Hallan armas y drogas en El Pozo y asoman dudas de confabulación

Tegucigalpa – Como si se tratara de una cárcel común, en El Pozo, recinto donde guardan prisión los grandes capos y los más sanguinarios criminales de Honduras, considerada como de máxima seguridad, las autoridades requisaron en las últimas horas, poderosos teléfonos satelitales, armas, cargadores telefónicos, drogas y otros implementos restringidos hechos que se suman a las muertes y fugas, ocurridas en los últimos meses.

– Expertos en temas de seguridad, transparencia, anticorrupción y académicos, son del criterio que existe una especie de complicidad que pone en evidencia la búsqueda del fracaso del sistema de modernización y rescate de las cárceles.

Todos esos hechos hacen concluir a los expertos, citados en este artículo, que existe complicidad de custodios y/o autoridades, además de reflexionar sobre la posibilidad de interés que buscan el fracaso del sistema penitenciario.

Poco a poco la esperanza de que El Pozo responda a los estándares de máxima seguridad se esfuma ante una realidad que en los últimos meses ha registrado en ella al menos dos muertes, fugas y reyertas.

Ubicada en la occidental comunidad de Ilama, Santa Bárbara, en el occidente hondureño, alberga a unos mil 300 reclusos, aunque su capacidad es para unos mil 400 internos.

En la cárcel de Ilama están los reclusos más peligrosos del país. Cabecillas de maras y pandillas, jefes del delito, cabezas del hampa y autores de crímenes emblemáticos quienes son parte de los huéspedes de ese centro.

Puesto en funcionamiento en septiembre de 2016, El Pozo generó grandes expectativas, pero esa esperanza se ha ido desvaneciendo poco a poco ante las realidades.

En los últimos meses, las fugas, las reyertas y las muertes en su interior han traído a la mente de la población las mismas y reiteradas imágenes que se han visto en el vetusto y vulnerable sistema carcelario hondureño en el cual, las propias autoridades hondureñas han reconocido que reina el crimen. 

Interesados en el fracaso

Carlos HernándezPor ello el líder de sociedad civil, directivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Carlos Hernández, además de lamentar la situación, es del criterio que toda esta cadena de acontecimientos que ponen a El Pozo como una cárcel permeada por el crimen, hace ver que “no bastan grandes obras de infraestructura, sino que hace falta la adecuada selección de personal y la depuración constante en el sistema carcelario”.

“Pareciera que, dentro del gobierno, del Estado, hay personas confabuladas para que el sistema carcelario fracase” alertó Hernández, quien también es representante de Transparencia Internacional en Honduras, al lamentar la fuerte inversión en materia penitenciaria, que, a su juicio, no corresponde con un sistema confiable.

Dijo que eso hace volver la mirada a las inversiones que se realizan mediante la llamada Tasa de Seguridad y por ello dijo que es necesario poner atención especial a todo el sistema.

Carlos Hernández trajo a colación lo que ocurre en los reformatorios para niños y adolescentes como Renaciendo, en el cual se han hecho varias intervenciones e inversiones, pero, en el fondo “las cosas no cambian y el sistema sigue mostrando sus debilidades”.

“Se requieren equipos humanos con competencias y sobre todo comprometidos porque no es justo para el país que esto siga ocurriendo” puntualizó el dirigente de la ASJ en una conversación con Proceso Digital.

Complicidad

Gonzalo SánchezDe su lado el criminólogo y profesor universitario Gonzalo Sánchez, dijo que el hecho de requisar desde armas hasta drogas y pertrechos en El Pozo significa que hay una complicidad de autoridades.

El experto habló con Proceso Digital para indicar que lo que allí ocurre no puede pasar sin que los custodios o algunos otros niveles de mando participen.

Recordó que las instalaciones físicas de El Pozo reúnen los mismos requisitos que cualquier cárcel de máxima seguridad en un país de primer mundo como Los Estados Unidos y, – dijo, – que los equipos de video, las cámaras y los cordones de seguridad están suficientemente reforzados, pero indicó que lo que se necesita es el debido control humano.

“Tiene que haber confabulación” apostilló para luego acentuar que la misma puede ocurrir por dinero o por temor.

Droga, teléfonos satelitales y armas hechizas decomisan en cárcel de El Pozo.

Operativos de Fusina

Un agente de Fusina que participó en la requisa que se realizó en El Pozo, dijo que esas operaciones tienden a decomisar cualquier tipo de armas, drogas o pertrechos con la finalidad de evitar amotinamientos, conflictos y riñas.

“En semanas anteriores se reportaron muertes de reos por enfrentamientos de privados de libertad utilizando armas cortopunzantes”, recordó la fuente.

Para reforzar los mecanismos tecnológicos en las cárceles del país, manifestó que “pronto se instalarán algunos escáneres que facilitarán el trabajo de la inspección y revisión de personas detectando estupefacientes, objetos o aparatos eléctricos ocultos en el cuerpo”.

Lejos de la máxima seguridad

Migdonia AyestasSegún la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, no puede llamarse cárcel de máxima seguridad cuando no se están logrando los objetivos, además señaló que, al penetrar armas y drogas, es con complicidad del personal de los custodios penitenciarios.  

“El Estado definió una política penitenciaria que establece las cárceles de máxima seguridad tienen a lo que corresponde a la no entrada de drogas y armas, se dice que son difícil penetrarlas y salir de ellas, entonces todo indica que ese objetivo no se ha logrado porque precisamente se evidencia en muchas de ellas que destruyen la cárcel, se fugan y demás siempre se encuentran armas cuando se hacen requisas”, dijo a Proceso Digital Ayestas.

En ese sentido, explicó que “lo que corresponde es que el Instituto Nacional Penitenciario desarrollar y establecer estrategias en primer lugar a salvaguardar la vida de los reclusos, luego impedir el ingreso de todo tipo de instrumentos que pueda poner en peligro a los otros reos. Eso pasa por una buena calificación del personal técnico administrativo, además las acciones de resocialización que se vuelve un problema allí”.

Consideró que “en este momento que se cuenta con toda la problemática es que no es una cárcel de máxima seguridad, sino un presidio como cualquier otro, porque sigue siendo fácil penetrar armar y drogas; se supone que no debe haber violencia y ya hemos visto que hasta muertes ha habido, eso no es posible porque el Estado debe garantizar el derecho a la vida porque se está privado de libertad y no de la vida”.  

“Se tiene que demostrar que se tiene un nivel alto de seguridad y no pueden pasar cosas como las que hemos visto. Lo que amerita es que extremen las medidas y que sea violatorio de los derechos humanos, que se establezcan las estrategias que tengan que ver con que estos privados de libertad no tengan el control de las cárceles, que las limitaciones que corresponden y los tiempos deben estar en actividades sean vigilados con un personal idóneo”, externó la directora del OV-UNAH.