“Son personas acusadas de delitos de gran impacto social, yo no quisiera mencionar el término peligrosidad porque la peligrosidad tiene que ser dictaminada efectivamente por un facultativo especializado en la materia”, acotó.
Añadió que en Honduras existe la tendencia de calificar la peligrosidad en atención a las circunstancias del delito y no esas las condiciones para que se determine ese término, pero admitió que si se trata de personas que efectivamente están siendo enjuiciadas por delitos de gran impacto social, sobre todo delitos contra la vida por lo que están pidiendo ser removidos a otros centros de detención.
“Nosotros somos de la opinión que el módulo de máxima seguridad puede, en determinado momento, servir como una unidad de seguridad para estas personas y para la sociedad misma, pero que ciertamente, deben humanizarse en todo el contexto, en todo el sentido de la palabra”, argumentó.
En ese sentido, indicó que lo que demanda el Conaprev, es la humanización de las condiciones lo que significa el otorgamiento de las visitas de sus familiares supervisadas y reguladas.
Asimismo, la permisividad de libros de lectura ya que en este momento no se les permite control a lectura y que se les permita que sus familiares les lleven alimentación porque a veces no hay posibilidades de permitir el acceso y “todos conocemos las condiciones es que es alimentada la población privada de libertad y se les niega ese derecho”.
