Tegucigalpa/Washington – Un grupo bipartidario de legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pidió al presidente Donald Trump que designe a un congresista hondureño y cinco ciudadanos centroamericanos bajo la lista de la Ley Magnitsky, la cual es conocida como una asesina financiera para quienes son incluidos en la misma.
El legislador hondureño Óscar Nájera, los empresarios salvadoreños José Aquiles Enrique rais López y José Luis Merino, como los guatemaltecos Remigio Ángel González, Luis Alberto Mendizabal Barrutia y Gustavo Adolfo Alejos Cambara.
Los legisladores que proponen a Trump son Eliot L. Engel, Ileana Ros-Lehtinen, Albio Sires, David Valadao y Norma Torres, que pertenecen a los partidos Demócrata y Republicano.
La carta de los congresistas recomienda que los departamentos de Estado y Hacienda determinen si las seis personas cumplen con los criterios para rendir cuentas bajo la Ley Global Magnitsky, ya que la misma requiere la presentación de informes al Congreso con actualizaciones relevantes de la lista de personas y entidades sancionadas, así como las respuestas a las solicitudes del Congreso de investigaciones específicas de conformidad con la ley.
En su carta, los miembros declaran: “A medida que Estados Unidos continúa apoyando los esfuerzos en la región del Triángulo Norte de América Central para luchar contra la corrupción y el crimen organizado, le pedimos que determine si las siguientes personas cumplen los criterios para rendir cuentas bajo el Actuar… Esperamos un diálogo continuo con la Administración para apoyar la implementación robusta de la ley Global Magnitsky y los esfuerzos de los Estados Unidos para combatir la corrupción y los abusos contra los derechos humanos en la región del Triángulo Norte de América Central y en todo el mundo».
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— Proceso Digital (@ProcesoDigital) 3 de agosto de 2018
Específicamente, la carta recomienda que los Departamentos de Estado y Hacienda determinen si las siguientes seis personas cumplen con los criterios para rendir cuentas bajo la Ley Global Magnitsky: José Aquiles Enrique Rais López; José Luis Merino; Gustavo Adolfo Alejos Cambara; Luis Alberto Mendizábal Barrutia; Remigio Ángel González; y Oscar Ramón Nájera. P.L. 114-328, la sección 1263 (d) de la Ley Global Magnitsky requiere la presentación de informes al Congreso con actualizaciones relevantes de la lista de personas y entidades sancionadas, así como las respuestas a las solicitudes del Congreso de investigaciones de sanciones específicas de conformidad con la ley.
En su carta, los miembros declaran: «A medida que Estados Unidos continúa apoyando los esfuerzos en la región del Triángulo Norte de América Central para luchar contra la corrupción y el crimen organizado, le pedimos que determine si las siguientes personas cumplen los criterios para rendir cuentas bajo el Actuar … Esperamos un diálogo continuo con la Administración para apoyar la implementación robusta de la ley Global Magnitsky y los esfuerzos de los Estados Unidos para combatir la corrupción y los abusos contra los derechos humanos en la región del Triángulo Norte de América Central y en todo el mundo».
El texto completo de la carta se puede encontrar aquí y debajo:
Querido Señor Presidente:
Apreciamos el compromiso de la Administración de implementar la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de los Derechos Humanos («Global Magnitsky Act»).
P:L. 114-328, la sección 1263 (d) de la Ley Global Magnitsky requiere la presentación de informes al Congreso con actualizaciones relevantes de la lista de personas y entidades sancionadas, así como las respuestas a las solicitudes del Congreso de investigaciones de sanciones específicas de conformidad con la ley.
A medida que los Estados Unidos continúan apoyando los esfuerzos en la región del Triángulo Norte de América Central para luchar contra la corrupción y el crimen organizado, le pedimos que determine si los siguientes individuos cumplen los criterios para rendir cuentas en virtud de la Ley:
José Aquiles Enrique Rais López (nacionalidad salvadoreña)
José Luis Merino (nacionalidad salvadoreña)
Gustavo Adolfo Alejos Cambara (nacionalidad guatemalteca)
Luis Alberto Mendizábal Barrutia (nacionalidad guatemalteca)
Remigio Ángel González (nacionalidad mexicana – delitos cometidos en Guatemala)
Óscar Ramón Nájera (Nacionalidad hondureña)
Se adjunta información detallada sobre cada uno de estos individuos. Instamos al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro, trabajando con otras agencias relevantes de la Rama Ejecutiva, a que investiguen prontamente a estas personas y entidades y, si lo merecen, que los sancionen según lo autorizado en la Ley Global Magnitsky.
