Tegucigalpa – Según el Centro de Estudio para la Democracia, (Cespad) en las pasadas elecciones generales de 2017, se gastaron al menos 43 millones de dólares, una suma onerosa para un país tan pobre como Honduras.
– En 2017 se eligieron 128 diputados titulares y 128 diputados suplentes para el Congreso Nacional; 40 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), 298 alcaldes, 298 vicealcaldes y 2,092 regidores a nivel nacional.
El Cespad, difundió un amplio informe, para cuestionar el gasto que se alcanzó en las anteriores elecciones, donde también se refiere a la falta de auditorías a candidatos no electos, aplicación correcta de la rendición de cuentas, desconocimiento de las irregularidades, como también los vacíos de la ley hondureña a las puertas de una nueva contienda electoral.
El reportes informa que: aunque ya transcurren tres años desde que se realizó la campaña electoral del 2017, en la que se invistió a Juan Orlando Hernández como presidente de Honduras, tiempo, además, de creación de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, es hasta ahora que se conoce que el monto estimado de dinero que se invirtió en esa campaña, asciende a más de 1,000 millones de lempiras (más de 42.7 millones de dólares).
Según la información que dio a conocer en su momento el Tribunal Supremo Electoral, entidad abolida en 2019, pero que fungió como administrador de las elecciones generales de 2017, ese año participaron 30 mil 160 aspirantes para aspirar a 3 mil 016 cargos de elección popular, también 10 partidos políticos y 46 candidaturas independientes.
Asimismo, el Cespad considera que las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017, fueron las más cuestionadas de la historia política de Honduras por atribuir a algunos de los partidos, el financiamiento de campañas por parte del crimen organizado y el narcotráfico.
Para los políticos que coordinan la redacción de leyes relacionadas con su funcionamiento, los Partidos Políticos son una “necesidad social”. Al menos así lo establece la Gaceta número 137-2016 que se publicó oficialmente el 18 de enero del 2017, con la que se creó la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos.
Es en el artículo 20 de esa ley que se crea la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (conocida como Unidad de Política Limpia), la que en la Ley se adscribe al TSE y se establece que se encargará de “revisar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos públicos y privados de los sujetos obligados, su fiscalización y sus sanciones”.
Sin embargo, en enero del 2019, el Congreso Nacional aprobó reformas constitucionales mediante las que se disolvió el TSE y se transformó la estructura organizativa del Registro Nacional de las Personas (RNP), para dar vida, mediante un decreto que contiene dos artículos, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Con esa reforma, la Unidad de Política Limpia pasó a la égida de esta estructura.
Pero, indistintamente de los cambios antes mencionados, la Unidad de Política Limpia ha sido duramente criticada durante estos tres años de funcionamiento por la lentitud en dar a conocer cuánto dinero se invirtió en la campaña electoral del 2017.
El comisionado de Política Limpia, Javier Franco
Al consultárseles, los comisionados dijeron al equipo periodístico del CESPAD que la tardanza se ha debido a la minuciosidad con la que se han realizado las auditorias ya que ese proceso electoral fue el primero en el que se presentaron numerosos partidos políticos y candidaturas independientes.
Más en detalle, el Comisionado Coordinador de la Unidad, Javier Francisco Franco, explicó que se han hecho 8 informes de rendición de cuentas a nivel nacional después de la elección general del 2017, aun cuando la Ley no los obliga.
“Nosotros como una Unidad de Transparencia, en el pleno del comisionado, nos vimos en la obligación, por ética y por principio básico de la Unidad, como una unidad anticorrupción y transparencia, de hacer informes de rendición de cuentas. El último, por el momento, lo hicimos en diciembre de 2019. En los mismos se informó cómo iba la auditoria, porque la auditoría es después de la elección y lo que nosotros vayamos viendo”.
Hay un avance muy importante y les falta poco, agregan, por eso se hace una estimación del costo de los políticos auditados que participaron en la campaña general y que sobrepasa los 1,000 millones de lempiras, es decir, más de 42.7 millones de dólares.
Franco, en su condición de Comisionado dijo al CESPAD que en el proceso de fiscalización que se ha efectuado la Unidad, se realizaron 90 citaciones a candidatos que no tenían completos sus expedientes. De esa cantidad, 60 terminaron en audiencias de descargo: 4 casos fueron remitidos al Ministerio Público y 2 al Tribunal Superior de Cuentas (TSE). “Este es el trabajo que la Unidad ha estado haciendo y que continúa realizando”, agregó.
De manera global, con las investigaciones que la Unidad realizó se documentan 90 expedientes con irregularidades. Sin embargo, el entrevistado afirma que 30 casos ya fueron subsanados en la primera comparecencia, cuando los sujetos obligados presentaron la documentación que faltaba, mientras que 60 personas fueron llevadas a audiencias de descargo.
Como ejemplo del nivel de compromiso que la Unidad tiene, el funcionario narró el caso de un aspirante a la alcaldía de un partido político de un municipio de la costa norte que casi fue declarado en desacato, por no asistir a las tres citaciones establecidas en la Ley. “Al final tuvo que intervenir el pleno de la Unidad e ir los tres Comisionados a citarlo personalmente. Acudió y se resolvió el problema”, agregó.
Y es que a criterio del Cespad: los 1,000 millones de lempiras (42.7 millones de dólares) que hasta el momento se registra como monto invertido en la campaña electoral 2017 es onerosa para un país que, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), tuvo un índice de pobreza extrema para ese año de 4.7 %, en medio de una población de más de 9.2 millones de habitantes.
Paralelo a la variable pobreza, el tema cobra fuerza con los señalamientos de financiamiento ilícito de las campañas políticas, particularmente cuando entre los años 2017 y 2019, se conocieron públicamente casos de corrupción de decenas de diputados del Congreso Nacional de Honduras que habrían urdido tramas de corrupción para sustraer fondos a través de organizaciones no gubernamentales.
La periodista, politóloga y estudiosa del tema, Thelma Mejía, dice que fue precisamente la corrupción extrema lo que influyo para que, en su momento, se creara la Unidad de Política Limpia y que el desafío es devolver la credibilidad y la independencia a una institución como el extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), ahora Consejo Nacional Electoral, porque dejó en la población un sabor amargo por la opacidad en sus actuaciones durante el proceso de elecciones del 2017.
Mejía cuestiona que aunque existe una Ley que limita la cantidad del dinero que las y los aspirante a cargos públicos puede usar en su campaña, al igual que la obligación de rendir cuentas del origen de esos fondos utilizados, el hecho que la Unidad diga que no detectó el uso de dineros irregulares en la campaña del 2017, deja un velo de duda.
La también comunicadora social consideró que deben mejorarse los mecanismos que supervisen y eviten la filtración de dinero proveniente del crimen organizado y del narcotráfico, porque de lo contrario el país seguirá a merced de las redes de corrupción.
