Pero también en Choluteca existe inconformidad acerca de la llegada de las minas, en vista de la amarga experiencia dejada por la minera Entremares en el Valle de Siria, en el central departamento de Francisco Morazán, en donde las secuelas siguen latentes.
Para evitar episodios de consecuencias insospechadas, los legisladores aprobaron entre el año pasado, la nueva Ley de Minería que de acuerdo a las autoridades del medio ambiente fue ampliamente consensuada entre las comunidades porque en la misma se indica que ellas son actores claves en la decisión acerca si opera o no una empresa minera en su zona.
El país incluso se sumó a la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI), por sus siglas en inglés, orientada a que las empresas dedicadas a este rubro rindan cuentas y sean más transparentes en sus acciones.
La nueva Ley de Minería enfrenta ahora desafíos en donde se establece que cuando se quiera explotar una mina, habrá un plazo de 60 días para consultar a la comunidad y socializar el proyecto, algo que no ha pasado en la localidad de El Tránsito, en Nacaome, Valle.
Allí al parecer se ha querido reactivar una vieja mina que operó allá por los años 1800, en la época de la minera Rosario Minning Company. Particulares sin orden de ningún tipo están detonando en la vieja mina y los habitantes denuncian que se les está contaminando el agua.
El alcalde de Nacaome, Valle, Víctor Flores, manifestó que no ha autorizado ningún permiso de explotación, en tanto la nueva ley de minería que ya se encuentra vigente señala que el pueblo debe ser consultado para que opere una mina, y que si éste niega el permiso, la empresa puede en tres años volver a intentar una nueva consulta. Nada de eso está ocurriendo en la región de El Tránsito.
Fiscales del ambiente y técnicos de la Secretaría del Ambiente se han desplazado a la zona para analizar la problemática que al parecer es similar a la de otras zonas en el país, en donde el gobierno se ve obligado a atender el problema antes que los afectados se revuelvan o que los interesados dejen nula la nueva ley, ahuyentado así la inversión extranjera y las mismas garantías de seguridad jurídica que ofrece el Estado.
La Ley de Minería contempla un plazo para que los beneficiados de las licencias comiencen la etapa de explotación, caso contrario les quitarán ese derecho. Las concesiones mineras pueden ser de exploración, explotación y/o beneficio. Las mismas pueden ser metálicas, no metálicas, de gemas o piedras preciosas.
La Ley de Minería aprueba también la explotación de cielo abierto y pese a las protestas de grupos ecologistas, los legisladores dejaron este método de explotación por considerar que la nueva normativa contiene mecanismos más rigurosos de control y vigilancia.
Más del 60 por ciento del territorio hondureño es apto para la exploración y explotación minera, según cifras del gobierno hondureño, y en los últimos nueve años se ha producido una especie de una segunda fiebre del oro en Centroamérica al anunciarse el interés de empresas mineras canadienses y estadounidenses, de explorar y explotar al menos 250 proyectos a lo largo del istmo, diseminados en al menos 23 regiones vírgenes.
En Honduras el interés por la minería no sólo se traduce en oro, ahora también el país ha entrado a la fase del otro oro hondureño como es el óxido de hierro, el cual se exporta principalmente hacia Asia. Como las mineras, las empresas dedicadas a la extracción del óxido de hierro tampoco están dejando mucho beneficio a las comunidades y será hasta ahora que está vigente la nueva ley minera, que empezarán a pagar un canon más adecuado por exploración y explotación.
La industria minera genera al país divisas por un poco más de 300 millones de dólares, según proyecciones oficiales que esperan un repunte de la industria en los próximos años, siempre y cuando la participación de las comunidades sea efectiva, porque a diferencia de hace más de una década, la defensa del medio ambiente se ha instalado más fuertemente en Honduras.