Esperamos con interés un diálogo continuo con la Administración para apoyar la implementación robusta de la Ley Global Magnitsky y los esfuerzos de los Estados Unidos para combatir la corrupción y los abusos contra los derechos humanos en la región del Triángulo Norte de América Central y en todo el mundo.
El Salvador José Aquiles Enrique Rais López Fecha de nacimiento: 9 de marzo de 1952 Tipo de Caso: Corrupción / Delincuencia Organizada Transnacional
El 22 de agosto de 2016, Rais fue arrestado en El Salvador por conspirar para defraudar al sistema de justicia en varios casos relacionados con sus intereses comerciales. También fueron detenidos el ex fiscal general salvadoreño Luis Martínez, el diputado Julio Arriaza, un ex juez, sobrino de Rais y dos de sus abogados. Según el Ministerio Público, Rais y los otros sospechosos colaboraron para obstruir las investigaciones y manipular las pruebas para debilitar los casos presentados contra Rais y fortalecer los casos que Rais presentó contra los adversarios. En el centro del caso hay una disputa multimillonaria relacionada con la empresa de eliminación de desechos de Rais, MIDES S.A. de C.V., que maneja la mayor parte de la gestión de desechos sólidos de El Salvador. El 28 de agosto de 2016, la Jueza de Paz, Évelyn Jiménez, liberó a Rais con el argumento de que no era un riesgo de fuga. En enero de 2017, esta decisión se revirtió, pero Rais salió de El Salvador antes de que pudiera ser detenido. En febrero de 2018, INTERPOL emitió un aviso rojo para el arresto de Rais. Según los informes de los medios, se cree que actualmente reside en Suiza, donde tiene doble nacionalidad. |
José Enrique Rais es un prominente hombre de negocios salvadoreño. Fue designado como «objetivo prioritario de la DEA y sujeto de investigación internacional por sus vínculos con los grupos criminales organizados, compañías ficticias, cárteles y políticos corruptos identificados recientemente por el escándalo de los ‘Papeles de Panamá'», según un documento judicial de Florida. En esta misma petición de causa probable de abril de 2016, el alguacil alegó que las aeronaves propiedad de Rais muestran amplia evidencia de actividades de tráfico de drogas, incluidos compartimentos modificados del avión, costos desproporcionadamente altos de aviónica premium para aterrizar en lugares remotos y el uso de empresas para registrar estas aeronaves, una de las cuales ha sido monitoreada para otras actividades relacionadas con las drogas. José Luis Merino
Tipo de Caso: Corrupción / Delincuencia Organizada Transnacional
José Luis Merino es un alto miembro del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y actual viceministro de Relaciones Exteriores para el gobierno de El Salvador. Él y Enrique Rais son copropietarios de la empresa de gestión de residuos, MIDES S.A. de C.V, actualmente atrapada en una disputa multimillonaria. Se cree que Merino tiene vínculos con organizaciones criminales transnacionales. En 2008, funcionarios colombianos informaron que los correos electrónicos en la computadora portátil del comandante asesinado de las FARC, Raúl Reyes, vincularon a Merino a una red de tráfico de armas. Una carta bipartidista de junio de 2017 dirigida por el Subgrupo de Clasificación del Hemisferio Occidental Albio Sires solicitó al Departamento del Tesoro usar su autoridad bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros para investigar las actividades bancarias vinculadas con Estados Unidos de Merino debido a sus asociaciones de larga data con organizaciones transnacionales organizadas redes criminales bajo investigación por tráfico de cocaína y lavado de dinero.
