Tegucigalpa – La impunidad, la violencia causada por el crimen organizado y la débil respuesta del Gobierno son los mayores enemigos de los defensores de derechos humanos en Honduras, según un informe difundido hoy.
«La impunidad es el mayor enemigo de los defensores de derechos humanos en Honduras. Más del 90 % de los asesinatos y otras violaciones a los derechos humanos siguen impunes», señala el estudio «Situacional de Defensoras y Defensores de derechos humanos».
El estudio fue elaborado por la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa), con apoyo del Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo (HIVOS, siglas en holandés) de Holanda.
El director de la ACI-Participa y excomisionado hondureño de los derechos humanos, Leo Valladares, dijo a Efe que es «lamentable» que el 90 % de los asesinatos en el país «siga impune».
La labor de los defensores de derechos humanos es una profesión de alto riesgo debido a la violencia del crimen organizado y la débil respuesta de los operadores de justicia, agregó el excomisionado.
«La situación que provoca por un lado el crimen organizado y por el otro lado la débil respuesta de nuestras instituciones hace que la situación del trabajo de los defensores (de derechos humanos) sea cada vez más difícil», enfatizó Valladares.
El exombudsman denunció también el «grave» estado de indefensión de los defensores de derechos humanos en el país centroamericano e instó al Gobierno a crear mecanismos para proteger la vida de los activistas.
Los defensores de derechos humanos están «en un estado de indefensión, vivimos en una situación en que lo seguro es que no estamos seguros, y si uno no se puede defender entonces no hay aplicación de la ley», subrayó.
El informe señala que «las estructuras débiles» de los operadores de justicia repercuten en «la falta de resultados significativos» para combatir la impunidad en la nación centroamericana.
Valladares mostró gran expectativa por la aprobación el pasado día 4 en el Congreso Nacional de Honduras de una ley de protección a defensores de derechos humanos.
«El Gobierno está tomando algunas medidas pero todavía le falta mucho, pero hay que empujar los esfuerzos que ha iniciado», indicó el director de ACI-Participa, una organización civil integrada por un grupo de profesionales hondureños que promueven el respeto y promoción de los derechos humanos.
Se trata de la Ley de Protección para la Defensa de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, presentado por el Ejecutivo a través de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.
Valladares reafirmó que el Estado hondureño tiene «el deber de proteger los derechos humanos y no violar esos derechos, garantizar la vida de los defensores de derechos humanos».
ACI-Participa abogó porque desde el Gobierno se promueva «una política pública en derechos humanos incluyente, permanente y social».
Asimismo, demandó que se armonice la legislación nacional con los convenios e instrumentos internacionales suscritos por Honduras en materia de derechos humanos con el fin de darles cumplimiento.
