Tegucigalpa – El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, se pronunció a favor, este miércoles, para que el Poder Judicial practique las pruebas de confianza a todo el personal de la institución, ya que según el dictamen no vulnera ningún derecho de los empleados.
La portavoz de la Fiscalía, Lorena Cálix, informó que en las últimas horas Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, emitió un dictamen en el cual sostiene que no existe intromisión de la Ley General de la Superintendencia para la aplicación y evaluación de las pruebas de Confianza al interior de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Agregó que su función será únicamente la aplicación de las pruebas y la remisión del dictamen al Consejo de la Judicatura y de la Carrera Policial, que luego del procedimiento correspondiente emitirá su resolución conforme a derecho.
Aseguró que la disposición es en razón al recurso de inconstitucionalidad presentado por la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras en el que se considera que no existe vulneración alguna a la norma constitucional.
En cuanto a la aplicación de las pruebas poligráficas que son parte de los instrumentos de confianza, así como la separación de jueces y magistrados que la reprueben, la Fiscalía estima que eso no vulnera los derechos fundamentales de estos, pues al ostentar cargos públicos están obligados a cumplir deberes al común de los ciudadanos, argumentó.
No obstante y pese a que el Ministerio Público considera constitucional la aplicación de las pruebas de confianza, el dictamen estima que sí existe una vulneración de garantías constitucionales en relación de limitar al Poder Judicial a juzgar y ejecutar lo juzgado en caso que un fallo o sentencia un juez ordene el reintegro de un empleado despedido tras demanda interpuesta.
El dictamen del Ministerio Público fue remitido a la Corte Suprema de Justicia.