Guatemala Gustavo Adolfo Alejos Cambara Fecha de nacimiento: 25 de octubre de 1966 Tipo de caso: Corrupción
Hasta 2014, Gustavo Alejos trabajó para la compañía farmacéutica, Agencia J.I. Cohen, el principal proveedor de productos farmacéuticos del estado guatemalteco durante los últimos 30 años. Después de salir de J.I. Cohen, Alejos estableció múltiples compañías farmacéuticas a través de los pajareros (Droguería Colon, Evolución Farmaceutica S.A. y Sabiapharma S.A.). Alejos ha sido patrocinador financiero de varios partidos políticos, incluidos el Partido de Avanzada Nacional (PAN), el partido Gran Alianza Nacional (GANA) y el partido Unidad Nacional de la Esperanza (Unidad Nacional de la Esperanza, UNE), y el partido Patriota (Partido Patriota, PP). En 2008, Alejos se desempeñó como secretario privado del presidente Alvaro Colom (2008-2012). En 2015, la Fiscalía General de Guatemala implicó a Alejos en una red de corrupción que opera dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y que favorecía a ciertos proveedores farmacéuticos a cambio de sobornos. Según la investigación, la red cooptó y corrompió a los funcionarios públicos para obtener información y manipular el sistema de adquisición médica para favorecer a ciertos distribuidores que luego obtuvieron millones de beneficios. Se descubrió que Alejos era el principal arquitecto de la red y se lo acusaba de asociación ilícita, soborno y tráfico de influencias. En junio de 2016, el Ministerio Público implicó a Alejos en una red dedicada a la financiación ilegal de la campaña y la contratación del gobierno supuesta para ser ejecutado por el ex presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidente Roxanna Baldetti, ambos de los cuales renunció en 2015 debido a acusaciones de corrupción masiva .[dieciséis] Apodada «Cooptation of the State», la investigación descubrió una red criminal que recibió fondos ilícitos de un grupo de contratistas estatales, incluido Alejos, para ayudar a financiar la campaña presidencial de Molina y Baldetti en 2011 con la promesa de que recibirían un trato preferencial en un estado ganador contratos. Alejos fue identificado en el caso como contratista de la red y fue acusado de soborno. En 2018, Alejos estuvo implicado en otro caso de soborno relacionado con un sistema público de transporte en autobús en la ciudad de Guatemala. Se han pagado $ 35 millones en dinero del gobierno a un consorcio de compañías privadas de autobuses que ganaron la concesión del sistema de autobuses, conocido como Transurbano, en un acuerdo aprobado por la administración Colom sin la debida supervisión legal y que incluía subsidios y otras medidas que beneficiaban servidores públicos. Casi un tercio del dinero se gastó en equipos que nunca se usaron, y no estaba claro cómo se gastó el resto. Como secretario privado del presidente Colom, se alega que Alejos ha recibido parte de los fondos a través de transferencias internacionales que luego gastó en acciones de la empresa, Wenco Guatemala S.A. Se cree que Alejos también está vinculado a negocios adquiridos ilegalmente en los puertos del país y en el sector eléctrico. Actualmente se encuentra detenido en prisión preventiva en el centro de detención Mariscal Zavala. |
Gustavo Alejos es un hombre de negocios que ha usado conexiones políticas para ganar millones de dólares en contratos con el gobierno. Ha estado implicado en múltiples casos emblemáticos de corrupción en Guatemala y fue acusado en 2015 y 2016 por la Fiscalía guatemalteca.Luis Alberto Mendizábal Barrutia
Fecha de nacimiento: 26 de septiembre de 1946
Tipo: Corrupción y violaciones de los derechos humanos
Luis Alberto Mendizábal es un experto en operaciones de inteligencia. Mendizábal estuvo involucrado en el intento de golpe de estado de 1988-89 contra el entonces presidente Vinicio Cerezo Arévalo. Huyó a El Salvador cuando se descubrió la noticia de la trama. Mendizábal también participó en la creación de «La Oficinita», un aparato de seguridad oculto que coordinó acciones ilegales entre la inteligencia militar y la oficina del presidente en la década de 1990. También se cree que Mendizábal participó en el Comando Antisecuestros, establecido por el General Marco Tulio Espinoza, un grupo acusado de graves violaciones de los derechos humanos. Documentos de inteligencia que InSight Crime obtuvo de funcionarios salvadoreños conectan a Mendizabal con un grupo de seguridad clandestino ilícito, que se autodenominaba «Los Oficiales de la Montaña» o La Montaña, que habían participado en dos intentos de derrocar al gobierno civil de Guatemala a fines de la década de 1980. Bajo la administración de Alfonso Portillo (2000-2004), Mendizábal se desempeñó como Director de Migración, pero renunció luego de que surgieron acusaciones de corrupción dentro de la oficina de visas. Mendizábal estuvo detrás de la grabación y distribución del video que apareció después de la muerte del abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg en 2009. En el video, Rosenberg acusó a la administración Colom de orquestar su muerte. Las investigaciones revelaron más tarde que él había organizado su propia muerte.
