Tegucigalpa – En la Cámara Legislativa, una propuesta de ley de protección a periodistas se sigue socializando, mientras parece reeditarse el manto de riesgo que cierne sobre el ejercicio de una de las profesiones consideradas más peligrosas para ejercer en Honduras, según los organismos internacionales de libertad de expresión.
Para muestra un botón: En lo que va de 2014, ocho periodistas y comunicadores sociales perdieron la vida violentamente en cinco departamentos del país, según lo establece un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
Entre las víctimas figuran, el locutor y productor de televisión José Roberto Ugarte, el coordinador de mercadeo de radio Progreso, Carlos Hilario Mejía, el comunicador social de radio Opoa, Hernán Cruz Bárnica.
Se suman Óscar Antony Torres Martínez, locutor de Radio Patuca Stereo y Doble M Stereo; el locutor de Radio Patria de Catacamas, Luis Alonso Fúnez Duarte; el coordinador del noticiero Hoy Mismo en San Pedro Sula, Herlyn Ivan Espinal; y Nery Francisco Soto, comunicador social del canal 23 de Olanchito, Yoro.
También, el propietario del Canal 20 de la televisión local de Honduras, en la ciudad de Danlí, Dagoberto Díaz, fue asesinado a tiros por un desconocido en el oriente del país, a fines del mes de agosto.
Una reedición preocupante
Lo anterior refleja la vulnerabilidad en que se encuentra el ejercicio del periodismo y la comunicación social, donde los crímenes parece que quieren instalarse nuevamente, independientemente de las causas que lo generan en vista que no existe -hasta ahora- un informe oficial que indique claramente por qué se mueren los periodistas, comunicadores sociales y sus afines en el país.
De estas ocho muertes, de momento el crimen del periodista Herlyn Espinal, coordinador regional del noticiero Hoy Mismo, de la corporación Televicentro, es el que más ha caminado en cuanto al proceso de investigación: existe una persona capturada, en los últimos días se detuvo a Rafael Bueso Oseguera, alias “Lito Casasa”, quien al parecer fue una de las personas claves que estuvo con él, antes de ser asesinado el 21 de julio de este año, pero luego fue puesto en libertad.
Independientemente de los resultados que arrojen los casos, el riesgo de los periodistas y comunicadores sociales es similar al que viven los operadores de justicia, donde algunos de ellos han sido objeto de persecución y atentados en la zona norte del país, por conocer de hechos de presunta corrupción, trascendió extraoficialmente.
Una ley que cobra fuerza
En este marco de incertidumbre y expectativas, el proyecto de ley a protección de periodistas, comunicadores sociales, defensores humanitarios y operadores de justicia, cobra fuerza en vista que el clima parece enrarecerse en el país, al grado que ya ni la morgue como un centro donde se van a recoger los cadáveres de las víctimas de la violencia parece ser un sitio seguro.
Hasta ahora el debate de esta ley, impulsada por sectores civiles, políticos, gremiales, humanitarios y gubernamentales, ha tenido una buena acogida en el parlamento y en sus 73 artículos se busca incluir mecanismos de protección que permitan resolver antes, durante y posterior a los hechos de una amenaza o una intimidación.
En el caso de los periodistas, los más vulnerables por ahora en el número de víctimas en lo que va del año, los organismos gremiales de periodistas han sido claros en cuanto a avalar la necesidad de este instrumento legal, pero quieren hechos concretos en cuanto a su operatividad y eficacia en base a un presupuesto real con el cual se pueda trabajar.
La claridad de la prensa
En una reunión entre los legisladores con los directores de medios de comunicación social del país, estos fueron punzantes al indicar que la nueva herramienta legal no debe ser una normativa burocrática que vuelva más difícil la situación de riesgo a la que ya están sometidos los periodistas y comunicadores sociales. En términos similares se han expresado otros organismos de sociedad civil y humanitaria, quienes consideran que la Unidad de Protección que se creará con estos fines debe estar adscrita a la Secretaría del Interior, Justicia, Derechos Humanos y Descentralización, en lugar de la Secretaría de Seguridad. De acuerdo a la ley de protección, desde hace varios años estos grupos vulnerables por el ejercicio de su profesión se encuentran en riesgo por ser víctimas directas de la inseguridad, la que pone en peligro a su familia, compañeros de trabajo, vecinos, amigos, comunidades, entre otros. La normativa busca así dar un carácter legal de urgencia a este panorama que ubica Honduras como una de las naciones más inseguras del planeta por la violencia generada por la delincuencia común y organizada. Sin tener una guerra formal, como en otros países del orbe, este país centroamericano vive su propia batalla de sobrevivencia en donde comienzan a presentarse cientos de casos de desplazamiento forzado y de migración a otros países. El crimen organizado tiene en Honduras tentáculos profundos. En este sentido, la ley de protección a periodistas, comunicadores sociales, defensores humanitarios y operadores de justicia, contará con dos unidades técnicas básicas: la Unidad de Recepción de Casos, Evaluación de Riesgos y reacción inmediata; y la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis. Nunca como ahora el debate de esta normativa se vuelve prioritaria ante la vulnerabilidad que presentan todos estos sectores, máxime cuando en algunas zonas del país los golpes a la narcoactividad han sido fuertes y los comunicadores sociales de las zonas, en medio de la tormenta, no encuentran como protegerse para que la tempestad no los embista y los lleve a ser una cifra más en las víctimas de la inseguridad y la violencia.
Independientemente de los resultados que arrojen los casos, el riesgo de los periodistas y comunicadores sociales es similar al que viven los operadores de justicia, donde algunos de ellos han sido objeto de persecución y atentados en la zona norte del país, por conocer de hechos de presunta corrupción, trascendió extraoficialmente.
