Tegucigalpa – La Ley Magnitsky implica la muerte financiera de corruptos y violadores de derechos humanos, la misma representa un camino alterno en casos de impunidad, sin suplir la justicia; su aplicación en Centroamérica ya es palpable.
Es así como Nicaragua es el nuevo punto de Centroamérica donde los Estados Unidos ponen el ojo para sancionar por corrupción a tres altos funcionarios que además están señalados por graves abusos a los derechos humanos, de acuerdo con el Departamento del Tesoro.
El presidente de la petrolera estatal Petronic, José Francisco López Centeno; Francisco Javier Díaz, comisionado de policía y Fidel Antonio Moreno Briones, secretario general de la alcaldía de Managua son los nuevos enlistados tras la decisión del gobierno estadounidense.
EEUU sanciona a tres altos cargos nicaragüenses cercanos a Ortega
Los sancionados verán congelados todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense y tendrán prohibido hacer transacciones financieras en Estados Unidos.
En una rueda de prensa telefónica, los altos funcionarios de EE.UU. precisaron que las sanciones son una «respuesta inmediata» a la crisis que vive Nicaragua, la más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente, y que ha dejado más de 300 muertos y más de 2,500 heridos.
En el caso de José Francisco López, EE.UU. lo acusa de haberse embolsado «grandes cantidades de dinero», usando su posición como vicepresidente de Albanisa, la compañía que importa y vende productos petroleros de Venezuela, y como presidente de la estatal Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (Petronic).
Albanisa está integrada por Petronic, que aporta el 49% del capital, y por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que contribuye con el restante 51%.
López, que también es tesorero del FSLN, supuestamente facilitó que altos cargos nicaragüenses usaran los fondos del propio FSLN y Albanisa para comprar estaciones de radio y televisión, hoteles, ranchos ganaderos, plantas de generación eléctrica y laboratorios farmacéuticos.
Roberto Rivas ReyesYa en agosto del año pasado el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas; la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, fueron sancionados a través de la Ley Magnitsky Act, por sus implicaciones en corrupción.
La Ley Magnitsky otorga al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el poder para imponer prohibiciones o cancelación de visas y congelar activos y pasivos de personas que supriman los derechos humanos y estén involucradas en casos de corrupción, cuyos bienes estén bajo la jurisdicción de Estados Unidos.
La Ley Global Magnitsky Es una normativa puesta en vigencia hace dos años por los Estados Unidos, misma que da potestad al Presidente de ese país para aplicar medidas a extranjeros vinculados a corrupción, violación de derechos humanos y terrorismo en sus naciones.
La iniciativa Magnitsky fue creada para sancionar a funcionarios rusos involucrados en la muerte del abogado Serguéi Magnistsky, quien tras denunciar un fraude fiscal acabó en la cárcel y muerto, pero la aplicación de la normativa tomó connotaciones de impacto.
Uno de los puntos fuertes de la ley es que permite la muerte financiera de los penados, ya que los ciudadanos estadounidenses no pueden realizar transacciones con implicados, que pasan a integrar la lista de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros).
Según la normativa, la sanción se pone cuando existe información real que funcionarios o cómplices son responsables de ordenar actos de «corrupción significativa» que implique la apropiación de recursos privados o públicos para el beneficio propio.También sanciona a quienes hayan aceptado sobornos o transferencias de recursos producto de la corrupción.La sanción aplica a responsables de asesinatos extrajudiciales, torturas y otras formas graves que atenten contra los derechos humanos.
Y a los funcionarios de gobiernos responsables o son cómplices de ordenar, controlar o de otra manera dirigir actos de corrupción significativa, incluida la expropiación de activos privados o públicos para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, el soborno o la facilitación o transferencia del producto de la corrupción a jurisdicciones extranjeras son comprendidos en esta relativamente nueva normativa que igual se aplica quienes financian o apoyan o patrocinan actividades corruptas o violatorias de los derechos humanos.
Julio Antonio Juárez Ramírez, es acusado de ser el autor intelectual del asesinato de dos periodistas y recientemente fue castigado con la Ley Global Magnitsky de Estados Unidos. (Foto: Prensa Libre)
El Triángulo Norte
En diciembre de 2017, tras retirar la visa al diputado del Frente de Convergencia Nacional, Julio Juárez, quien también había perdido la inmunidad por presumiblemente ser el autor intelectual del asesinato de dos periodistas en Suchitepéquez en 2015, el embajador de los Estados Unidos en Guatemala Luis Arreaga escribía en su cuenta de Twitter que la Ley Magnistsky es una herramienta aplicada a ese país centroamericano para atajar la corrupción.
«Continuaremos evaluando a personas alrededor del mundo cuyos actos puedan ser sancionados bajo la Ley Global Magnistky”,externó embajador Arreaga. Colocar el tuitt
Diputado guatemalteco el primer sancionado por EE. UU. con la Ley Global Magnitsky ► https://t.co/Ss4pzDPeux pic.twitter.com/U2Wo3MjMGQ
— AGN (@AGN_noticias) 21 de diciembre de 2017
Antes de llegar al Congreso por Suchitepéquez, Julio Antonio Juárez Ramírez fue alcalde de San Antonio La Unión y hasta 2012 era proveedor de municipalidades, en ese contexto fue denunciado por sobrevaloración de obras, defraudación fiscal y adjudicaciones irregulares.
Juárez ingresó al aparato oficialista tras ser cancelado el partido Líder y allí fue recibido por el jefe de la bancada, Javier Hernández, como por el presidente, Jimmy Morales, quien se resistió pedir su renuncia al FCN-Nación cuando fue señalado de haber ordenado el asesinato del periodista de Prensa Libre Danilo López y hasta le felicitó en actos públicos por su labor legislativa y el apoyo partidario. Este pasaje es descrito con detalles en La Prensa Libre de Guatemala.
Pese a los señalamientos, en una actividad, el presidente Jimmy Morales felicitó en público al diputado. (Foto: Prensa Libre)
Mientras en El Salvador, en diciembre anterior, la representación de Washington en San Salvador destacó la implementación de la Ley Magnitsky de Responsabilidad Global, lo que representa su potencial uso en un país donde al menos tres expresidenteshan sido mencionados en corrupción y otros tantos funcionarios en el mismo tema y violaciones de derechos humanos.
En Honduras la Ley Magnistsky puede ya haber sido aplicada cuando altos funcionarios del fenecido Consejo de la Judicatura, señalados por actos de corrupción, han confesado que sus visados para ingresar a los Estados Unidos han sido cancelados.
La misma suerte podría correr diputados y otros funcionarios y ex servidores públicos de alto rango ligados a diversos escándalos de corrupción y mal uso de fondos públicos que han sido investigados por el Ministerio Público de Honduras con el apoyo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).
Los casos de mayor impacto en la lucha anticorrupción en Honduras llevados ante tribunales son el de mega fraude al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Red de Diputados, Consejo de la Judicatura, Shalom, Fe de erratas, Caja chica de la dama y Pandora.
Hasta ahora la embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa no ha oficializado ninguna revocación de visados y aunque en ambientes políticos, académicos y sociales influyentes circulan versiones de personas a las que se les ha aplicado la muerte bancaria y la cancelación de los visados, la representación de Washington no ha emitido una opinión expresa sobre el tema.