En 2015, el Ministerio Público implicó a Mendizábal en la red de fraude aduanero conocida como «La Línea», que operaba dentro de la administración de aduanas e impuestos del país entre 2011 y 2015. El caso también implicó al ex presidente Otto Pérez Molina, a la vicepresidente Roxana Baldetti y a varios otros funcionarios públicos y miembros de la comunidad empresarial. Según la investigación, Mendizábal era parte de la red criminal y los miembros de La Línea se reunían periódicamente en una boutique de ropa que él poseía, que la red utilizaba para coordinar los pagos de sobornos. Las investigaciones también revelaron que Mendizábal estaba detrás de los sobornos pagados a la jueza Marta Sierra de Stalling a cambio de medidas sustitutivas para algunos de los acusados involucrados en el caso La Línea. En mayo de 2015, la Interpol publicó una orden de arresto internacional contra Mendizábal en relación con el caso.
Remigio Ángel González Fecha de nacimiento: 14 de junio de 1944 Nacionalidad: Mexicana Esposa: Alba Elvira Lorenzana Cardona Hijas: Morelia Eréndida (financiera Alavisión) y Jani Tzik Tzik Lugar de residencia: Miami, Florida, República Dominicana, México Tipo de caso: Corrupción
La carrera televisiva de González comenzó en 1971 vendiendo telenovelas mexicanas en América Central. En 1973, se mudó a Guatemala, donde continuó su negocio de venta de publicidad para el Canal 7. En Guatemala, conoció a su primera esposa, hermana de Luis Armando Rabbé Tejada, Ministro de Comunicación durante la administración Portillo entre 2000 y 2001 y presidente del Congreso de Guatemala entre 2015 y 2016. Rabbé fue acusado por el Ministerio Público de Guatemala en mayo de 2016 por autorizar la creación de puestos «fantasmas» o desocupados dentro del Congreso con el fin de obtener ganancias. Rabbé está casado con una de las hermanas de González. En 1981 González adquirió los canales guatemaltecos 3 y 7, se asoció con la empresa Tele Cine Productions International, SA (PTCISA), propiedad de Gerardo Sampedro [38] y Domingo Alejandro Moreira Martínez, disidentes cubanos que tenían varios negocios en Guatemala (Pesca SA, Frigorificos SA, Granos de Guatemala SA, y Freskamar SA,). Gerardo Sampedro, socio de González, fue arrestado en 1995 en Miami por cargos de narcotráfico por colaborar con Gilberto Rodríguez Orejuela, líder del Cartel de Cali. Después de Guatemala, comenzó a invertir en operaciones de radiodifusión en Nicaragua, Costa Rica, la República Dominicana, México, Chile y Argentina, entre otros países. En 2008, estableció Albavisión, el nombre de su segunda y actual esposa. De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía General de Guatemala, el esquema de corrupción establecido para financiar la campaña electoral de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti funcionó entre 2008 y 2011, y se mantuvo vigente durante la administración del partido (2012-2015). Los fondos ilícitos se obtuvieron a través de una red de corporaciones controladas por Baldetti que no tenían actividad comercial real, pero fueron utilizadas como una forma de canalizar el dinero en secreto entregado por los representantes de Radiotelevisión Guatemala SA (Canal 3) y Televisiete SA (Canal 7) , propiedad de González. Los documentos incautados durante la investigación revelaron que las dos compañías de González canalizaron un total de alrededor de $ 2.3 millones en la campaña del Partido Patriota entre 2008 y 2011. Según la investigación, el dinero no había sido reportado al Tribunal Supremo Electoral y se utilizó para comprar automóviles nuevos del año modelo. A cambio, las compañías de televisión de González supuestamente se beneficiaron de contratos millonarios para publicidad gubernamental, comenzando cuando Pérez Molina y Baldetti llegaron al poder. La investigación reveló que el valor de los contratos celebrados entre 2012 y 2015 fue de más de $ 26 millones, lo que significa que