Tegucigalpa- La sombra de la corrupción vuelve a cernirse sobre el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, esta vez desde la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacit), dirigida por el ministro Luther Castillo Harry, quien habría aprobado una millonaria compra de computadoras portátiles a una empresa que se dedica… a la construcción.
-Transparencia halla irregularidades y recomienda remitir el caso al TSC
El caso, revelado inicialmente por el medio digital ICN, ha sido confirmado por un informe de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (STLCC), que documenta múltiples irregularidades en la licitación pública nacional LPN-IHCIETI-FC-004-2025.
La adquisición de 496 laptops por un valor total de 12.5 millones de lempiras —es decir, 25,200 lempiras por unidad— fue adjudicada a la empresa Dicomarca (Diseños y Construcción de Obras Civiles Marca S. de R. L.), que, paradójicamente, no tiene ninguna experiencia comprobada en tecnología.
Lo más escandaloso: Dicomarca presentó la segunda oferta más alta, mientras que la oferta más baja rondaba los 6.5 millones de lempiras, menos de la mitad del monto adjudicado. Pese a ello, la Senacit prefirió pagar más… y comprarle laptops a una constructora.
Pero Senacit defendió, mediante un video creado con Inteligencia Artificial que tiene posteado en su página de la red social Facebook, que la empresa acredito su experiencia en el campo, presentando cartas de referencia de servicios y contratos similares “que evidencian su trayectoria en el suministro de equipos tecnológicos desde el año 2015”
Urgencia poco transparente
Según la Senacit, las otras tres empresas quedaron fuera del proceso por no comprometerse a entregar los equipos en 20 días. Pero el informe de la Secretaría de Transparencia aclara que el plazo de entrega no era un criterio de evaluación y que la urgencia alegada nunca fue justificada ni documentada. Es decir, un argumento débil para desechar ofertas mucho más económicas.
Además, el proceso incluyó empresas sin vínculo con la tecnología, lo cual desnaturaliza por completo el principio de idoneidad que debe regir las contrataciones públicas.
La documentación indica que en la licitación participaron cuatro empresas, la empresa a la que se le adjudicó, Dicomarca (Diseños y Construcción de Obras Civiles Marca S. de R. L.), presentó la segunda oferta más alta, por 12 millones 500 mil lempiras. La oferta más baja era de un poco más de la mitad de este monto, de 6 millones 521 lempiras.
Las otras tres no siguieron en el proceso debido al requisito de la entrega de los equipos en 20 días, habían pedido 60 días, pero la Senacit alegó que era preciso, debido a la urgencia, que se entregarán en el plazo estipulado, aunque los plazos de entrega no estaban en los criterios de evaluación.
La empresa Dicomarca participó en otros procesos públicos, según los registros de Honducompras, justo este mes, la empresa en mención participó en la licitación del proyecto de construcción de colector de alcantarillado sanitario, de la colonia Las Torres de Choloma, Cortés.
En referencia a dicho caso, el diputado José Manuel Matheu, tildó de ladrón al director de Senacit, Luther Castillo, y consideró que no había necesidad de comprar computadoras seis millones de lempiras más caros por una entrega de 20 días antes.
¿Qué emergencia había para comprar las laptops de Luther Castillo en esa cosa de ciencia y tecnología?, cuestionó en conversación con Proceso Digital al tiempo que reprochó “y adjudicarlas porque entregaba 20 días antes. Y seis millones de lempiras más caros. Entonces es ladrón, y hay que decirlo muy claro y no venir a apantallar”.
Yo pregunto, ¿qué prisa había para comprar computadoras para gente que en su vida había tenido una computadora y haber adjudicado seis millones más caro? esa es sinverguenzada, calificó el también exministro de la Secretaría de Salud.
Reflexionó qué se trata de la concesión de una licitación a una empresa que nunca había proveído computadora.
“Eso debería empezar a ser el ejemplo de poner orden en el sistema, porque eso es un claro robo, pues, que ni la Secretaría de Transparencia lo pudo tapar”, zanjó.
En tanto, el director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, afirmó que esas violaciones y vulneraciones en los procedimientos de contratación pública, obviando temas de expertis, temas de pertinencia, sobre todo, experiencia con respecto a las adquisiciones de estas computadoras, por una buena cantidad de millones de lempiras representa más que un fallo de las instituciones públicas.
para el representante de ASJ, este caso tienen que ser investigado por los entes pertinentes, tanto por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) como por el propio Ministerio Público.
Además, Aguilar afirmó que en este marco se debe “identificar si la omisión de estos procedimientos de contratación pública no representan la comisión de algún delito por que exista favoritismo en la adjudicación o porque exista algún tipo de colusión directamente al momento de realizar este supuesto acto irregular”.
“No puede ser que pase un escándalo de supuesta corrupción en el país y no pase nada con las personas que han estado, en este caso al frente de la Secretaría”.
Una compra inflada y mal evaluada ¿Y la transparencia?
El análisis de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) fue contundente: se trató de un proceso lleno de inconsistencias. Entre ellas: Estudio de mercado deficiente, demanda de computadoras inflada sin justificación técnica.
Además de participación de una empresa ajena al giro comercial de los bienes adquiridos; plazo de entrega sin justificación ni respaldo normativo, una comisión evaluadora incompleta (uno de los cinco miembros no estaba acreditado) y fallas graves en el control interno.
En resumen: el proceso violó la Ley de Contratación del Estado, la Ley de Presupuesto y el Código de Ética del Servidor Público.
El 30 de abril, el ministro Castillo Harry, se presentó a las oficinas de la Secretaría de Transparencia donde entregó la documentación de la adquisición de computadoras para uso en espacios comunitarios.
El ministro Luther Castillo, en su intento por frenar la crítica, hizo que la Senacit publicará un comunicado en el que desmintió “categóricamente” las denuncias, calificándolas de “falsas y tendenciosas”. No obstante, el informe técnico de Transparencia dice lo contrario.
“Esta disposición no fue arbitraria sino una respuesta directa a experiencias pasadas, donde el incumplimiento de tiempo desde 2022 afectó a más de 200 centros educativos y comunidades que solicitaron y esperaban con urgencia estos equipos”.
Ante la contundencia de los hallazgos, la STLCC recomendó remitir el expediente al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para que investigue si hubo responsabilidad administrativa, civil o penal.
Además, el informe de ONADICI señala que se debe trabajar el “fortalecimiento de los mecanismos de control previo, concurrente y posterior en los procesos de adquisición pública, a fin de garantizar el uso racional, eficiente y transparente de los recursos públicos”.
Una constante preocupante
Este nuevo caso se suma a otras denuncias por manejos irregulares de recursos públicos particularmente el sonado caso que sigue en la palestra pública de SEDESOL, conocido como “cheque video» de SEDESOL. La adjudicación de una compra tecnológica a una empresa constructora —y a un precio muy superior al de mercado— deja más preguntas que respuestas sobre la transparencia y la eficiencia en el uso de los fondos públicos.
(Leer) Audios y videos, los golpes que han debilitado a Libre
¿Estamos ante un nuevo escándalo de corrupción? La última palabra la tendrá el Tribunal Superior de Cuentas. Mientras tanto, los ciudadanos siguen pagando el precio de la opacidad institucional. PD
