurso de inconstitucionalidad en contra de la criticada reforma que según los expertos blinda a los funcionarios públicos en la rendición de cuentas de fondos estatales.
Casi en la misma línea se pronunció el CNA, que exigió hoy la derogatoria de la reforma al artículo 131-A de la Ley de Presupuesto.
“Expresamos nuestra preocupación sobre todas aquellas normas que fueron aprobadas en la última sesión del Congreso Nacional en el período 2014-2018, principalmente con el proyecto de Código Penal, porque estamos ante la gestación de un plan de impunidad, que pretenderá crear artimañas para evitar sanciones en contra de los corruptos”, rezó el comunicado del CNA que fue leído por la directora, Gabriela Castellanos.
Un gran paso. El Congreso debe actuar para cambiar esta ley. https://t.co/r7lrxr42mP
— Chargé Heide Fulton (@USAmbHonduras) 30 de enero de 2018
A renglón seguido, señaló que “por eso que exhortamos a los actuales congresistas, divulgar el contenido del mismo, previo a su publicación en el Diario Oficial La Gaceta”.
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), también ha sido insistente en derogar este párrafo legislativo, al tiempo que advierten investigaciones para llegar a los responsables de este acto que se escudó en una fe de errata, al argumentar que en la Cámara se leyó una cosa y en el diario oficial La Gaceta se publicó otra.
Congreso recibe respaldo del TSC
Luego que una comisión legislativa visitara este día al pleno del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el diputado Mario Pérez defendió la reforma y mencionó que ese órgano contralor tendrá mucho trabajo en los próximos meses al auditar manejo de fondos de los últimos tres períodos en el Congreso Nacional.
Al hacer uso de la palabra el magistrado del TSC, Ricardo Rodríguez, dijo que “de ninguna manera podemos rehuir a lo que ya la Constitución nos autoriza. El artículo 222 constitucional nos autoriza a practicar auditorías a todos los entes pasivos del Estado, a todos los que reciben fondos del Estado para desarrollar determinada actividad”.
Rodríguez exteriorizó que “el revuelo de este decreto por la modificación a la Ley de Presupuesto se debe a una petición especial que han hecho los diputados. Dentro de la ley tenemos dos tipos de auditoría: las que están programadas en el POA, y las auditorías especiales. En este caso lo que hizo el Congreso fue solicitar una auditoría especial a los 128 diputados de tres períodos”.
Ricardo Rodríguez del TSC y el diputado Mario Pérez.Prometió tener las auditorías solicitadas por el Legislativo en el menor tiempo posible. “En este 2018 enviamos 988 expedientes a la Procuraduría General de la República con responsabilidad civil y tres al Ministerio Público con indicios con responsabilidad penal o enriquecimiento ilícito”, apostilló.
En tanto, el diputado y presidente de la comisión legislativa, Mario Pérez, explicó que “la Constitución es clara y establece en el artículo 80 constitucional el derecho de petición y es que cualquier ciudadano puede hacer peticiones a la autoridad y deben obtener una respuesta de las mismas”.
Luego, mencionó que “a nadie se le debe coartar el derecho de petición, eso lo debemos respetar, que estemos o no de acuerdo, eso es otro tema”.
Pérez desglosó que “en las próximas horas el Congreso Nacional le va a informar de manera oficial al Tribunal Superior de Cuentas, quienes fueron diputados en los últimos tres períodos legislativos, propietarios y suplentes, esas listan van a venir en las próximas horas a esta institución del Estado”.
Adicionó que el TSC ya pidió a la Secretaría de Finanzas la información sobre los fondos que se le asignaron a los diputados en los últimos tres períodos, fondos destinados a realizar proyectos comunitarios y programas sociales en los 18 departamentos del país.
Reveló que el TSC montará un departamento especial para practicar la referida investigación. “Esta unidad tendrá auditores e investigadores que van a ir a los 18 departamentos para constatar si los proyectos se ejecutaron”.
El congresista santabarbarense concluyó que “se trata de una investigación especial de 12 años a más de 750 personas, a muchas instituciones. Tiene un gran trabajo el Tribunal Superior de Cuentas en los próximos meses y le pedimos en nombre del Congreso Nacional que lo desarrolle en forma transparente y eficiente para el bien del pueblo hondureño. Hoy nos vamos muy contentos de aquí porque ya esto empieza a caminar, ya se van a dar las primeras acciones para darle cumplimiento a lo que aprobó el Congreso Nacional que es una auditoría especial pareja, no esa selectiva que dice a este investigo y a este no”.