las dos compañías recibieron el 69 por ciento de toda la publicidad televisiva del gobierno comprada durante ese período. La esposa de González, Alba Elvira Lorenzana, es objeto de una orden de arresto internacional por su presunta participación en la red como representante legal de las empresas. Expertos y organizaciones internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han expresado su preocupación por el monopolio de González y su impacto en la libertad de expresión. La SIP ha expresado reiteradamente su preocupación acerca de que González utilice sus medios de comunicación para desacreditar y difamar a los adversarios de sus aliados políticos. Ese mismo año, el Relator Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión señaló que los monopolios privados en Guatemala habían mantenido una política destinada a moldear la opinión pública a favor de los sectores del gobierno, obstruyendo el trabajo del periodismo independiente. La Comisión observó que el monopolio mediático de González afectó seriamente la libertad de expresión y el derecho de los guatemaltecos a la información. La Comisión reiteró sus preocupaciones en su informe anual de 2017. |
Remigio Ángel González, nacido en México, es el jefe del conglomerado de medios, Albavision. La Asociación Interamericana de Prensa registró que Ángel González está presente en 11 países de la región de América Latina, y posee 35 canales de televisión, incluidos La Red (Chile), ATV (Perú), SNT (Paraguay) y Canal 9 (Argentina), 114 estaciones de radio, 2 compañías de periódicos y cines. Él ha vivido en Miami desde 1987. González ha podido eludir las leyes que prohíben los monopolios o restringir la propiedad extranjera de los medios nacionales mediante el uso de compañías fantasmas dirigidas por parientes locales, amigos y suplentes. En Guatemala, las propiedades están a nombre de su esposa, Alba Elvira Lorenzana Cardona, de nacionalidad guatemalteca. En 2016, la Fiscalía guatemalteca implicó a Alba Elvira Lorenzana en el esquema de corrupción establecido para financiar ilegalmente la campaña presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti conocida como la «Cooptación del Estado». En septiembre de 2016, INTERPOL emitió una orden internacional de detención para su detención en relación con el caso. El nombre de González aparece en Panama Papers, como accionista de la compañía offshore, Global Holding Properties Corporation.Honduras
Óscar Ramón Nájera
Fecha de nacimiento: 12 de diciembre de 1950
Tipo de caso: Corrupción
Óscar Nájera es un político hondureño y gran terrateniente en la región del Bajo Aguán. Ha servido en el Congreso de Honduras durante 27 años y actualmente representa el Partido Nacional de Colón. Devis Leonel Rivera Madariaga, líder del Cartel de Los Cachiros, implicó a Nájera como colaborador durante su testimonio ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York. Rivera colocó al congresista Nájera en una reunión en 2013 con los líderes del cártel en relación con una disputa sobre propiedades confiscadas. En esta reunión, los líderes del Cartel pagaron a Oscar Nájera y a otros dos por proporcionarle al cártel una lista de cuentas y propiedades que la OABI (Oficina Administrativa de Activos Incautados) planeaba aprovechar. En marzo de 2017, la Fiscalía General de Honduras y la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) anunciaron que investigarían a los funcionarios públicos implicados por Rivera en el caso del narcotráfico. Un informe en profundidad del sitio de noticias de investigación Contracorriente en el que se entrevistó a Nájera también resaltó los lazos de Nájera con los líderes del Cartel de Los Cachiros. Según el informe, se cree que Nájera fue el vínculo entre Los Cachiros y los miembros de las administraciones Zelaya, Michelleti y Lobo. En 2015, Nájera fue acusado de tener vínculos con el narcotráfico.
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