Tegucigalpa- «Los votantes eligieron a Juan Orlando Hernández como presidente por un periodo de cuatro años que comenzaron en enero de 2018», según establece en una traducción libre del último informe de Derechos Humanos 2017 divulgado hace unas horas por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El documento, que evalúa la situación de derechos de todos los países del mundo, fue suscrito por el secretario interino de Estado John Sullivan, indica la nota de prensa distribuida por la Casa Presidencial.
El Informe de Honduras contiene 32 páginas, pero en su resumen ejecutivo las primeras líneas fijan la posición en torno al proceso electoral hondureño.
«El país tuvo elecciones generales en noviembre. Los votantes eligieron a Juan Orlando Hernández del Partido Nacional como presidente por un periodo de cuatro años que comenzaron en enero de 2018», dice textualmente el resumen ejecutivo.
El informe también establece textualmente que «los observadores internacionales generalmente reconocieron que las elecciones fueron libres».
Asimismo, señala que hubo disputa en torno a la equidad y transparencia de los resultados.
«Las autoridades civiles a veces no mantuvieron un control efectivo sobre la seguridad» dice textualmente el informe, sin embargo, aduce que esta debilidad no fue generalizada.
El resumen ejecutivo también señala que Honduras es una «República constitucional y multipartidista».
Al igual que en el resto de países, el informe también hace una radiografía de los asuntos más importantes relacionados con derechos humanos.
En el reporte de Honduras se incluyen supuestas muertes arbitrarias, una denuncia de tortura, condiciones penitenciarias duras y amenazantes para la vida, arrestos o detenciones arbitrarias, interferencia ilícita con la privacidad, asesinatos y amenazas a miembros de medios de comunicación por parte de criminales y criminalización de calumnias.
Además, cita casos de corrupción, incluso en la Judicatura, amenazas y violencia contra comunidades indígenas y afrodescendientes; y violencia social contra personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).
Ante todas esas denuncias, el informe establece textualmente «el gobierno tomó medidas para enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos».
